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Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Observaciones referidas a las mujeres y las niñas

1º Observaciones finales sobre el primer informe presentado por el Estado adoptadas en diciembre de 1990. 1

  1. El Comité examinó el informe inicial de la República Dominicana sobre los derechos reconocidos en los artículos 1 a 15 del Pacto (E/1990/5/Add.4) en sus sesiones 43a. a 45a. y 47a., celebradas los días 7, 10 y 11 de diciembre de 1990 (E/C.12/1990/SR. 43 a 45 y 47).

N. Observaciones finales

No se observan recomendaciones con perspectiva de género.

2º Observaciones finales sobre información adicional presentada por el Estado adoptadas el 30 de noviembre de 1994.2

  1. El 30 de noviembre de 1994, en su 43ª sesión, el Comité examinó cuestiones relacionadas con la petición hecha al Gobierno de la República Dominicana para que facilitara información adicional, en particular con respecto al derecho a una vivienda adecuada. El Comité ha venido prestando atención a estas cuestiones de manera continua desde su quinto período de sesiones (1990), y ha expresado en particular su preocupación por las denuncias de desalojos forzados masivos. En su décimo período de sesiones, el Comité instó al Gobierno a que tomase entretanto “todas las medidas adecuadas para garantizar el pleno respeto de todos los derechos económicos, sociales y culturales, en particular en relación con el derecho a la vivienda” (E/C.12/1994/SR.5).

D. Sugerencias y recomendaciones3

  1. El Comité señala a la atención del Gobierno el texto íntegro de su Observación General no. 4 sobre “el derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto)”, e insta al Gobierno a que garantice la compatibilidad de la política, la legislación y la práctica nacionales en materia de viviendas con esta Observación General.

  2. El Gobierno debería renunciar a la práctica de los desalojos forzados, que sólo deberían llevarse a cabo en circunstancias realmente excepcionales (…) El Comité no tiene motivos para concluir que los planes actuales de desalojo forzado en Santo Domingo (…) responden a estas circunstancias excepcionales.

    (…)

  3. El Gobierno debería garantizar un título que asegure la tenencia a todos los habitantes que en la actualidad carecen de esta protección, con especial referencia a las zonas amenazadas de desalojos forzados.

3º Observaciones finales sobre el segundo informe presentado por el Estado adoptadas el 3 de diciembre de 1996.4

  1. El Comité examinó el segundo informe periódico de la República Dominicana sobre los artículos 1 a 15 del Pacto (E/1990/6/Add.7) en sus sesiones 29ª y 30ª, celebradas el 19 de noviembre de 1996, y en su 50ª sesión, celebrada el 3 de diciembre de 1996, aprobó las siguientes observaciones finales.

D. Principales motivos de preocupación5

  1. Le preocupan al Comité, en particular, la explotación de los haitianos y las condiciones de vida inaceptables en los bateyes. (…) Tanto los hombres como las mujeres de los bateyes, así como los trabajadores haitianos en otros sectores de la economía, viven en una perpetua inseguridad y constituyen el grupo nacional más importante de la República Dominicana que es objeto de deportación en condiciones inhumanas, a menudo según el capricho de los empleadores que se aprovechan de la inacción de Estado para explotar la vulnerabilidad de este grupo.

  2. (…) Resulta necesario aprobar leyes de nacionalidad claras que den seguridad jurídica a las personas de origen haitiano nacidas en la República Dominicana y a sus hijos; que exijan a las autoridades inscribir los nacimientos sin hacer discriminaciones, y que permitan a los haitianos obtener la nacionalidad dominicana por naturalización en las mismas condiciones que los demás extranjeros.6

    (…)

  3. Al Comité le preocupa también observar el aumento constante del “turismo sexual” en las zonas de esparcimiento y la difusión del SIDA, que es uno de los más graves problemas sanitarios del país.7

  4. Al Comité le preocupa en particular que el disfrute por las mujeres de los derechos económicos, sociales y culturales se vea socavado, entre otras cosas, por: una sociedad persistentemente tradicional y machista (…).

