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Comité de Derechos Humanos: Observaciones referidas a las mujeres y las niñas

1º Observaciones finales sobre el primer informe presentado por el Estado

adoptadas en abril de 1983.1

  1. El Comité examinó el informe inicial (CCPR/C/6/Add.9) presentado por el Gobierno del Perú, en sus sesiones 430ª, 431ª y 435ª, celebradas el 5 y 7 de abril de 1983 (CCPR/C/SR.430, 431 y 435).
_No se observan recomendaciones con perspectiva de género._

2º Observaciones finales sobre el segundo informe presentado por el Estado adoptadas en 1992.2

  1. El Comité de Derechos Humanos inició la consideración del segundo informe periódico del Perú (CCPR/C/51/Add.4) en sus sesiones 1133a. a 1136a. (del 44° período de sesiones), celebradas el 31 de marzo y el 1° y 2 de abril de 1992 (CCPR/C/SR.1133 a 1136). El Comité decidió, a petición del Gobierno del Perú, no terminar el examen del informe hasta su 45° período de sesiones, y tomar en cuenta la información adicional ofrecida por el Estado Parte y que iba a ser facilitada en respuesta a las preguntas e inquietudes no satisfechas de los miembros del Comité.

E. Sugerencias y recomendaciones

No se observan recomendaciones con perspectiva de género.

3º Observaciones finales sobre el tercer informe presentado por el Estado adoptadas el 25 de julio de 1996.3

Se sigue sin observar recomendaciones con perspectiva de género.

  1. El Comité inició el examen del tercer informe periódico del Perú (CCPR/C/83/Add.1 y HRI/CORE/1/Add.43/Rev.1) en sus sesiones 1519ª a 1521ª, celebradas los días 18 y 19 de julio de 1996 (CCPR/C/SR.1519 a SR.1521), en las que trató algunas cuestiones urgentes relacionadas con la aplicación de los artículos 2, 4, 6, 7, 9, 10, 14 y 27 del Pacto. El examen del resto del informe se aplazó hasta el 58º período de sesiones del Comité, que ha de celebrarse en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, del 21 de octubre al 8 de noviembre de 1996. En su 1528ª sesión, celebrada el 25 de julio de 1996, a la luz del examen de la primera parte del informe y de las observaciones hechas por sus miembros, el Comité aprobó las siguientes observaciones y recomendaciones preliminares:

E. Sugerencias y Recomendaciones

  1. El Comité recomienda que se tomen las medidas necesarias para restablecer la autoridad del poder judicial, hacer efectivo el derecho a un recurso eficaz de conformidad con el artículo 2 del Pacto y superar así la atmósfera reinante de impunidad. Toda vez que el Comité considera que las leyes de amnistía constituyen una violación del Pacto, recomienda que el Gobierno del Perú revise y revoque estas leyes en la medida en que constituyan tales violaciones. En particular, insta al Gobierno a que remedie las consecuencias inaceptables de estas leyes, entre otras cosas estableciendo un sistema eficaz de indemnización a las víctimas de violaciones de los derechos humanos y adoptando las medidas necesarias para asegurar que los autores de estas violaciones no sigan ocupando puestos oficiales.

    (…)

  2. El Comité insta al Estado Parte a que tome medidas efectivas a fin de investigar las denuncias de ejecuciones sumarias, desapariciones, casos de tortura y malos tratos y arrestos y detenciones arbitrarios, de que los autores comparezcan ante la justicia y sean castigados e indemnizar a las víctimas. En el caso de que las denuncias de estos delitos se hayan formulado contra miembros de las fuerzas de seguridad, tanto militares como civiles, las investigaciones deberán ser realizadas por un órgano imparcial que no pertenezca a la organización de las propias fuerzas de seguridad. Las personas condenadas por estos delitos deben ser destituidas, y mientras esté pendiente el resultado de la investigación, suspendidas de sus cargos.

