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Comité de Derechos Humanos: Observaciones referidas a las mujeres y las niñas

1º Observaciones finales sobre el primer informe presentado por el Estado

adoptadas en marzo de 1985.1

  1. El Comité examinó el informe inicial de la República Dominicana (CCPR/C/6/Add.10) en sus sesiones 577ª, 578ª, 581ª y 582ª, celebradas el 27 y el 29 de marzo de 1985 (CCPR/C/SR.577, 578, 581 y 582).
(…)

Dada las insuficiencias de las informaciones proporcionadas, no se observan recomendaciones con perspectiva de género.

2º Observaciones finales sobre el segundo informe presentado por el Estado adoptadas en marzo de 1990.2

  1. El Comité examinó el segundo informe periódico de la República Dominicana (CCPR/C/32/Add.16) en sus sesiones 967a. a 970a., celebradas los días 29 y 30 de marzo de 1990 (CCPR/C/SR.967 a SR.970).

Observaciones generales3

  1. (El Comité) expresó su decepción porque ninguno de los dos informes que se habían presentado hasta la fecha se había ajustado a las directrices del Comité, ya que eran demasiado generales y carecían de información específica que podría servir de base para un examen detallado de las diversas cuestiones y para el tipo de diálogo del cual podría beneficiarse más el Estado Parte. Por lo tanto, los miembros del Comité instaron al Estado Parte a que proporcionara, en su tercer informe periódico, información más concreta, con estadísticas pertinentes, así como información social y política y explicaciones de la manera en que se aplicaban de hecho las leyes dominicanas para que el Comité pudiera obtener una idea clara de los hechos reales relacionados con la observancia de las disposiciones del Pacto.

  2. Los miembros expresaron preocupación especial sobre ciertos aspectos de la situación de los derechos humanos (…) (como) la discriminación en el trato de los hijos nacidos fuera del matrimonio.4

3º Observaciones finales sobre el tercer informe presentado por el Estado adoptadas en marzo de 1993.5

  1. El Comité consideró el tercer informe periódico de la República Dominicana (CCPR/C/70/Add.3) en sus sesiones 1213a. a 1215a., celebradas el 25 y el 26 de marzo de 1993, y aprobó las observaciones siguientes:

D. Recomendaciones6

  1. (…) Deben revisarse la Constitución y los Códigos Civil y Penal en forma respectiva a fin de ajustar el derecho y su aplicación a las disposiciones del Pacto. (…) Debe darse más publicidad a las disposiciones del Pacto y el Protocolo Facultativo a fin de velar porque la profesión jurídica, el poder judicial y público en general conozcan mejor su contenido.

  2. Debe enfrentarse con carácter prioritario la situación de las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores haitianos. El Estado Parte debe velar por la aplicación de las leyes relativas a las normas laborales, incluida la vigilancia adecuada de las condiciones de trabajo. (…) Los niños trabajadores requieren en particular un mayor nivel de protección y deben aplicarse enérgicamente las normas internacionales respectivas. (…)7.

    (…)

  3. El Comité recomienda que el Estado adopte nuevas medidas para eliminar la discriminación respecto de las minorías étnicas, religiosas y lingüísticas y recomienda que se revise la legislación correspondiente a fin de velar por su conformidad con el Pacto.8

4º Observaciones finales sobre el cuarto informe presentado por el Estado adoptadas en marzo de 2001.9

  1. El Comité consideró el cuarto informe periódico de la República Dominicana (CCPR/C/DOM/99/3) en sus sesiones 1906ª y 1907ª, celebradas el 23 de marzo de 2001, y aprobó en su 1921ª sesión (71º período de sesiones), celebrada el 3 de abril de 2001 las observaciones siguientes.

C. Principales objetos de preocupación y recomendaciones

(…)

  1. A fin de permitir al Comité analizar debidamente el cumplimiento del Estado Parte con los artículos 3, 25 y 26 del Pacto, el Estado Parte debe proporcionarle al Comité dicha información, debe respetar y garantizar todos los derechos de la mujer y con tal fin debe brindar el apoyo necesario a la Dirección General de Promoción de la Mujer para que pueda cumplir con sus objetivos. (Derecho a la Participación Política y Social, Derecho a una Vida sin Violencia..

