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Comité de Derechos Humanos: Observaciones referidas a las mujeres y las niñas

1º Observaciones finales sobre el primer informe presentado por el Estado adoptadas en julio de 1984.1

No se observan recomendaciones con perspectiva de género.

  1. El Comité examinó el informe inicial de Panamá (CCPR/C/4/Add.8/Rev.1) en sus sesiones 521a., 522a. y 526a., celebradas los días 11 y 13 de julio de 1984 (CCPR/C/SR.521, 522 y 526).

  2. El representante aportó una cantidad considerable de información adicional acerca de la situación en Panamá con respecto a los derechos enumerados en el Pacto y dijo, entre otras cosas, que en virtud de la Ley No. 46 de 1956, los ciudadanos contaban con diversos recursos judiciales, como el de hábeas corpus y el de amparo; que la ley garantizaba la igualdad de los sexos en materia de educación, salud, la familia y el trabajo, y que las mujeres tenían el derecho de voto desde el decenio de 1940. Sin embargo, todavía quedaba mucho por hacer para corregir determinadas actitudes discriminatorias de base cultural y psicológica.

(…)
  1. En cuanto al artículo 3 del Pacto, se observó que, si bien en el informe se señalaba que existía igualdad entre el hombre y la mujer, no había información sobre ninguna medida adoptada para mejorar la condición de la mujer. Varios miembros preguntaron cuál era la proporción entre mujeres y hombres en las universidades, en el empleo público y privado, en la Asamblea Legislativa y en el poder judicial, y qué medidas se habían adoptado para integrar a la mujer en el proceso de desarrollo, tanto en calidad de participante como de beneficiaria.
(…)
  1. Respecto de los artículos 23 y 24 del Pacto, el Comité observó que en el artículo 51 de la Constitución se preveía la protección del matrimonio por el Estado y que la posición de Panamá a este respecto era singular en la región. Los miembros pidieron más información respecto de los derechos y responsabilidades de los cónyuges, la protección de los hijos y la mortalidad materna infantil, así como sobre la labor del organismo encargado de la protección de la familia. En relación con el artículo 54 de la Constitución de Panamá, en el que se disponía que una unión de hecho surtía todos los efectos del matrimonio civil después de cinco años, se preguntó cuáles eran las razones filosóficas inherentes a ese sistema; cuál era la posición del Gobierno respecto de las uniones de hecho; si después de cinco años tales uniones asumían las características de un matrimonio legal y los hijos pagaban a ser legítimos, y si había alguna diferencia jurídica entre una familia resultante de una unión legal y la familia resultante de una unión de hecho. Algunos miembros del Comité observaron que más de 40% de la población de Panamá estaba constituida por menores de 15 años de edad, y preguntaron si había alguna protección especial para los niños cuyos padres o tutores abusaban de su autoridad, y si había alguna ley o disposición especial que los afectara, en particular respecto del trato de los delincuentes juveniles ante los tribunales.
(…)
  1. Al responder a las preguntas de los miembros, el representante del Estado parte informó al Comité de que su Gobierno trataba de mejorar las disposiciones de la Constitución a fin de satisfacer no sólo los requisitos jurídicos sino también otros factores que podían contener elementos valiosos de progreso y mejoras; que a lo largo de la historia de Panamá había habido un ciclo de crisis políticas, y que se había producido un cambio radical con la enmienda de la Constitución en 1983 en cuya virtud el pueblo tenía derecho a participar incluso en las zonas más remotas y a votar y dar a conocer su opinión por conducto de la Asamblea Nacional. También informó al Comité de que la división tradicional del pueblo en brigadas de trabajo se fomentaba en el caso de proyectos en el plano comunitario, a fin de mejorar la vivienda y de organizar un servicio sanitario en forma de campañas de vacunación y de agua potable, construcción de letrinas y capacitación de las mujeres en materia de nutrición y partos.
(…)
  1. Al responder a las preguntas relacionadas con el artículo 3 del Pacto, el representante indicó que, debido a rivalidad entre los sexos y a un sentimiento de machismo, había en Panamá quienes creían que las mujeres no debían ocupar ciertos cargos. No obstante, las mujeres desempeñaban una función activa y participaban ampliamente en la vida económica, política y social del país. Dio varios ejemplos y estadísticas a este respecto y señaló, en particular, los progresos realizados en las esferas de la enseñanza, la educación, la medicina y los servicios. En lo que se refería a cargos importantes, señaló que había habido mujeres que habían sido ministras de salud, comercio y economía y una viceministra de relaciones exteriores y que, recientemente, dos candidatos presidenciales habían elegido mujeres como candidatas a la Vicepresidencia.