  5. (…) el hecho de que el Gobierno no proteja a las mujeres trabajadoras de la discriminación y los despidos arbitrarios en casos de embarazo y que no se disuada a los empleadores en la práctica de la prueba del embarazo (…)

  6. (Al Comité le preocupa. (…) y el hecho de que no se desarrollen ni promuevan los servicios de planificación familiar. Al Comité también le preocupa que, pese a la alta tasa de nacimientos en hospitales en la República Dominicana, la tasa de mortalidad materna sea inaceptablemente elevada; (…)

  7. (Al Comité le preocupa. (…) el hecho de que las mujeres cabezas de familia no puedan beneficiarse de la reforma agraria o del programa oficial de vivienda; la falta de un procedimiento administrativo que permita a las mujeres presentar denuncias en caso de discriminación por parte del Instituto Agrario Dominicano; (…) los matrimonios consensuales no están legalmente reconocidos aunque el 60% de los matrimonios tienen ese carácter y, en consecuencia, en caso de separación, abandono o muerte del sostén de la familia, la mujer con frecuencia lo pierde todo y le resulta difícil conseguir cédula o garantía, sin la cual no puede obtener crédito agrícola, vivienda o empleo.

4º Observaciones finales sobre el segundo informe presentado por el Estado adoptadas en noviembre de 1997.8

  1. El Comité examinó el segundo informe periódico de la República Dominicana sobre los derechos consagrados en los artículos 1 a 15 del Pacto (E/1990/6/Add.7) en sus sesiones 29ª a 31ª, celebradas los días 18 y 19 de noviembre de 1997, y aprobó las siguientes observaciones finales.

E. Sugerencias y recomendaciones9

(…)

  1. El Comité también recomienda que el Gobierno siga aplicando sus políticas destinadas a conseguir la plena igualdad entre hombres y mujeres, en todas las esferas de la vida económica, social y cultural. En particular debería realizarse un estudio a fondo de la legislación nacional para eliminar toda disposición jurídica discriminatoria que pudieran subsistir, en especial con respecto al derecho penal y civil y la legislación relativa al trabajo, a la familia y a la seguridad social, deberían establecerse recursos específicos para las mujeres víctimas de discriminación por motivos de sexo y deberían llevarse a cabo campañas de información y educación.

  2. (…) También deberían adoptarse medidas positivas para promover la participación de la mujer, en pie de igualdad con el hombre, en la vida pública, en el mercado de trabajo y en las actividades sociales y culturales.

    (…)

  3. El Comité recomienda que las autoridades vigilen estrechamente la situación de los niños en la República Dominicana, y se desplieguen todos los medios necesarios para garantizar que todos los niños gocen plenamente de los derechos enunciados en el Pacto, con hincapié especial en los niños que trabajan y las madres adolescentes.

  4. (…) El Comité también recomienda que se adopten las medidas necesarias para luchar contra la violencia de que son víctimas las mujeres y los niños en el hogar10.

(…)

  1. Con respecto al derecho a la salud, el Comité recomienda que en el próximo informe periódico del Estado parte se proporcione información amplia y concreta sobre la situación de los ancianos y los discapacitados, así como de las personas infectadas por el VIH y los enfermos de SIDA. Con respecto al SIDA, el Comité destaca la necesidad de que el Estado Parte adopte nuevas medidas legislativas y sociales adecuadas. El Comité recomienda, en particular, que se ponga en marcha una campaña de información específica y explícita sobre VIH SIDA, así como sobre sus causas y las correspondientes medidas de prevención. El Comité sugiere que se establezca una coordinación con la OMS y con el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el SIDA (ONUSIDa..11

5º Observaciones finales sobre el tercer informe presentado por el Estado adoptadas el 19 de noviembre de 2010.12

  1. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinó el tercer informe periódico de la República Dominicana sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (E/C.12/DOM/3), en sus sesiones 34ª, 35ª y 36ª, celebradas los días 3 y 4 de noviembre de 2010 (véase E/C.12/2010/SR.34, 35 y 36), y en su sesión 55ª, celebrada el 19 de noviembre de 2010, aprobó las observaciones finales que figuran a continuación.

