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Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Observaciones referidas a las mujeres y las niñas

1º Observaciones finales sobre el primer informe presentado por el Estado adoptadas en enero de 1985.1

No se observan recomendaciones.

  1. El Comité examinó el informe inicial de Panamá (CEDAW/C/5/Add.9), en sus sesiones 50a. y 55a., celebradas los días 23 y 28 de enero de 1985 (CEDAW/C/SR.50, 55 y 62).

  2. Presentó el informe el representante del Estado Parte, quien afirmó que en Panamá el principio de la igualdad de la mujer había sido incorporado en todas las esferas del derecho y el Gobierno había promovido la aplicación de los derechos de la mujer.

  3. La mujer gozaba de plenos derechos políticos en pie de igualdad con el hombre. La mujer mayor de 18 años de edad tenía el derecho al voto y a ser elegida para cualquier cargo.

  4. En relación con la educación, pese a que todavía existía el analfabetismo, era ligeramente inferior en el caso de la mujer que en el del hombre (el 11,6% en comparación con el 12,9%). Más del 50 % de los estudiantes eran mujeres, y había mujeres estudiando disciplinas tradicionalmente masculinas como la ingeniería y la geología. Ese logro en la esfera de la educación había permitido emplear a muchas mujeres en puestos altamente calificados, por ejemplo, en instituciones gubernamentales, la banca, la industria, el comercio y la gestión de empresas.

  5. En lo referente al empleo de la mujer, era obligatorio pagar el mismo salario por el mismo trabajo; en la práctica, no obstante, el trabajo de la mujer había sido objeto a menudo de una clasificación inferior al del hombre. Aproximadamente una tercera parte de las mujeres trabajadoras estaban empleadas en el sector doméstico.

  6. Había continuado el proceso de migración de la mujer de las zonas rurales a las ciudades en busca de trabajo. Por lo tanto, el número de desempleadas en las capitales era el doble que el de desempleados; en la capital había un 7% más de mujeres que hombres, mientras que en las zonas rurales la proporción era tan sólo de 89 mujeres por 100 hombres.

  7. El sistema de seguridad social era extensivo a toda la población trabajadora y sus familias, incluidos los niños. El representante declaró que la mujer gozaba de una situación privilegiada ya que podía jubilarse a los 55 años; la edad de jubilación para el hombre eran los 60 años. No existía la discriminación sexual en las pensiones o en las indemnizaciones a víctimas de accidentes de trabajo.

  8. El representante de Panamá declaró que el nuevo Código Penal favorecía a la mujer porque estipulaba sanciones punitivas, incluso con prisión, por incumplimiento de los deberes familiares, situación que había sido bastante frecuente en Panamá donde muchos hombres abandonaban a sus familias.

  9. El Código Civil disponía la protección jurídica de la mujer casada y de la mujer en unión consensual. El Código protegía también y determinaba los derechos de la mujer en caso de divorcio, cuestiones de domicilio y protección de los derechos de los padres y los derechos de los menores, y garantizaba la igualdad de condición de todos los hijos, incluidos los nacidos fuera del matrimonio. El nuevo Código de la Familia y el Menor, que había sido presentado a la Asamblea Legislativa en octubre de 1984, estipulaba una protección incluso más amplia de los derechos de la mujer en lo relativo a la familia.

  10. Se agradeció al representante de Panamá la franca e informativa exposición de la situación de la mujer en Panamá tanto en el informe del Gobierno como en la declaración introductoria que acababa de hacer. Una experta pidió que se hiciera una reseña de la situación económica, social y política del país y de la participación tradicional de la mujer en las organizaciones y movimientos políticos, y que se proporcionara información sobre el número de mujeres vinculadas a los partidos políticos y sobre los cargos que ocupaban en el Gobierno y otros órganos directivos. Una experta preguntó por qué el número de mujeres votantes y elegidas había disminuido y si se habían adoptado medidas encaminadas a incrementar la participación de la mujer en la vida política.

  11. Muchas expertas expresaron su beneplácito por la creación de la Oficina de la Mujer y solicitaron información más detallada. Una experta preguntó si se había establecido algún tipo de cooperación entre esa Oficina y las organizaciones no gubernamentales.