5º Observaciones finales sobre el quinto informe periódico de la República Dominicana.10

  1. El Comité de Derechos Humanos examinó el quinto informe periódico de la República Dominicana (CCPR/C/DOM/5) en sus sesiones 2864.ª y 2865.ª (CCPR/C/SR.2864 y 2865), celebradas los días 12 y 13 de marzo de 2012. En su 2885.ª sesión (CCPR/C/SR.2885), celebrada el 27 de marzo de 2012, el Comité aprobó las siguientes observaciones finales.

C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones11

(…)

  1. El Comité saluda la integración del principio de igualdad entre hombres y mujeres en la Constitución de 2010, así como la obligación para el Estado de proponer candidaturas equitativas en los cargos de elección directa. No obstante, el Comité observa con inquietud que las mujeres sigan subrepresentadas tanto en el sector público como en el privado, especialmente en los cargos decisorios, y lamenta que no existan suficientes mecanismos legales para facilitar la implementación de los principios constitucionales relacionados con la igualdad de género (arts. 3 y 26).

    El Estado parte debe adoptar las leyes que sean necesarias para dar pleno efecto a los principios de igualdad entre hombres y mujeres. Asimismo, el Estado parte debe incrementar el número de mujeres en cargos decisorios en los sectores privado y público mediante la ejecución de nuevas iniciativas prácticas, incluida, en caso necesario, la adopción de medidas especiales de carácter temporal para dar efecto a las disposiciones del Pacto.

  2. El Comité saluda las iniciativas tomadas en materia de prevención y sanción de los hechos de violencia en contra de las mujeres, así como la integración del delito de acoso sexual en el Código Penal. No obstante, el Comité deplora la frecuencia de estos hechos de violencia y las limitaciones encontradas por parte de las víctimas para acceder a la justicia y a una protección adecuada, especialmente en las áreas rurales donde no se cuenta con las autoridades judiciales competentes y con albergues o casas de acogida. Asimismo, el Comité lamenta la persistente práctica del acoso sexual y la falta de datos sobre la implementación efectiva de este nuevo tipo penal (arts. 6, 7 y 14).

    El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos para eliminar la violencia en contra de las mujeres, velar por que esos casos estén investigados, procesados y sancionados de forma apropiada y sistemática, y establecer un sistema restaurativo para las víctimas. En particular, el Estado parte debe facilitar el acceso a la justicia para todas las mujeres, y multiplicar la disponibilidad de albergues o casas de acogida que cuenten con los recursos humanos y materiales adecuados en todo el país. El Estado parte debe mejorar la formación del personal de las instituciones judiciales y de la policía en lo concerniente a la violencia contra la mujer, incluidos el acoso sexual y la violencia doméstica. De igual forma, debe crear un sistema de registro y una base de datos sobre estos hechos con el fin de poder analizar y tomar medidas adecuadas en la materia.

  3. El Comité está preocupado por la exención de responsabilidad propuesta en el proyecto de nuevo Código Penal que suspende el enjuiciamiento, la responsabilidad y la pena impuesta en los casos de violación sexual cuando el infractor y la víctima contraen matrimonio. Tal propuesta promueve la violencia sexual en contra de las mujeres y conlleva a la impunidad de estos casos en violación de las disposiciones del Pacto (arts. 3, 7, 14 y 26).

    El Estado parte debe asegurarse que las disposiciones del nuevo Código Penal actualmente en discusión en el Congreso respeten plenamente los derechos de la mujer. En este sentido, el Estado parte debe excluir toda exención de responsabilidad en los casos de violación o de cualquier otra forma de violencia en contra de las mujeres cuando el perpetrador y la victima contraen matrimonio.

    (…)

  4. El Comité expresa su preocupación por la criminalización generalizada del aborto, que obliga a las mujeres embarazadas a buscar servicios de abortos clandestinos que ponen en peligro sus vidas y su salud. El Comité también está preocupado por el mantenimiento de altos índices de embarazos de adolescentes y de mortalidad materna, a pesar de los esfuerzos del Estado parte para prevenirlos (arts. 6 y 17).