4º Observaciones finales sobre el tercer informe presentado por el Estado adoptadas el 6 de noviembre de 1996.4

  1. El Comité continuó el examen del tercer informe periódico del Perú (CCPR/C/83/Add.1 y HRI/CORE/1/Add.43/Rev.1) en sus sesiones 1547 y 1548, celebradas el día 31 de octubre de 1996 (CCPR/C/SR.1547 a 1548), examinó las cuestiones pendientes de consideración, tras el inicio del examen del informe durante su quincuagésimo séptimo período de sesiones, durante el cual se habían examinado las cuestiones urgentes. A la vista, de la continuación del examen del informe, aprobó en su 1555 sesión (58° período de sesiones), celebrada el 6 de noviembre de 1996, las siguientes observaciones y recomendaciones:

E. Sugerencias y recomendaciones

  1. El Comité recomienda una revisión de las disposiciones del Código Civil y del Código Penal a la luz de las obligaciones establecidas en el Pacto, particularmente en el artículo 3 y 26 del mismo. El Perú debe asegurarse de que las leyes que guardan relación con la violación, el abuso sexual y la violencia contra las mujeres las protejan de manera eficaz y debe tomar las medidas necesarias para evitar que las mujeres deban arriesgar su vida en razón de la existencia de disposiciones legales restrictivas sobre el aborto.

    (…)

  2. El Comité desea que, en su próximo informe periódico, el Perú incluya información sobre el progreso que se haya hecho para lograr para las mujeres del Perú el pleno goce de los derechos consagrados en el Pacto, particularmente en las áreas de preocupación del Comité (véase párrafos 13, 14, 15, y 16), e información detallada sobre el modo en que el Estado cumple con las disposiciones del artículo 10 del Pacto.

5º Observaciones finales sobre el cuarto informe presentado por el Estado adoptadas el 1 de noviembre de 2000.5

  1. El Comité examinó el cuarto informe periódico del Perú (CCPR/C/PER/98/4) en sus sesiones 1879ª a 1881ª, celebradas los días 23 y 24 de octubre de 2000, y aprobó en la 1892ª sesión, celebrada el 1º de noviembre de 2000, las siguientes observaciones finales.

C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones6

  1. El Comité considera muy importante la implementación práctica de las leyes relativas a la protección de los derechos humanos. El Comité pide al Estado Parte que en su próximo informe proporcione informaciones detalladas sobre la aplicación efectiva de la nueva legislación a favor del reconocimiento de los derechos de la mujer en materia civil y penal.

  2. Es signo de inquietud que el aborto continúe sujeto a sanciones penales, aun cuando el embarazo sea producto de una violación. El aborto clandestino continúa siendo la mayor causa de mortalidad materna en el Perú. El Comité reitera que estas disposiciones son incompatibles con los artículos 3, 6 y 7 del Pacto y recomienda que se revise la ley para establecer excepciones a la prohibición y sanción del aborto.

  3. Le preocupan al Comité las denuncias recibidas sobre esterilizaciones involuntarias, particularmente de mujeres indígenas en zonas rurales y de mujeres de los sectores sociales más vulnerables. El Estado Parte debe tomar las medidas necesarias para que las personas que se someten a métodos de anticoncepción quirúrgica estén plenamente informadas y den su libre consentimiento.

6º Observaciones finales sobre el quinto informe periódico del Perú.7

  1. El Comité de Derechos Humanos examinó el quinto informe periódico presentado por el Perú (CCPR/C/PER/5) en sus sesiones 2964ª y 2965ª (CCPR/C/SR.2964 y CCPR/C/SR.2965), celebradas los días 19 y 20 de marzo de
  2. En su 2975ª sesión (CCPR/C/SR.2975), celebrada el 27 de marzo de 2013, el Comité aprobó las siguientes observaciones finales.
(…)

C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones8

(…)

  1. Aunque toma nota de las medidas adoptadas por el Estado parte para promover la igualdad entre hombres y mujeres y de los progresos realizados, al Comité le preocupa que la mujer no esté suficientemente representada en los puestos de adopción de decisiones del sector público (arts. 2, 3, 25 y 26).

    El Estado parte debe intensificar sus esfuerzos para garantizar una igualdad efectiva entre hombres y mujeres en todas las regiones del país, si fuera necesario con medidas especiales de carácter temporal apropiadas. En particular, el Estado parte debe tomar medidas concretas para aumentar la representación de la mujer en los puestos de adopción de decisiones del sector público. Asimismo, debe elaborar estrategias para combatir los estereotipos relativos a la función de la mujer, por ejemplo sensibilizando a la población sobre la necesidad de velar por que las mujeres puedan disfrutar de sus derechos.

  2. El Comité toma nota de las medidas adoptadas para prevenir y combatir la violencia contra la mujer; no obstante, está preocupado por la persistencia de ese fenómeno (arts. 3, 6 y 7 del Pacto).