  12. Dado que en el informe se indicaba que los panameños de más de 18 años de edad eran ciudadanos de la República, se pidieron aclaraciones sobre la condición jurídica de los menores de 18 años.

  13. Varias expertas preguntaron si la prostitución se refería sólo a la prostituta o si incluía a los clientes y al proxeneta. Se pidió que se esclareciera la expresión “mujeres de reconocida mala vida”. Una experta preguntó por qué había tal abundancia de normas sobre la prostitución si no era un delito. Otra experta preguntó por qué la aplicación de medidas y sanciones relativamente rigurosas a la prostitución femenina iba aparejada con un trato liberal a los depravados y corruptores de menores. Se opinó que aunque las prostitutas eran objeto de vigilancia policial, restricciones y sanciones, no se prestaba atención a la cuestión de los programas adecuados de rehabilitación social. Una experta preguntó si la prostitución estaba relacionada con el alcoholismo y el uso indebido de drogas y, en caso afirmativo, en qué medida.

  14. Algunas expertas destacaron que la discriminación subsistía pese a los esfuerzos realizados por el Gobierno. Se formularon preguntas sobre las medidas adoptadas para aplicar y garantizar la observancia de la reglamentación jurídica vigente que garantizaba la igualdad, especialmente en las esferas del empleo y la educación. También se solicitaron datos comparativos que reflejaran los cambios experimentados por la mujer en materia de alfabetismo, educación y empleo durante un período dado de tiempo (por ejemplo, un año, cinco años, etc.).

  15. Una experta dijo que si bien había menos analfabetismo entre las mujeres y en ciertas profesiones liberales había más mujeres estudiantes que hombres, la mujer no gozaba de igualdad en materia de oportunidades: el desempleo afectaba con mayor frecuencia a la mujer, y ésta recibía salarios más bajos y tropezaba con problemas graves para alcanzar los niveles directivos. La experta indicó que no compartía plenamente la afirmación de que el modo más fácil de establecer la igualdad de remuneración consistiría en mejorar la formación profesional e institucional de la mujer. Si bien la formación profesional era importante, el verdadero obstáculo radicaba en los perjuicios tradicionales.

  16. Se solicitó más información sobre las estudiantes universitarias y sus perspectivas de carrera. Algunas expertas pidieron más información sobre el analfabetismo, en particular entre las mujeres indígenas, y sobre los programas de alfabetización para la mujer, y preguntaron por qué muchos niños no asistían a la escuela a pesar de que la enseñanza era gratuita. Muchas expertas pidieron información estadística pormenorizada sobre la matrícula femenina y masculina, el abandono de la escuela y el rendimiento escolar en diferentes niveles de la enseñanza, y preguntaron cuál era el porcentaje de mujeres en la enseñanza técnica.

  17. Se formularon preguntas con respecto a la situación jurídica de las funcionarias de la administración pública y sobre el número de mujeres que se desempeñaban como profesionales, incluidas las ocupaciones judiciales. Una experta preguntó cuál era el significado de la expresión “jornada de trabajo mixta” y pidió más información sobre los medios de que disponían las funcionarias públicas en materia de apelación de decisiones administrativas.

  18. Una experta preguntó si la tasa de desempleo entre las mujeres había aumentado. Otra experta preguntó si las empleadas particulares, en particular las empleadas domésticas, tenían acceso a la seguridad social y si podían pertenecer a sindicatos.

  19. Se formularon algunas preguntas sobre el creciente número de mujeres que se incorporaban a la fuerza de trabajo y se preguntó si ello era resultado de la necesidad económica o del deseo de las mujeres de participar en pie de igualdad en la vida económica, política y social.

  20. Algunas expertas opinaron que el hecho de que las mujeres no pudieran desempeñar diversos empleos debido a “la naturaleza física de la mujer” era una forma de discriminación y opinaron que toda decisión al respecto debía corresponder a las propias mujeres. También preguntaron por qué se consideraba que el trabajo nocturno no era apto para las mujeres.