    El Comité recomienda al Estado p arte que revise su legislación sobre el aborto y prevea excepciones a la prohibición general del aborto por razones terapéuticas y en los casos en que el embarazo sea consecuencia de una violación o incesto. El Estado parte debe asegurar que los servicios de salud reproductiva sean accesibles para todas las mujeres y adolescentes. Asimismo, el Estado parte debe multiplicar los programas de educación y sensibilización a nivel formal (escuelas y colegios) e informal (medios de comunicación) sobre la importancia del uso de anticonceptivos y los derechos a la salud reproductiva.

    (…)

  5. Preocupa al Comité el número creciente de casos de tráfico de personas, que afectan principalmente a mujeres y niños, y el hecho que solo haya habido investigaciones, enjuiciamientos y condenas en una mínima proporción de casos. El Comité también lamenta el número limitado de albergues disponibles para las víctimas de tráfico de personas, especialmente en las zonas alejadas de las principales ciudades (arts. 3, 7 y 8 del Pacto).

    El Estado parte debe investigar eficazmente el fenómeno de la trata de personas, identificando a los responsables, enjuiciándolos e imponiéndoles sanciones proporcionales a la gravedad de los hechos. Debe asegurar la protección de los derechos de las víctimas, incluyendo la provisión de albergues en todas las regiones del país. Además, el Estado parte debe recopilar estadísticas fiables para combatir con eficacia este flagelo.

6º Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de la RepúblicaDominicana.12

  1. El Comité examinó el sexto informe periódico de la República Dominicana (CCPR/C/DOM/6) en sus sesiones 3416ª y 3417ª (CCPR/C/SR.3416 y 3417), celebradas los días 16 y 17 de octubre de 2017. En su 3441ª sesión (CCPR/C/SR.3441), celebrada el 3 de noviembre de 2017, el Comité aprobó las presentes observaciones finales.

(…)

C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones13

(…)

Igualdad de derechos entre hombres y mujeres

  1. Si bien toma nota de los esfuerzos realizados por el Estado parte para dar efecto al principio de igualdad entre hombres y mujeres, al Comité le preocupa la limitada participación de las mujeres en la vida política y pública, así como su subrepresentación, tanto en el sector público como en el privado, especialmente en los cargos directivos y de alto nivel, incluyendo en los órganos legislativos, el Gobierno, la administración pública, los partidos políticos y en el plano internacional (arts. 2, 3, 25 y 26).

  2. El Estado parte debe intensificar sus esfuerzos para aumentar la participación de las mujeres en la vida política y pública, así como su representación en el sector público y privado, especialmente en los cargos directivos y de alto nivel, incluyendo la adopción, de ser necesarias, de medidas especiales de carácter temporal para dar pleno efecto a las disposiciones del Pacto.

Violencia contra la mujer

  1. Si bien toma nota de los esfuerzos significativos del Estado parte para combatir la violencia contra la mujer, incluyendo las iniciativas de la Fiscalía y el programa nacional de prevención y atención integral del Ministerio de la Mujer, el Comité sigue preocupado por las elevadas tasas de violencia contra la mujer, incluyendo la violencia doméstica, y en particular el persistente elevado número de feminicidios y de violaciones anuales. También le preocupa el reducido número de sentencias y lamenta no haber recibido información estadística sobre las condenas impuestas por este tipo de violencia, creando impunidad para los autores y obstáculos para la asistencia, protección y reparación de las víctimas. Asimismo, está preocupado por las limitaciones de protección disponibles para las víctimas, incluyendo el limitado número de casas de acogida, en particular en las áreas rurales, donde son inexistentes (arts. 2, 3, 6, 7, 14 y 26).

  2. El Estado parte debe continuar e intensificar sus esfuerzos para prevenir, combatir y sancionar todos los actos de violencia contra la mujer, además de crear un registro nacional estadístico. Debe asegurar que todos los actos de violencia sean investigados de manera pronta, exhaustiva e imparcial, que los autores sean procesados y sancionados, y que las víctimas obtengan una reparación integral. Asimismo, debe garantizar que todas las víctimas tengan acceso a asistencia y protección, incluyendo a través de la creación de casas de acogida accesibles en todo el país que cubran la demanda existente, incluido en zonas rurales. El Estado parte debe garantizar la total implementación de programas de formación para el personal de las instituciones judiciales y de policía.