(…)

  1. Respecto de las preguntas hechas en relación con los artículos 23 y 24, dijo que el Gobierno había creado un Grupo de trabajo sobre derecho de la familia que había redactado un código de la familia de carácter progresista para presentarlo a la Asamblea Nacional. En el 30% de los hogares, aproximadamente, el jefe de hogar era una mujer. No obstante, señaló que en las zonas rurales las mujeres todavía ocupaban una función tradicional y en algunas comunidades atrasadas el nivel de participación de la mujer en las actividades políticas y cívicas era bajo. El 45% de la población era menor de 15 años de edad; se trataba a todos los niños con problemas en instituciones médicas con comprensión para que pudieran volver a reunirse con sus familias y para facilitar su integración a la comunidad.

2º Observaciones finales sobre el segundo informe presentado por el Estado adoptadas en abril de 1991.2

Se sigue sin observar recomendaciones con perspectiva de género.

  1. El Comité examinó el segundo informe periódico de Panamá (CCPR/C/42/Add.7 y Add.11) en sus sesiones 1051ª a 1054ª, celebradas los días 4 y 5 de abril de 1991 (véase CCPR/C/SR.1051 a SR.1054).

No discriminación e igualdad entre los sexos

  1. Con referencia a esa cuestión, los miembros del Comité deseaban disponer de información adicional acerca de las medidas que se hubiesen adoptado desde el examen del informe inicial para mejorar la condición jurídica y social de la mujer, particularmente en las zonas rurales. También se preguntó en qué aspectos, aparte el del ejercicio de los derechos políticos, se limitaban los derechos de los extranjeros en comparación con los de los nacionales.

  2. Los miembros del Comité deseaban saber qué tipos de puestos no estaban abiertos a las mujeres; qué obstáculos estorbaban el progreso de la mujer; qué recursos se habían facilitado para el programa de acción afirmativa en favor de la mujer; cuál era la actual situación de los extranjeros, en particular de los de origen chino, y qué se había hecho en favor de extranjeros que hubiesen sufrido discriminación y malos tratos; si la situación especial otorgada al cristianismo no constituía de hecho una discriminación contra otras religiones; cuál era el fundamento de las diferentes causales de divorcio aplicables a hombres y mujeres; si las mujeres gozaban de igualdad en lo que respecta a la enajenación de bienes conyugales; por qué los panameños que eran ciudadanos de nacimiento gozaban de una situación superior a la de los que no lo eran y cuál era la posición de las personas que solicitaban asilo en embajadas en Panamá, en particular personal militar acusado de delitos graves.

  3. En respuesta a preguntas planteadas por miembros del Comité, el representante explicó que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario estaba creando organizaciones femeninas en zonas rurales, apoyadas financieramente por una organización nacional de desarrollo rural. En la promoción del progreso de la mujer, el Gobierno encontraba obstáculos económicos y culturales; estos últimos, en particular, no eran fáciles de salvar. Los extranjeros no tenían derechos políticos y estaban sujetos a condiciones especiales en el ejercicio de ciertas actividades. Determinados puestos de la función pública estaban reservados a nacionales panameños y aunque toda persona tenía libertad para ejercer cualquier profesión u oficio, con sujeción a las normas pertinentes, sólo los nacionales panameños tenían derecho a ejercer la profesión jurídica y el comercio al por menor.