C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones13

(…)

  1. El Comité expresa de nuevo su preocupación por la persistencia de la discriminación contra la mujer en muchas esferas de actividad, a pesar de los esfuerzos de los legisladores por garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Esta discriminación se manifiesta, entre otras cosas, en la persistente disparidad salarial entre hombres y mujeres, el bajo porcentaje de mujeres en posiciones de responsabilidad en la vida política y pública, la segregación de género en las ocupaciones y las pruebas de embarazo realizadas en las zonas de libre comercio como condición previa para obtener un empleo (art. 3).

    El Comité reitera sus anteriores recomendaciones al Estado parte para que aplique políticas encaminadas a lograr la plena igualdad entre hombres y mujeres, y señala a la atención del Estado parte su Observación general Nº 16 (2005) sobre el igual título de hombres y mujeres a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales. Recomienda que el Estado parte tome medidas para mejorar la proporción de mujeres en posiciones de responsabilidad en la vida política y pública. Recomienda también que el Estado parte intensifique sus esfuerzos para promover de manera efectiva la participación de la mujer en el mercado de trabajo y garantizar condiciones de trabajo iguales, como el salario igual por trabajo de igual valor, y haga lo necesario para prohibir la práctica de las pruebas de embarazo. El Comité insta al Estado parte a hacer de modo que los empleadores que sigan aplicando estas prácticas respondan de sus actos.

  2. Preocupa al Comité que el Ministerio de la Mujer reciba el 0,08% del presupuesto nacional, lo que hace que su consignación presupuestaria sea la más baja de todos los ministerios e imposibilita prácticamente la aplicación del segundo Plan Nacional de Igualdad de Género. El Comité ha tomado nota con inquietud de las declaraciones públicas según las cuales el Ministerio de la Mujer podría sufrir transformaciones que afectarían a su autonomía (art. 3).

    El Comité alienta al Estado parte a prever recursos financieros y humanos suficientes para la aplicación del segundo Plan Nacional de Igualdad de Género, y a reforzar la capacidad del Ministerio de la Mujer.

    (…)

  3. Al Comité le preocupa las vulneraciones de las normas laborales, las libertades sindicales y la igualdad de derechos del hombre y la mujer, como se desprende de las reclamaciones presentadas por los sindicatos a los órganos competentes. Lamenta la falta de información del Estado parte acerca del número y la naturaleza de las reclamaciones efectuadas por las organizaciones sindicales respecto de las condiciones de trabajo y los derechos sindicales (arts. 7 y 8).

    El Comité insta al Estado parte a aplicar estrictamente las normas laborales básicas y a seguir aumentando el número de inspecciones del trabajo, promover la formación y mejorar las oportunidades para los trabajadores y garantizar la libertad sindical y la igualdad de condiciones de trabajo entre hombres y mujeres. A fin de progresar en estos ámbitos, el Comité recomienda que se examinen a fondo las reclamaciones presentadas por los sindicatos.

    (…)

  4. El Comité observa con preocupación que más del 30% de las mujeres siguen siendo víctimas de acosos sexuales en los lugares de trabajo, y que sólo unos pocos casos se han dirimido de conformidad con el Código del Trabajo. Le preocupa también que el derecho penal no reconozca el carácter delictivo del acoso sexual (art. 7 b.).

    El Comité recomienda que el Estado parte adopte y aplique leyes que tipifiquen como delito el acoso sexual en el lugar de trabajo, y establezca mecanismos para vigilar la aplicación de estas leyes. Recomienda además que el Estado parte siga sensibilizando al público acerca de la naturaleza delictiva del acoso sexual.

    (…)

  5. Al Comité le preocupa el elevado nivel del subempleo y el desempleo en el Estado parte, que afecta desproporcionadamente a las mujeres y a los jóvenes, y en particular a los que viven en zonas rurales. Observa también con preocupación que las oportunidades de empleo se crean principalmente en la economía informal, a la que pertenece el 54% de la fuerza laboral, pero que no garantiza un nivel adecuado de protección de los derechos de los empleados (arts. 6, 7 y 9).

    El Comité recomienda que el Estado parte tome medidas eficaces, como un plan de acción en materia de empleo, para incrementar el empleo regular y acelerar la reducción del subempleo y el desempleo, en especial de las mujeres y los jóvenes. También recomienda al Estado parte que se comprometa a respetar los derechos de todos los empleados, independientemente de su plan de empleo.

