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Convención Belém Do Pará (MESECVI): Observaciones referidas a las mujeres y las niñas

º INFORME FINAL SOBRE PARAGUAY.1 - 26 marzo 2012

VII. Recomendaciones

1. Generales

1.1. La violencia contra las mujeres, es una de las expresiones más visibles de la discriminación y de la existencia de relaciones de poder en la familia y en la sociedad. Se ha definido que es un problema de violación a los Derechos Humanos, porque afecta directamente: al derecho a la integridad física, psicológica y sexual de mujeres; a la vida, pues muchas terminan asesinadas luego de vivir años de violencia. También es un problema de salud pública, por su alta incidencia que afecta tanto la salud física como psicológica de un porcentaje elevado de la población, que incluye no sólo a las mujeres, sino también a sus hijos e hijas. Es un problema de inseguridad ciudadana, al constituirse no la calle, sino el propio hogar, el espacio menos seguro para más de la mitad de la población; por la alta incidencia de delitos sexuales y a la integridad física de las cuales son víctimas las mujeres por el hecho de ser tales; y porque muchos hijos al ser testigos o víctimas de violencia salen de sus casas, viven en las calles, se vinculan a actividades con pandillas u otras, generando además un grave problema social. Finalmente, la violencia por razones de género afecta la producción y el Desarrollo del país, porque: limita la participación de las mujeres a nivel comunitario y político (muchas mujeres no pueden participar porque viven amenazadas y temen la reacción violenta de sus parejas); afecta la productividad y desarrollo productivo del país y ciudades, con niveles de ausentismo laboral y secuelas de desmotivación y hasta suicidios de mujeres en edades productivas y reproductivas.

1.2. De allí que es imprescindible perseverar y seguir adoptando, desde lo diversos ámbitos, todas las medidas necesarias de carácter legislativo, administrativo y de políticas que permitan garantizar el real cumplimiento del derecho de las mujeres, la niñez y adolescencia a vivir en sociedades libres de violencia. Este es un desafío que no sólo enfrenta Paraguay sino el resto de países del mundo, que cobra particular énfasis para los que tienen ratificada la Convención Belém do Pará, como un compromiso de Estados que buscan ampliar el espacio de democracia y participación ciudadana, en el marco del desarrollo humano y el respeto a los derechos de las personas.

2. Específicas:

2.1. En el campo de la legislación hay que insistir en la pronta aprobación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, actualmente a cargo de la Comisión de Equidad Género y Desarrollo de la Cámara de Senadores/as, la Secretaria de la Mujer y UNIFEM3, quienes se encuentran co- organizando el proceso de debate para la formulación del proyecto. Es fundamental que la Ley establezca con claridad los criterios para “sancionar las formas de violencia física, psicológica, sexual, económica, institucional y simbólica contra la mujer y proteger los derechos de las víctimas de violencia”, en el marco de lo establecido en la Convención Belém do Pará, incorporando en su objeto la prevención y erradicación de la violencia, dentro del principio de integralidad.

2.2. Recomendar el fortalecimiento de la Secretaria de la Mujer para cumplir su mandato de incidir en las políticas públicas y dotarla con mayor presupuesto para ejecutar programas exitosos contra la violencia a las mujeres.

2.3. Que se cuide el aspecto de que la legislación en relación a la violencia de género no puede ser neutra, ni su sanción condicionada a la habitualidad ni a la convivencia con el agresor. Tampoco puede estar sujeta a la conciliación, mediación o cualquier otra figura que busque la solución extrajudicial de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes.

2.4. Que se considere los criterios del Informe Sombra de CLADEM Paraguay de que: La Ley 1600 y las disposiciones existentes en el Código Penal-Ley 1160/97 modificada por la Ley 3440 del año 2008 son insuficientes y no contempla la multiplicidad de tipos penales en las que las mujeres y niñas son específicamente víctimas de violencia, por lo que el Paraguay se encuentra ante un vacío legislativo contribuyendo a la impunidad contra la violencia hacia las mujeres. Esto hace imprescindible que se tipifiquen e incluyan los delitos sexuales dentro del matrimonio y la familia, la violación, el incesto, así como la incorporación de la trata con fines de explotación sexual y con fines de explotación personal y laboral a nivel interno y no sólo internacionalmente; la caracterización de la trata con fines de explotación sexual en mujeres adultas desde enfoques de derechos humanos y no sólo de seguridad; el Femicidio, la violencia patrimonial o económica, la violencia proveniente desde el Estado, en la que entra la violencia institucional. La no penalización de prácticas médicas llevadas adelante por mujeres.

2.5. Que debe basarse en la concepción de plena inclusión de la diversidad de mujeres que viven violencia por razones de género combinadas con otras que tienen que ver con su situación socio-económica, geográfica, de edad, de identidad cultural étnica, opción sexual, etc.