  4. En respuesta a otras preguntas, el representante señaló que los informes anteriores se habían centrado en la legislación y las garantías constitucionales y no habían logrado dar una imagen auténtica de la situación real respecto a los derechos humanos en Panamá. Por ejemplo, la asignación de recursos a programas sociales había resultado perjudicada por el exceso de gastos militares. No se ponía restricción alguna a la profesión de otras religiones aparte de la católica, que también gozaban de pleno reconocimiento ante la ley. Se habían modificado las causales de divorcio y el Código Civil colocaba actualmente a hombres y mujeres en igualdad de condiciones ante la ley a ese respecto. Hombres y mujeres gozaban de iguales derechos respecto de los bienes matrimoniales y las herencias. La única diferencia entre ciudadanos panameños de nacimiento y los naturalizados era que el Presidente de la República, los jueces del Tribunal Supremo, el Fiscal General y el Contralor General tenían que ser panameños de nacimiento. Panamá reconocía el derecho de asilo y creía que se podría encontrar una solución a problemas actuales utilizando el mecanismo establecido en virtud de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Se habían entregado ilegalmente grandes sumas de dinero a nacionales chinos y se había creado una comisión para investigar el problema.

(….)

Derecho a la vida

  1. Los miembros del Comité deseaban saber también el número de bajas resultantes de los disturbios de 1987 y de los acontecimientos de diciembre de 1989; si se había investigado el uso excesivo de fuerza por parte de miembros de la policía, del ejército o de las tropas invasoras en esos casos; si los autores de delitos podían ser castigados en el ámbito de la jurisdicción penal local; si se había establecido una oficina especial para atender preguntas de familiares de personas muertas en diciembre de 1989; qué reglamentos regían la conducta de la policía y si estaban de conformidad con el Código de conducta de las Naciones Unidas para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; si Panamá disponía de mecanismos independientes para investigar el uso excesivo de fuerza por funcionarios de policía, y si la situación panameña había sido examinada alguna vez por el Grupo de Trabajo Encargado de Examinar Cuestiones Relativas a Desapariciones Forzadas o Involuntarias o por el Relator Especial sobre ejecuciones sumarias y arbitrarias. Además, se preguntó en qué momento consideraban que empezaba la vida las leyes panameñas sobre el aborto; cuál era la política ambiental de Panamá; si había problemas de drogas en Panamá y qué medidas se habían adoptado para desalentar el tráfico de drogas; si se habían adoptado medidas para controlar la propagación del VIH por las prostitutas, y si el Gobierno estaba tratando de crear puestos de trabajo para los sectores más pobres de la sociedad panameña.
(…)
  1. En respuesta a otras preguntas, el representante dijo que la Oficina del Procurador General tenía la responsabilidad de investigar las muertes y desapariciones y otras violaciones de derechos humanos que hubiesen ocurrido en el curso de los últimos 21 años. En realidad, el número real de muertes y desapariciones parecía bastante bajo. Más del 60% de los jóvenes panameños consumían drogas. El Gobierno estaba adoptando medidas respecto a una serie de problemas relacionados con las drogas y estaba consiguiendo progresos. El aborto era un delito tipificado en el Código Penal, punible con pena de privación de libertad. Tanto las mujeres involucradas como las personas que practicaban los abortos eran castigadas frecuentemente. Las prostitutas tenían que someterse a reconocimiento médico cada tres meses.
(…)

Protección de la familia y del niño

  1. En relación con este asunto, algunos miembros del Comité preguntaron si se había promulgado el proyecto de Código de la Familia y cuáles eran sus principales disposiciones. Pidieron información sobre las actividades y los logros de la Autoridad encargada del Niño y la Familia; sobre las medidas prácticas que se habían tomado para reforzar el disfrute por parte de la mujer de su igualdad de derechos durante el matrimonio; y sobre cualquier plan para eliminar las disposiciones de carácter discriminatorio respecto del divorcio que figuraban en el Código Civil. Algunos miembros también desearon saber si el derecho de Panamá tiene alguna disposición que proteja a los niños contra los malos tratos, y por qué el Estado no pagaba subvenciones a las familias numerosas.

  2. En respuesta a las preguntas planteadas por los miembros del Comité, el representante dijo que el proyecto de Código de la Familia estaba examinándose, y que el Departamento de Bienestar Social del Ministerio de Trabajo estaba formulando un plan ambicioso en diversas esferas de interés para el niño y la familia. La discriminación por razón de sexo era inconstitucional, pero seguía habiendo muchos problemas culturales. A este respecto, se estaba preparando una campaña de educación para informar en mayor medida a las mujeres de sus derechos jurídicos. Se habían abolido todas las disposiciones discriminatorias con respecto al divorcio, y las leyes recientes también daban a la mujer el derecho a mantener sus propios apellidos después del matrimonio.