    (…)

  6. El Comité expresa su preocupación por las constantes violencias de que son víctimas las mujeres, y en particular las violencias domésticas, a pesar de los instrumentos legislativos que tipifican y sancionan esta clase de violencias, como el párrafo 2 del artículo 42 de la Constitución y la Ley Nº 24-97 (art. 10).

    El Comité insta al Estado parte a atribuir una elevada prioridad a las medidas globales para combatir la violencia doméstica y otros tipos de violencia contra la mujer, y le pide que asigne los recursos humanos y financieros necesarios para establecer un plan nacional de acción con miras a combatir la violencia contra la mujer; además, el Estado parte debe garantizar que las autoridades competentes apliquen en la práctica la Ley Nº 24-97 de violencia doméstica, de 1997, facilitando, entre otras cosas, el acceso efectivo de las víctimas a la justicia y haciendo que los autores respondan de sus actos. El Comité recomienda al Estado parte que aliente y facilite la coordinación de todos los agentes que se ocupan de la violencia doméstica y arbitre medidas para abordar los problemas físicos, mentales y de salud sexual resultantes de estas violencias, mediante servicios de apoyo y rehabilitación de las víctimas. El Comité insta al Estado parte a que organice programas de sensibilización y formación sobre la naturaleza delictiva de los actos de violencia doméstica, para agentes del orden público y profesionales competentes en este ámbito; también deberían preverse programas de este tipo para el público en general, incluida una campaña de tolerancia cero que haga inaceptable esta violencia.

  7. Al Comité le inquieta el problema de la trata de seres humanos en el Estado parte donde se sigue traficando con personas, en particular mujeres y niños, desde, a través y dentro del país, con fines de explotación sexual y trabajos forzados. Observa con preocupación que no hay fondos suficientes para aplicar y supervisar el Plan nacional de acción contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, así como la inexistencia de medidas de rehabilitación de las víctimas de la trata de personas y la explotación (art. 10, párr. 3).

    El Comité recomienda que el Estado parte intensifique la lucha contra la trata de seres humanos, especialmente mujeres y niños, con fines de explotación sexual y trabajos forzados, entre otras cosas procesando y condenando a los transgresores de la Ley contra la trata, prestando apoyo a programas y campañas de sensibilización contra la trata, recalcando el carácter delictivo de la trata de mujeres y niños con fines de explotación sexual, organizando cursos obligatorios de formación sobre la legislación contra la trata de personas para agentes de las fuerzas del orden público, fiscales y jueces, y prestando un mayor apoyo médico, psicológico y legal a las víctimas.

    (…)

  8. El Comité expresa su preocupación por la elevada y persistente tasa de mortalidad materna, la baja calidad general de la atención materna, el número cada vez mayor de embarazos de adolescentes, el alto número de abortos de adolescentes de 12 a 18 años de edad en condiciones peligrosas y la falta de servicios adecuados y accesibles de salud sexual y reproductiva (arts. 10 y 12).

    El Comité recomienda que el Estado parte adopte todas las medidas necesarias para reducir la tasa de mortalidad materna, entre otras cosas mejorando la calidad de la atención materna mediante servicios de salud prenatal y asistencia médica en el parto. Alienta al Estado parte a facilitar el acceso de todos, incluidos los adolescentes, a servicios generales asequibles de planificación familiar y distribución de contraceptivos, y a promover la sensibilización y la educación del público en materia de salud sexual y reproductiva.

  9. El Comité se siente preocupado por las enmiendas del artículo 37 de la Constitución que criminalizan el aborto en todas las circunstancias (arts. 10 y 12).

    El Comité recomienda que el Estado parte proporcione fondos para asegurar la disponibilidad de contraceptivos que ayuden a hombres y mujeres a impedir los embarazos no deseados y el recurso al aborto en condiciones antihigiénicas que pueden poner en peligro la vida de la madre. Insta al Estado parte a reconsiderar la legislación sobre el aborto con objeto de levantar la prohibición cuando exista una amenaza grave para la salud o la vida de la mujer embarazada, y para los embarazos resultantes de la violación o el incesto.

