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Comité contra la Tortura: Observaciones referidas a las mujeres y las niñas

1º Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados del Perú.1

  1. El Comité contra la Tortura examinó los informes periódicos quinto y sexto combinados del Perú (CAT/C/PER/6) en sus sesiones 1096ª y 1099ª, celebradas los días 30 y 31 de octubre de 2012 (CAT/C/SR.1096 y CAT/C/SR.1099). En sus sesiones 1121ª, 1122ª y 1123ª, celebradas los días 15 y 16 de noviembre de 2012 (CAT/C/SR.1121, 1122 y 1123), aprobó las observaciones finales que figuran a continuación.

    (…)

C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones2

(…)

Violencia contra la mujer

  1. Al Comité le preocupan las informaciones sobre la violencia generalizada contra las mujeres y las niñas, en particular la violencia doméstica y el feminicidio, y el hecho de que esos actos sean raras veces objeto de investigación y de enjuiciamiento, así como la falta de datos estadísticos sobre la violencia sexual. Aun tomando nota de la aprobación del Segundo Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015, inquieta al Comité que la violencia doméstica y los actos de violencia y acoso sexual distintos de la violación no estén tipificados como delito en el Código Penal, y que haya obstáculos que dificulten el acceso de las víctimas de la violencia a la justicia, problema que se suma a la insuficiencia de albergues para acogerlas (arts. 2, 12, 13 y 16).

    El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos y velar por la aplicación, con carácter urgente, de medidas de protección efectivas para prevenir y combatir todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, y debe modificar su legislación para que en el Código Penal se tipifiquen como delitos la violencia doméstica y la violencia sexual, al igual que está tipificada la violación, y para tener una visión global más clara de la prevalencia de esos delitos. El Estado debe además redoblar todos sus esfuerzos por prevenir la violencia contra la mujer, mejorar el acceso de las víctimas a la justicia y velar por que todos los actos de violencia sean investigados sin demora de manera eficaz e imparcial, por que los autores sean enjuiciados y por que las víctimas obtengan reparación. El Estado parte debe establecer no solo un mecanismo eficaz para la presentación de denuncias por las mujeres y las niñas, sino también un mecanismo de vigilancia para prevenir todas las formas de violencia contra ellas. El Ministerio de Salud debe impartir formación especializada al personal sanitario que atiende a las víctimas de la violencia, y se debe establecer un sistema único para llevar un registro de los casos de violencia contra la mujer. Se deben iniciar amplias campañas de sensibilización y se debe impartir formación a los agentes de las fuerzas del orden, a los jueces, a los abogados y a los trabajadores sociales para combatir y prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas.

Derechos reproductivos y salud

  1. Al Comité le preocupa profundamente que los abortos ilegales sean una de las principales causas de la alta tasa de mortalidad materna en el Estado parte y que la interpretación de qué constituye aborto terapéutico y legal en caso de necesidad por razones médicas sea demasiado restrictiva y poco clara, lo cual lleva a las mujeres a abortar clandestinamente en condiciones de inseguridad. El Comité está particularmente inquieto por la penalización del aborto en caso de violación o de incesto, así como por el hecho de que el Tribunal Constitucional prohíba que se administren anticonceptivos orales de emergencia a las víctimas de violación. Al Comité le preocupa también que la legislación vigente obligue a los médicos a transmitir a las autoridades información sobre las mujeres que solicitan asistencia médica como consecuencia de un aborto, lo que puede llevar a investigaciones y a procesamientos penales; esto crea tal temor que, en la práctica, hace que no se recurra a los servicios de interrupción legal del embarazo. Al Comité le preocupan asimismo los casos de esterilización forzosa de mujeres, como las 2.000 mujeres que fueron objeto de tal esterilización entre 1996 y 2000, en virtud del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, y que aún no han recibido reparación (arts. 2, 10, 12, 13, 14, 15 y 16).

    El Estado parte debe revisar su legislación con el fin de:

    1. Modificar la prohibición general del aborto de forma que se autoricen el aborto terapéutico y el aborto en los casos en que el embarazo sea resultado de violación o de incesto, y prestar servicios médicos gratuitos a las víctimas de violación;

    2. Legalizar la distribución de anticonceptivos orales de emergencia a las víctimas de violación;

    3. Velar por que los profesionales de la salud conozcan y sepan aplicar los protocolos del Ministerio de Salud relativos a los abortos legales y garantizar un tratamiento inmediato e incondicional a las personas que soliciten asistencia médica de emergencia;

    4. Eliminar la práctica de hacer confesar, a los efectos de su enjuiciamiento, a las mujeres que hayan solicitado asistencia médica urgente como consecuencia de un aborto clandestino, así como la práctica de penalizar al personal médico por el ejercicio de sus funciones profesionales, y

    5. Proporcionar más información en materia de planificación de la familia, reforzar los servicios en esa esfera y realizar una amplia campaña pública de sensibilización sobre los casos en que el aborto terapéutico es legal y sobre los trámites administrativos correspondientes.