Interrupción voluntaria del embarazo y derechos reproductivos

  1. Si bien toma nota de los esfuerzos del Estado parte para combatir la mortalidad materna, al Comité le preocupa la total criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo, con penas de hasta 20 años de prisión, incluido cuando la vida o la salud de la mujer o niña embarazada estén en riesgo, cuando llevar a término el embarazo podría ocasionar un daño o sufrimiento sustancial a la mujer o niña embarazada, especialmente en los casos en que el embarazo sea el resultado de una violación o incesto o cuando no sea viable, así como en todas las demás circunstancias, con el resultado de un elevado número de abortos inseguros y una alta tasa de mortalidad materna. También está preocupado por el mantenimiento de los altos índices de embarazo infantil y adolescente, debidos entre otras cosas a la falta de servicios adecuados de salud reproductiva y a una información inadecuada e insuficiente. Asimismo, el Comité está preocupado por las informaciones sobre la práctica de esterilización forzada a personas con discapacidad (arts. 2, 3, 6, 7, 17 y 26).

  2. El Estado parte debe modificar su legislación para garantizar el acceso legal, seguro y efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo cuando la vida o la salud de la mujer o niña embarazada estén en riesgo, y cuando llevar a término el embarazo podría ocasionar un daño o sufrimiento sustancial a la mujer o niña embarazada, especialmente en los casos en que el embarazo sea el resultado de una violación o incesto o cuando no sea viable. Además, el Estado parte no debe regular el embarazo o el aborto en todos los demás casos de una manera que sea contraria a su obligación de garantizar que las mujeres y las niñas no tengan que recurrir a abortos inseguros, y deberá revisar su legislación con respecto al aborto en consecuencia. No debe aplicar sanciones penales a mujeres y niñas que se sometan a un aborto ni a proveedores de servicios médicos que las asistan en ello, ya que tales medidas obligan a las mujeres y niñas a recurrir a abortos inseguros. Debe también garantizar el acceso pleno a los servicios de salud sexual y reproductiva y a la educación para sensibilizar a hombres, mujeres y adolescentes en todo el país. Asimismo, debe asegurar que se sigan todos los procedimientos para obtener el consentimiento pleno e informado de las personas con discapacidad en la práctica de esterilización. Al respecto, el Estado parte debe impartir formación especial al personal de salud con el fin de dar a conocer mejor estos procedimientos para dar consentimiento, así como los efectos perjudiciales y los alcances de la esterilización forzada.

(…)

Prohibición de la esclavitud, el trabajo forzoso y la trata de personas

  1. El Comité celebra los esfuerzos realizados por el Estado parte para combatir la trata de personas, los abusos sexuales y la explotación sexual. Sin embargo, le preocupa la información sobre la persistencia de estos fenómenos, afectando de manera particular a las personas en situación de vulnerabilidad como mujeres, niñas y niños, y las personas de origen haitiano. También está preocupado por la insuficiencia de recursos para proporcionar asistencia y apoyo a las víctimas, incluido el limitado número de albergues para las víctimas de trata de personas. Asimismo, le preocupa la información sobre la prevalencia del trabajo infantil, a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado parte, especialmente en el sector doméstico y agrícola. También le preocupa la información sobre explotación laboral y trabajo forzoso, en particular en referencia a trabajadores de origen haitiano, especialmente en el sector azucarero (arts. 3, 7, 8 y 24).

  2. El Estado parte debe intensificar sus esfuerzos para combatir la trata de personas, los abusos sexuales y la explotación sexual y asegurar que las medidas adoptadas por el Estado parte para combatir estos fenómenos sean implementadas eficazmente. Debe también garantizar que estos delitos sean investigados, los responsables procesados y sancionados, y que las víctimas tengan acceso a medidas de protección y asistencia adecuadas, incluyendo la provisión de albergues en todas las regiones del país. Asimismo, debe intensifica r sus esfuerzos para prevenir, combatir y sancionar el trabajo infantil y el trabajo forzoso, especialmente en el sector doméstico y agrícola. Debe garantiza r el establecimiento de protección jurídica y el cumplimento de la legislación laboral, incluyendo a través de una formación adecuada, inspecciones eficaces y la imposición de sanciones a los empleadores.