6º Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de la República Dominicana.14

1.El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinó el cuarto informe periódico de la República Dominicana (E/C.12/DOM/4) en sus sesiones 63ª y 64ª (véanse E/C.12/2016/SR.63 y 64), celebradas los días 27 y 28 de septiembre de 2016. En su 79ª sesión, celebrada el 7 de octubre de 2016, aprobó las presentes observaciones finales.

(…)

C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones15

(…)

Igualdad entre hombres y mujeres

  1. A pesar de las medidas adoptadas por el Estado parte para promover la igualdad entre hombres y mujeres, preocupa al Comité que los estereotipos de género continúen siendo generalizados y estén profundamente arraigados en la familia y la sociedad. Preocupa además al Comité que, a pesar de los resultados obtenidos mediante la implementación del sistema de cuotas, la participación de las mujeres en cargos de decisión continúa siendo baja, tanto en el ámbito público como en el privado (art. 3).

  2. El Comité recomienda al Estado parte que:

    1. Adopte medidas efectivas para combatir los estereotipos de género en la familia y la sociedad, entre otras cosas, mediante campañas de sensibilización sobre el igual reparto de las responsabilidades familiares entre hombres y mujeres y sobre la igualdad de oportunidades de carrera como resultado de la educación y la formación en materias distintas de aquellas en que tradicionalmente predominan uno u otro de los sexos;

    2. Intensifique sus esfuerzos para promover una mayor representación de la mujer en todos los niveles de la administración pública y en particular en cargos de decisión, así como para promover su participación en puestos directivos en el sector privado.

    1. **El Comité remite al Estado parte a su observación general núm. 16
    1. sobre la igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales.**

Desempleo y subempleo

  1. El Comité está preocupado por los altos índices de desempleo y subempleo en el Estado parte, así como por el alto número de trabajadores que laboran en la economía informal y que no están cubiertos por la legislación laboral ni por el sistema de protección social (arts. 6, 7 y 9).

  2. El Comité recomienda al Estado parte que:

    1. Intensifique sus esfuerzos por reducir las tasa s de desempleo y subempleo, entre otras cosas, mediante el diseño de una política integral de empleo que conlleve un plan de acción con metas específicas, centrada particularmente en los grupos más expuestos al desempleo y subempleo como los jóvenes, las mujeres y las personas con discapacidad;

    2. Asegure a los trabajadores que participan en la economía informal el acceso a la legislación laboral y la protección social y adopte todas las medidas necesarias para progresivamente disminuir el número de trabajadores que participan en este sector de la economía, integrándolos a la economía formal.

    (…)

Condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias

  1. El Comité nota con preocupación que las condiciones laborales de las mujeres en algunos sectores, como las zonas francas, el sector de la agricultura y el sector del servicio doméstico, sigan siendo precarias y que continúen expuestas a bajos salarios, poca seguridad en el empleo, condiciones de trabajo inseguras e insalubres, y en riesgo de explotación y abusos. Además, le preocupa la disparidad significativa de remuneración entre hombres y mujeres (art. 7).

  2. **El Comité recomienda al Estado parte que:

    1. Adopte las medidas necesarias para asegurar condiciones laborales justas y equitativas a las mujeres, en particular en las zonas francas, en el sector de la agricultura y en el sector del trabajo doméstico;

    2. Establezca un mecanismo de inspección laboral que cuente con los recursos materiales, técnicos y humanos suficientes para llevar a cabo una supervisión efectiva de las condiciones de trabajo en todos los sectores;

    3. Establezca mecanismos eficaces para denunciar todo tipo de abuso y explotación laboral, teniendo en cuenta, particularmente la situación de las trabajadoras que laboran en las zonas francas, el sector de la agricultura y en el sector del trabajo doméstico;

    4. Garantice, tanto en su legislación como en la práctica, la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por trabajo de igual valor como se dispone en el artículo 7, apdo. a., inc. i), del Pacto.

  3. Aun cuando el Comité toma nota de los esfuerzos realizados por el Estado parte para prevenir el acoso sexual en el lugar de trabajo, le preocupa que muchas mujeres continúen siendo víctimas de acoso sexual en el lugar de trabajo y que no cuenten con medidas adecuadas de protección (art. 7).