    El Estado parte debe acelerar todas las investigaciones en curso sobre la esterilización forzada, iniciar sin demora investigaciones imparciales y efectivas sobre todos los casos similares y dar a todas las víctimas de la esterilización forzada una reparación adecuada.

    (…)

Atención médica y psicológica a las víctimas de la tortura

  1. El Comité toma nota de que las víctimas de torturas infligidas durante el conflicto armado interno tienen derecho a recibir asistencia médica en el marco del Plan Integral de Reparaciones y del Seguro Integral de Salud, así como de que la Sala Penal Nacional ha resuelto en casos recientes de tortura que se debe prestar asistencia médica física y mental gratuita a las víctimas hasta que estas se hayan recuperado por completo, pero le preocupa que el Plan diste de ser aplicado plenamente, que no haya un programa especial de asistencia médica y psicológica o de rehabilitación para las víctimas de la tortura, y que no haya registros en los que conste el número de víctimas de tortura que se han acogido a programas de asistencia médica. Inquieta asimismo al Comité la limitada utilización de los manuales elaborados para evaluar las secuelas psicológicas de la tortura. También se debe ofrecer un programa de rehabilitación a las víctimas de torturas infligidas después del conflicto (art. 14).

    El Estado parte debe velar por que:

    1. Se elaboren plenamente y se difundan políticas públicas relativas a la reparación plena y completa que se debe dar a las víctimas de tortura y de malos tratos, en particular prestando los servicios especializados que sean necesarios en algunos casos, independientemente de la ubicación geográfica, de la situación socioeconómica de las víctimas, de su género y de su afinidad real o supuesta con grupos de oposición actuales o antiguos;

    2. Los servicios especializados que se presten sean de calidad suficiente para que todas las víctimas de la tortura logren la rehabilitación más completa posible; que recurran a métodos de rehabilitación integrales, tales como una combinación de asistencia médica y psicológica, así como a servicios de asistencia jurídica y social, servicios basados en la comunidad y en la familia, formación profesional, servicios educativos, ayuda económica temporal y ayuda para la reintegración; y que estén disponibles con tal fin en todas las partes del país;

    3. Se aplique el manual de evaluación de los efectos psicológicos de la tortura recientemente adoptado por la Fiscalía de la Nación, y

    4. Se establezca una base de datos sobre el número de víctimas de la tortura, tanto durante el conflicto armado interno como en el período posterior al año 2000, que se hayan acogido a programas de asistencia médica.

    El Comité señala a la atención del Estado parte su Observación general Nº 3 (2012), aprobada recientemente, sobre el artículo 14 de la Convención, en la que se explican el contenido y el alcance de la obligación de los Estados partes de dar plena reparación a las víctimas de la tortura.

    (…)

Recopilación de datos

  1. El Comité lamenta la falta de datos generales y desglosados sobre las denuncias, las investigaciones, los procesos y las condenas en casos de tortura o de malos tratos infligidos por agentes del orden, efectivos militares, personal de seguridad y personal penitenciario, así como sobre la trata y la violencia contra las mujeres, los niños y otros grupos vulnerables, en particular la violencia doméstica y sexual, y sobre los medios de reparación (arts. 2, 11, 12, 13, 14 y 16).

    El Estado parte debe recopilar los datos estadísticos pertinentes para vigilar la aplicación de la Convención en el plano nacional, incluyendo datos desagregados sobre las denuncias, las investigaciones, los procesos y las condenas relativos a casos de tortura o de malos tratos infligidos por agentes del orden o por funcionarios de prisiones, así como sobre la trata y la violencia, en particular la violencia sexual y doméstica, contra las mujeres, los niños y otros grupos vulnerables, y sobre las medidas de reparación, en particular las indemnizaciones y la rehabilitación, de que se han beneficiado las víctimas.


  1. CAT/C/PER/CO/5-6, 21 de enero de 2013

  2. Las recomendaciones se encuentran en negrita.