    El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos para prevenir y combatir todas las formas de violencia contra la mujer, entre otras cosas asegurando la aplicación efectiva de los marcos jurídicos y normativos pertinentes en vigor. El Estado parte debe aprobar leyes que tipifiquen como delito todas las formas de violencia doméstica. Debe facilitar también la presentación de denuncias por las víctimas; asegurarse de que se investiguen todas las denuncias de violencia y se enjuicie a los autores, y velar por que las víctimas tengan acceso a medios efectivos de protección, entre otras cosas poniendo a disposición un número suficiente de refugios en todas las regiones del país.

  3. Aunque reconoce los esfuerzos realizados por el Estado parte para investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado de 1980 a 2000 y los obstáculos con que tropieza el Estado parte a ese respecto, el Comité está preocupado por:

    1. El reducido número de condenas y el elevado número de absoluciones;

    2. Las dificultades experimentadas por las mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto para denunciar los casos, así como el reducido número de investigaciones y la inexistencia de sentencias a ese respecto;

    3. Los lentos avances del proceso de exhumación, identificación y devolución de los restos a los familiares de las víctimas;

    4. La condición establecida por la Sala Penal Nacional de que las pruebas de las violaciones han de ser directas y documentadas, de modo que se omiten los testimonios de las víctimas y sus familiares;

    5. Las informaciones según las cuales el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas no cooperan plenamente; y

    6. La información proporcionada por la delegación, según la cual, en el momento del conflicto, las unidades de las fuerzas de seguridad que participaban en acciones armadas no estaban obligadas a informar del modo en que se llevaban a cabo estas acciones; al Comité le preocupa que esto pudiera tener por objeto asegurar la impunidad de las violaciones de los derechos humanos (arts. 2, 6 y 7).

    El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos para garantizar que las violaciones graves de los derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado de 1980 a 2000, incluidas las que entrañaron violencia sexual, no queden impunes. El Estado parte debe adoptar las medidas adecuadas para acelerar las investigaciones judiciales y el proceso de exhumación, identificación y devolución de los restos a los familiares de las víctimas. Además, el Comité invita al Estado parte a revisar los criterios que deben aplicarse respecto de las pruebas de las violaciones e insta al Estado parte a velar por que el Ministerio de la Defensa y las Fuerzas Armadas cooperen plenamente en las investigaciones y proporcionen sin dilación toda la información de que dispongan a las autoridades que la soliciten. Además, el Estado parte debe establecer la responsabilidad legal por la práctica de no presentar informes durante el conflicto.

    (…)

  4. El Comité, recordando sus anteriores observaciones finales (CCPR/CO/70/PER, párr. 20), expresa su preocupación por el elevado porcentaje de mortalidad materna relacionada con el aborto, por el hecho de que siga considerándose delito el aborto cuando el embarazo sea consecuencia de una violación o incesto y por la falta de un protocolo nacional que regule la práctica del aborto terapéutico. El Comité también observa con preocupación las elevadas tasas de mortalidad materna en las zonas rurales y de embarazos de adolescentes. Además, el Comité lamenta la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional de prohibir la distribución gratuita de anticonceptivos orales de emergencia (arts. 2, 3, 6, 17 y 26).

    El Comité recomienda al Estado parte que:

    1. Revise su legislación sobre el aborto y prevea excepciones adicionales en los casos en que el embarazo sea consecuencia de una violación o incesto;

    2. Adopte rápidamente un protocolo nacional que regule la práctica del aborto terapéutico;

    3. Aumente sus esfuerzos para reducir los embarazos de adolescentes y la mortalidad materna, en particular en las zonas rurales, y garantice la prestación, en todas las regiones del país, de servicios adecuados de salud sexual y reproductiva que incluyan los anticonceptivos orales de emergencia; y

    4. Refuerce y garantice la ejecución efectiva de los programas de educación y sensibilización en los niveles oficiales (escuelas y universidades) y oficiosos (medios de comunicación) sobre la importancia del uso de anticonceptivos y sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva.


  1. Suplemento No. 40 (A/38/40), 15 de septiembre de 1983

  2. CCPR/C/79/Add.8, 25 de septiembre de 1992

  3. CCPR/C/79/Add.67, 25 de julio de 1996

  4. CCPR/C/79/Add.72, 18 de noviembre de 1996

  5. CCPR/CO/70/PER, 15 de noviembre de 2000

  6. Las recomendaciones se encuentran en negrita.

  7. CCPR/C/PER/CO/5, 29 de abril de 2013

  8. Las recomendaciones se encuentran en negrita.