  4. E l Comité insta al Estado parte a que adopte todas las medidas apropiadas para luchar contra el acoso sexual en el Estado parte, entre otras cosas, incorporando el acoso sexual en el lugar de trabajo en su legislación penal, asegurando el acceso a la justicia para las víctimas y adoptando medidas que brinden una protección adecuada a las víctimas.

  5. El Comité señala a la atención del Estado parte a sus observaciones generales núms. 18 (2005) sobre el derecho al trabajo, y 23 (2016) sobre el derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias.

(…)

Protección de niños, niñas y adolescentes

  1. Preocupa al Comité la alta incidencia de explotación y abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. En particular, le preocupa que la falta de definición de una edad mínima de libre consentimiento para mantener relaciones sexuales y que los privilegios establecidos hacia miembros del clero católico hayan sido un obstáculo para el debido enjuiciamiento de estos actos. Preocupa también al Comité el número significativo de niños de entre 5 y 15 años que realiza trabajo infantil, así como el alto número de niños de entre 14 y 17 años ocupados en trabajos peligrosos. El Comité lamenta que la edad mínima legal de admisión al empleo continúe siendo de 14 años (art. 10).

  2. **El Comité recomienda al Estado parte que:

    1. Intensifique sus esfuerzos para prevenir la explotación y abusos sexuales en el Estado parte y garantice servicios adecuados y de calidad para proteger, indemnizar y rehabilitar a los niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación y abusos sexuales;

    2. Establezca en su legislación una edad mínima de libre consentimiento para mantener relaciones sexuales y elimine toda disposición legal o administrativa que pueda favorecer la impunidad en casos de explotación o abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes, incluyendo los privilegios relativos al enjuiciamiento de delitos cometidos por miembros de la Iglesia Católica;

    3. Redoble sus esfuerzos para adoptar medidas eficaces de prevención y lucha contra la explotación económica de los niños , niñas y adolescentes, incluso mediante la revisión de su legislación para prohibir el empleo de los niños menores de 15 años , velando por que las disposiciones jurídicas relativas al trabajo de los niños se apliquen enérgicamente, fortaleciendo los mecanismos de inspección del trabajo infantil , y brindando apoyo a las familias pobres para asegurar que los niños y niñas asistan a la escuela;

    4. Se asegure de que todos los casos de explotación, y cualquier tipo de abuso o violencia en contra de niños, niñas y adolescentes, sean investigados exhaustivamente y que los responsables sean debidamente castigados.

    (…)

Salud sexual y reproductiva

  1. Si bien el Comité acoge la información proporcionada por la delegación sobre la discusión en el Congreso Nacional de un nuevo proyecto de ley con relación a la despenalización del aborto en casos específicos, lamenta que aún está vigente una prohibición total del aborto. El Comité observa con preocupación el elevado número de abortos inseguros y la alta tasa de mortalidad materna. Le preocupan además la alta tasa de embarazo en la adolescencia que, entre otros factores, se debe a la falta de servicios de salud sexual y reproductiva e información adecuados (art. 12).

  2. El Comité recomienda al Estado parte que:

    1. Agilice en el Congreso Nacional la discusión y la adopción del proyecto de ley que despenalice el aborto en los casos en que sea necesario (violación, afectación de la vida o salud física o mental de la mujer e inviabilidad del feto) para garantizar los derechos fundamentales de la mujer;

    2. Tome las medidas legislativas y administrativas necesarias para prevenir la mortalidad y morbilidad materna, tomando en consideración las orientaciones técnicas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la aplicación de un enfoque basado en los derechos humanos a la ejecución de las políticas y los programas destinados a reducir la mortalidad y morbilidad prevenibles asociadas a la maternidad (A/HRC/21/22);

    3. Redoble sus esfuerzos para reducir la alta tasa de embarazos de adolescentes, especialmente entre aquellas pertenecientes a grupos marginalizados y desfavorecidos, y familias de bajos ingresos y bajo nivel educativo y asegure la accesibilidad y disponibilidad de información y servicios de salud sexual y reproductiva para todas las mujeres y adolescentes, especialmente en las zonas rurales.