2.6. Recomendar la prevención y sanción del tráfico y la trata de personas.

2.7. Recomendar que se retire como avance la inclusión de los actos de violencia, acoso sexual, injurias o malos tratos del empleador y sus representaciones, familiares y dependientes como causa justificada de terminación del contrato de trabajo por voluntad unilateral del empleado.

2.8. Recomendar la no criminalización de prácticas médicas realizadas sólo a mujeres de acuerdo a la Convención Belém Do Pará, el punto 14 de la recomendación 24 del Comité de la CEDAW y la Convención sobre Esclavitud.

2.9. Respecto a Planes, servicios especializados, campañas es recomendable la formulación de una política de prevención, que forme parte de la respuesta integral e intersectorial, sobre todo a partir del Ministerio de Educación y Cultura, el mismo que podría utilizar la gran red de escuelas en toda la república para implementar planes y programas escolares que fomenten desde la niñez relaciones igualitarias entre niños y niñas, así como el derecho a vivir una vida libre de violencia.

2.10. Fortalecimiento de capacidades institucionales a través de sistemas de capacitación y formación contínua para funcionarios/públicos y operadores de servicios especializados, que permita unificar lenguajes y enfoques, así como adquirir herramientas conceptos, enfoques y metodologías de atención frente a los casos de violencia; promover el trabajo articulado para mejorar la eficiencia en acciones de prevención, control-sanción, protección integral, restitución de derechos y exigibilidad; abrir espacios de discusión y reflexión crítica sobre casos concretos, buscando la auto- evaluación del trabajo diario, así como la revisión de creencias e ideas frente a la violencia y las víctimas de violencia.

2.11. Que las universidades puedan incorporar el tema de la violencia contra la mujer en el programa de formación profesional de médicos / as, asistentes sociales y abogados, incluyendo de manera particular para los equipos multidisciplinarios y los profesionales en derecho el conocimiento para la aplicación de la legislación nacional e internacional sobre DD.HH. en materia de violencia contra la mujer con enfoque de género, etario e intercultural.

2.12. Que se abran espacios de formación a periodistas y medios de comunicación, pues el abordaje que realizan la mayoría de ellos acerca de la violencia refuerza los estereotipos sexistas, las ideas machistas y la violencia.

2.13. En los casos de Trata es necesario especificar que si bien el marco normativo es necesario, el Estado debe tomar medidas que posibiliten además una atención integral y reparadora del daño psicosocial a las víctimas de trata, con las especificidades que requieren las condiciones de edad y género y atendiendo a las particularidades con que impactan en ellas los diferentes fines del delito, como la explotación sexual, la explotación laboral y la extracción de órganos”. También debe incorporarse la articulación con instituciones y la búsqueda de convenios con la empresa privada para dotar de otros servicios sociales, oportunidades de formación y opciones laborales como parte de la restitución de derechos y reinserción familiar y social de quienes han sido víctimas del delito de trata.

2.14. Considerando que la atención a las víctimas con respuestas de albergue transitorio todavía depende de las iniciativas de la sociedad civil organizada y de la cooperación internacional, deben abrirse más albergues y casas de protección para garantizar los derechos de las víctimas.

2.15. Es importante fortalecer la estrategia del trabajo en red de instituciones y sociedad civil para la coordinación y articulación de los servicios de atención especializada, en función de establecer el sistema descentralizado de protección integral.

2.16. Que se incluyan los servicios legales en los equipos profesionales de apoyo a las víctimas de violencia.

2.17. Que se acelere la creación del Programa de Acompañamiento y Protección a Testigos y Víctimas en Procesos Penales para garantizar la protección y seguridad de quienes enfrentan casos penales.

2.18. Perseverar en campañas y esfuerzos de largo aliento, sobre todo a nivel del sistema educativo, los medios de comunicación e instancias de la sociedad civil, para el cambio de patrones socio-culturales que naturalizan la violencia y crean mitos y estereotipos que la justifican.

2.19. Que se implemente lo antes posible el presupuesto con perspectiva de género, incorporando factores que permitan identificar y monitorear los recursos que las instituciones públicas invierten en reducir la situación de desigualdad entre hombres y mujeres, incluida la inversión en respuestas contra la violencia de género, como ejes transversales de su gestión.

2.20. Se debe establecer un sistema único de registro con indicadores a partir de variables que permitan desagregar género, edad, situación geográfica (urbana o rural), autodefinición de identidad cultural étnica, para poder levantar información estadística confiable orientada a la toma de decisiones y políticas. El sistema que estar vinculado al establecimiento de un mecanismo institucional de control, evaluación y seguimiento de los servicios y de los procesos de empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia.

2.21. Es menester realizar investigaciones, con metodologías cuantitativas y cualitativas sobre satisfacción de las usuarias respecto a los servicios y otros temas, que alimenten la información y den base científica en función de la construcción y redefinición de las políticas públicas.


  1. OEA/Ser.L/II.7.10; MESECVI-IV/doc.85/12