3º Observaciones finales sobre el tercer informe presentado por el Estado adoptadas el 3 de abril de 2008.3

  1. El Comité examinó el tercer informe periódico de Panamá (CCPR/C/PAN/3) en sus sesiones 2520ª y 2521ª (CCPR/C/SR.2520 y 2521), celebradas los días 24 y 25 de marzo de 2008, y aprobó, en su sesión 2535 (CCPR/C/SR. 2535), celebrada el 3 de abril de 2008, las siguientes observaciones finales.

C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones4

  1. El Comité expresa su preocupación por la legislación restrictiva del aborto en el Código Penal, en particular la limitación de que sea practicado dentro de los dos primeros meses de embarazo cuando se efectúa como consecuencia de una violación, la cual debe ser acreditada en instrucción sumarial. (Artículo 6 del Pacto).

    El Estado parte debería revisar su legislación de forma que la misma ayude efectivamente a las mujeres a evitar embarazos no deseados y que éstas no tengan que recurrir a abortos clandestinos que podrían poner en peligro sus vidas.

    (…)

  2. El Comité expresa su preocupación ante la discriminación de que es objeto la mujer en el ámbito laboral, incluido el acceso al empleo y las diferencias salariales, a pesar de que la tasa de matriculación femenina en la enseñanza superior supera a la masculina. Preocupa también al Comité la información recibida según la cual, pese a la prohibición legal, se mantiene la práctica de solicitar pruebas de embarazo como requisito para el acceso al empleo. (Artículos 26 y 3 del Pacto).

    El Estado parte debería redoblar sus esfuerzos para combatir la discriminación contra las mujeres en el mundo laboral a fin de garantizar, entre otros, la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, el salario igual por trabajo igual y la erradicación de la pruebas de embarazo para el acceso al empleo. El no respeto de la prohibición de las pruebas de embarazo debería ser objeto de sanción efectiva.

  3. Pese a las disposiciones normativas dirigidas a promover la participación política de la mujer el Comité lamenta la persistencia de bajos índices de participación en este ámbito, tanto en los cargos de elección popular como en los de libre nombramiento. (Artículos 3, 25 y 26 del Pacto).

    El Estado parte debería cumplir los objetivos señalados en ese sentido en la Ley de Igualdad de Oportunidades, y en particular tomar medidas para asegurar un incremento de la presencia de la mujer en los niveles más altos de la función pública.

  4. El Comité celebra la existencia de una ley contra la violencia doméstica y las medidas tomadas para garantizar su aplicación. Le preocupa sin embargo la alta incidencia de este fenómeno, el elevado número de muertes violentas de mujeres que resultan del mismo y la impunidad de los agresores. (Artículos 3 y 7 del Pacto).

    El Estado parte debería redoblar sus esfuerzos con miras a aplicar la ley contra la violencia doméstica y proteger a las mujeres víctimas de dicha violencia, tales como la creación de albergues en cantidad suficiente donde puedan vivir dignamente, la protección policial de las víctimas y la investigación y castigo de los agresores. En este sentido, el Comité agradecería recibir estadísticas sobre causas abiertas por estos hechos y los resultados de las mismas.

  5. El Comité toma nota de los esfuerzos del Estado parte por registrar todos los nacimientos, pese a lo cual lamenta que aún existan personas no registradas, especialmente en zonas rurales y en comunidades indígenas. (Artículos 16, 24 y 27)

    El Comité recomienda que el Estado parte refuerce las medidas programáticas y presupuestarias necesarias y tome en consideración las buenas prácticas de otros países en esta materia con el fin de asegurar el registro de nacimientos y otros actos de registro civil en todo el territorio nacional, incluido el registro de adultos.


  1. Suplemento No. 40 (A/39/40), 20 de septiembre de 1984

  2. Suplemento No. 40 (A/46/40), 10 de octubre de 1991

  3. CCPR/C/PAN/CO/3 - 17 de abril de 2008

  4. Las recomendaciones se encuentran en negrita.