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Comité contra la Tortura: Observaciones referidas a las mujeres y las niñas

1º Observaciones finales sobre el tercer informe periódico del Uruguay.1

  1. El Comité contra la Tortura examinó el tercer informe periódico del Uruguay (CAT/C/URY/3) en sus sesiones 1212ª y 1215ª (CAT/C/SR.1212 y 1215), celebradas los días 29 y 30 de abril de 2014, y aprobó en sus sesiones 1231ª y 1242ª (CAT/C/SR.1231 y 1242), celebradas los días 12 y 20 de mayo de 2014, las siguientes observaciones finales.

    (…)

Principales motivos de preocupación y recomendaciones2

(…)

Condiciones de detención en centros penitenciarios

  1. El Comité valora las medidas adoptas por el Estado parte para mejorar las condiciones y eliminar el hacinamiento en los centros penitenciarios a través de un ambicioso programa que incluye la construcción de una nueva cárcel y varios módulos en otras prisiones. El Comité, no obstante, expresa su preocupación ante el hecho de que dos tercios de la población reclusa se encuentre en espera de juicio y que la legislación del Estado parte no establezca aún un plazo límite de duración de la prisión preventiva. Por otra parte, el Comité expresa su preocupación por los informes que denuncian deficiencias en la atención médica, el abastecimiento de agua, el saneamiento y la ventilación de las celdas. Preocupan también las informaciones que indican que no se respeta la estricta separación entre procesados y condenados. Por otra parte, el Comité observa que el sistema penitenciario del Estado parte sigue adscrito al Ministerio del Interior lo cual continúa planteando problemas de idoneidad en el tratamiento de los reclusos.

    El Estado parte debe adoptar las medidas necesarias a fin de continuar la mejora de las condiciones en los centros penitenciarios. En particular, el Estado parte debe:

    1. Velar por que se atiendan las necesidades básicas de las personas privadas de libertad en materia de atención médica, acceso a agua potable y saneamiento, y adecuada ventilación de las instalaciones, de conformidad con los dispuesto en la Convención y las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, teniendo en cuenta que este último instrumento se encuentra actualmente en revisión;

    2. Redoblar los esfuerzos para que se apliquen las medidas sustitutorias a la privación de libertad, de conformidad con las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad (Reglas de Tokio) y las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok);

    3. Establecer un plazo límite para la prisión preventiva de conformidad con los estándares internacionales, en el marco de la reforma del Código de Proceso Penal;

    4. Velar por que los reclusos pertenecientes a categorías diversas sean alojados en diferentes establecimientos o en diferentes secciones dentro de esos centros, según su sexo y edad, sus antecedentes, los motivos de su detención y el trato que corresponda aplicarles;

    5. Considerar prioritario el traspaso del sistema penitenciario del Ministerio del Interior a otra repartición administrativa.

Muertes en custodia

  1. El Comité lamenta que el Estado parte no haya proporcionado información estadística completa sobre las muertes de personas detenidas ocurridas durante el periodo en examen. Según los escasos datos disponibles, se habrían registrado 46 fallecimientos en el sistema penitenciario entre 2010 y 2012; de estas muertes, 19 se produjeron como consecuencia de incendios en centros de detención, y el resto causadas por electrocución y violencia entre reclusos. El Comité toma nota de la información proporcionada por la delegación en relación con las muertes de reclusos ocurridas durante los incendios del 24 agosto de 2009 en el Complejo Carcelario Santiago Vázquez (COMCAR) y el 8 de julio de 2010 en la cárcel de Rocha, según la cual en ambos casos las respectivas causas penales fueron archivadas a petición de la Fiscalía. El Comité lamenta también la falta de información relativa a las investigaciones de las muertes en custodia ocurridas durante el periodo objeto de examen y sobre las medidas aplicadas para evitar que vuelvan a ocurrir casos similares.

    El Estado parte debe proporcionar información estadística completa sobre el número de muertes de personas detenidas ocurridas durante el periodo en examen, desglosada por lugar de detención, sexo, edad y origen étnico o nacionalidad del fallecido y causa de la muerte. Debe proporcionar también información detallada sobre los resultados de las investigaciones de esas muertes, así como sobre las medidas aplicadas para evitar que vuelvan a ocurrir casos similares.

    (…)

Violencia contra la mujer

  1. El Comité reconoce los esfuerzos realizados por el Estado parte para prevenir y combatir la violencia de género y señala la importancia de las medidas legislativas, administrativas y de otra índole adoptadas durante el periodo objeto de examen, así como la colaboración con la sociedad civil en este sentido. No obstante, y a pesar de todo ello, el Comité expresa su preocupación por la alta incidencia de la violencia de género en el Uruguay, en particular la violencia doméstica: 132.206 denuncias interpuestas por este delito entre 2005 y 2013, de las que 26.086 se registraron en 2013. Si bien toma nota de la abundante información proporcionada por el Estado en relación a las medidas adoptadas para luchar contra la violencia doméstica, el Comité lamenta los escasos datos oficiales disponibles sobre las distintas formas de violencia contra la mujer, y la falta de información estadística relativa a las investigaciones, enjuiciamientos, sentencias dictadas, penas impuestas a los culpables y medidas de reparación otorgadas a las víctimas durante el periodo objeto de examen (arts. 1, 2, 4, 14 y 16).

    El Comité insta al Estado parte a que intensifique sus esfuerzos para combatir la violencia contra la mujer, velando por que se investiguen exhaustivamente todos los casos de violencia contra la mujer, se enjuicie a los presuntos autores y, de ser condenados, se les impongan sanciones apropiadas y que las víctimas obtengan reparación, incluida una indemnización justa y adecuada. En este sentido, el Comité señala el contenido del párrafo 33 de su Observación general Nº 3 (2012). El Comité también recomienda que se amplíen las campañas de concienciación pública sobre todas las formas de violencia contra la mujer.


  1. CAT/C/URY/CO/3, 10 de junio de 2014

  2. Las recomendaciones se encuentran en negrita.