  3. El Comité remite al Estado parte a su observación general núm. 22
  1. sobre salud sexual y reproductiva.
(…)

Derecho a la educación

  1. Si bien el Comité acoge los esfuerzos realizados por el Estado parte para incrementar su inversión en educación y para mejorar la infraestructura de las escuelas, le preocupa que:

    1. La calidad de la enseñanza continúe siendo baja y que los planes de estudio no incluyan contenidos adecuados en derechos humanos, igualdad de género y salud sexual y reproductiva;

    2. A pesar de las medidas adoptadas, los niños de ascendencia haitiana y los niños que no cuentan con un registro de nacimiento continúen enfrentando dificultades para acceder a la educación, particularmente a la educación secundaria y terciaria;

    3. Las tasas de abandono y repetición escolar, particularmente en la escuela primaria, continúen siendo elevadas (art. 13).

  2. **El Comité recomienda al Estado parte que:

    1. Adopte todas las medidas necesarias para mejorar la calidad de la enseñanza mediante la asignación de recursos suficientes al ámbito de la educación, el aumento del número de maestros calificados y su remuneración, y la mejora de la infraestructura y el material educativo;

    2. Incorpore en los programas escolares de la enseñanza primaria y secundaria una formación, integral y apropiada a cada edad, sobre derechos humanos, igualdad de género y salud sexual y reproductiva;

    3. Redoble sus esfuerzos para garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes, en particular los niños haitianos, de ascendencia haitiana y los que no cuentan con un registro de nacimiento o documento de identidad, acceso a todos los niveles de enseñanza;

    4. Tome las medidas adecuadas para reducir los índices de deserción y repetición escolar en todos los niveles educativos, particularmente en la escuela primaria y entre los estudiantes de grupos marginados y desfavorecidos.

D. Otras recomendaciones

(…)

  1. El Comité recomienda al Estado parte promover la recopilación sistemática de datos y la elaboración y utilización de estadísticas sobre los indicadores de los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales, basadas en esos datos. A este respecto, remite al Estado parte al marco conceptual y metodológico de los indicadores de los derechos humanos elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (HRI/MC/2008/3). El Comité pide al Estado parte que incluya en su siguiente informe periódico datos estadísticos anuales comparativos sobre el ejercicio de cada uno de los derechos consagrados en el Pacto, desglosados por edad, sexo, origen étnico, población urbana y rural y otros criterios pertinentes.

  1. 26 de noviembre a 14 de diciembre de 1990, E/1991/23 - E/C.12/1990/8, par. 213-250

  2. E/C.12/1994/15, 19 de diciembre de 1994

  3. Las recomendaciones se encuentran en negrita.

  4. E/C.12/1/ Add.6 - 6 de Diciembre de 1996

  5. Considerando que las recomendaciones hechas al Estado Dominicano dicen “En vista de que el Estado Parte ha desatendido invariablemente sus obligaciones de presentar informes en virtud del Pacto y las sucesivas solicitudes de información que le ha dirigido el Comité a lo largo de varios años, el Comité insta al Estado Parte a que asigne suma importancia a responder a las cuestiones planteadas en las presentes observaciones finales” (Art. 27), en este acápite se reseñan las preocupaciones externadas por el Comité.

  6. Estas desigualdades fueron profundizadas en la Ley 285-04 sobre Migración, que interpreta la constitución en cuanto a la nacionalidad por Jus Solis.

  7. Ver informe “No me avergüenzo” de Amnistía Internacional, sobre VIH SIDA, incremento del estigma social y las discriminaciones, y falta de acceso a retrovirales.

  8. E/C.12/1/ Add.16 - 12 de Diciembre de 1997

  9. Las recomendaciones se encuentran en negrita.

  10. En 1997 fue aprobada la Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar que sanciona la violencia basada en género.

  11. Fue aprobada la Ley 55-93 sobre el SIDA.

  12. E/C.12/DOM/CO/3, 26 de noviembre de 2010

  13. Las recomendaciones se encuentran en negrita.

  14. E/C.12/DOM/CO/4, 21 de octubre de 2016

  15. Las recomendaciones se encuentran en negrita.