    (…)

Derechos del niño y certificados de nacimiento

  1. Si bien toma nota de los esfuerzos realizados por el Estado parte para incrementar el registro de nacimientos, el Comité está preocupado por el aún insuficiente índice de registros de nacimientos, en particular en los casos en que uno de los padres no tiene nacionalidad dominicana. También le preocupa la información sobre los obstáculos y requisitos excesivos para la inscripción de niños y niñas de ascendencia haitiana, incluso cuando uno de los padres es de origen dominicano, poniéndolos en riesgo de apatridia y limitando el ejercicio de sus derechos. Asimismo, está preocupado por el registro como extranjeros de los nacidos en el territorio nacional de padres de ascendencia haitiana, o de los nacidos de padres extranjeros que se encuentran en una situación migratoria irregular. Al Comité también le preocupa el elevado número de matrimonios infantiles, en particular en las áreas rurales y afectadas por la pobreza (arts. 16, 23 y 24).

  2. El Estado parte debe continuar sus esfuerzos para garantizar que todos los niños y niñas nacidos en el territorio del Estado parte estén registrados y reciban un certificado de nacimiento oficial, incluidos aquellos que no hayan nacido en un hospital y aquellos cuyos padres no sean de nacionalidad dominicana. Debe también asegurar que la nacionalidad dominicana sea reconocida y otorgada respetando el principio de no discriminación. Asimismo, debe tomar las medidas necesarias para erradicar el matrimonio infantil de jure y de facto, incluyendo a través de la adopción de medidas legislativas para su prohibición absoluta y del aumento de la edad mínima para contraer matrimonio de 16 a 18 años de edad para ambos contrayentes.

D. Difusión y seguimiento

(…)

  1. De conformidad con el artículo 71, párrafo 5, del reglamento del Comité, se solicita al Estado parte que facilite, a más tardar el 10 de noviembre de 2019, información pertinente sobre la aplicación de las recomendaciones formuladas por el Comité que figuran en los párrafos 10 (no discriminación), 16 (interrupción voluntaria del embarazo y derechos reproductivos) y 26 (apatridia.)

  1. Suplemento no. 40 (A/40/40) - 19 de Septiembre, 1985

  2. Suplemento no. 40 (A/45/40) - 4 de Octubre, 1990

  3. Las recomendaciones se encuentran en negrita.

  4. En 1994, la igualdad de todos los hijos e hijas, incluso en materia sucesoria, fue incorporado en la Ley 14-94: “Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes”. Por otro lado, el Código Civil Dominicano sigue pendiente de revisión. Aunque las distinciones establecidas en la Ley 659 sobre Actos del Estado Civil siguen vigentes en el código, existe una disposición administrativa que prohíbe utilizar lenguaje discriminatorio que indique el reconocimiento o no del padre o el nacimiento dentro o fuera del matrimonio en las actas que se expiden.

  5. CCPR/C/79 Add. 18 - 5 de Mayo, 1993

  6. Las recomendaciones se encuentran en negrita.

  7. Existe un Plan Nacional para la Erradicación de las peores formas de Trabajo Infantil, y varias campañas de la Secretaria de Trabajo, OIT-IPEC y el Consejo Nacional de la Niñez. Por otro lado, el Código de Trabajo Dominicano prohíbe el Trabajo infantil, sin embargo la práctica indica otra realidad. Existe un documental sobre el trabajo de niños y niñas en el sector azucarero: “Sugar Babies” que relata el empleo de personas menores de edad en el corte y cultivo de la Caña.

  8. República dominicana ha aprobado la Ley 285-04 que profundiza las discriminaciones para minorías étnicas, al establecer un libro de extranjería para el registro de niños y niñas nacidas en República Dominicana y cuyos ascendientes sean haitianos o indocumentados.

  9. CCPR/CO/71/DOM - 26 de Abril, 2001

  10. CCPR/C/DOM/CO/5, 19 de abril de 2012

  11. Las recomendaciones se encuentran en negrita.

  12. CCPR/C/DOM/CO/6, 27 de noviembre de 2017

  13. Las recomendaciones se encuentran en negrita.