  21. En cuanto a la jubilación de la mujer a una edad más temprana, en opinión de una experta el informe reflejaba una situación de protección excesiva e incluso de discriminación. Además, se preguntó por qué se hacía referencia a la esperanza media de vida, en vista especialmente de que, en general, las mujeres vivían más y debían recibir asistencia y reeducación profesional para poder continuar en el trabajo.

  22. Se preguntó qué medidas adoptaría el Gobierno para poner fin a la discriminación de la mujer en el empleo, eliminar los conceptos estereotipados, modificar la orientación profesional y aplicar el principio de igual remuneración por igual trabajo. Una experta preguntó si ese principio se había incorporado al ordenamiento legal o si figuraba únicamente en la Constitución.

  23. Las expertas preguntaron si las mujeres podían presentar reclamaciones ante los tribunales y si se estaba examinando algún caso, especialmente en lo relativo a discriminaciones en el empleo, como, por ejemplo, la expulsión del trabajo. Se preguntó además si cabía revocar por decisión judicial la decisión de un empleador.

  24. Muchas expertas pidieron aclaraciones adicionales respecto a la licencia de maternidad. Una experta preguntó si era posible distribuir las 14 semanas de la licencia total de maternidad de modo distinto al especificado en el Código Laboral (6 semanas antes y 8 semanas después del parto) y si era frecuente que las mujeres reanudasen su trabajo tras la licencia de maternidad. Se planteó la cuestión de si estaban expuestas a sanciones las mujeres que trabajaban durante la licencia de maternidad previa al parto. Se preguntó también por qué se prohibía trabajar horas extraordinarias o de noche a las mujeres embarazadas que estaban dispuestas a hacerlo. Se hicieron preguntas sobre cómo se protegía del despido en la práctica a la mujer embarazada, sobre el alcance del término “causa justificada” de despido y sobre la financiación de la licencia de maternidad.

  25. Una experta preguntó si los reglamentos vigentes sobre licencia de maternidad y prestaciones de maternidad no podrían ser contraproducentes, dada la posibilidad de que los empresarios se mostrasen reacios a emplear mujeres, y preguntó si los empleadores cumplían esas disposiciones. Una experta señaló la disposición relativa al descanso de lactancia.

  26. Se preguntó si la natalidad estaba descendiendo debido a alguna política concreta y a la planificación familiar y si se adoptaría alguna política destinada a aumentar la natalidad. Se pidieron aclaraciones sobre las condiciones en que una mujer podía abortar.

  27. Una experta preguntó si se había efectuado algún progreso en la realización del proyecto para la Provincia de Colón y si había algún otro proyecto destinado a prestar asistencia a la mujer rural y a crear oportunidades para su empleo en zonas rurales.

  28. Respecto a la legislación familiar, se hicieron preguntas sobre la igualdad de derechos en el matrimonio, el divorcio y la separación. Algunas expertas pidieron aclaraciones adicionales sobre las causas de divorcio e hicieron preguntas sobre el adulterio y el concubinato.

  29. Algunas expertas preguntaron sobre las sanciones impuestas a la esposa que no quisiese seguir a su marido y si las mujeres estaban enteradas de que a tenor del artículo 83 del Código Civil, ambos cónyuges deberían fijar de común acuerdo su domicilio y que únicamente en ausencia de ese acuerdo se interpretaría que la esposa había adoptado el domicilio del marido.

  30. Algunas expertas preguntaron si las sanciones por incumplimiento de los deberes familiares eran las mismas para esposas y maridos. Una experta puso en duda que en caso de negligencia total en el cumplimiento de esos deberes, la pena de prisión pudiese ayudar a la mujer o a las familias necesitadas.

  31. Una experta preguntó por qué las viudas no podían volver a casarse durante los 300 días siguientes a la muerte del marido y si se adoptaban medidas para persuadir a los jóvenes que estuviesen legalmente autorizados a contraer matrimonio a aplazar su matrimonio y proseguir su educación.

  32. Respecto de la protección de la familia, se pidieron aclaraciones adicionales sobre la situación jurídica y material de los hijos nacidos fuera del matrimonio. Una experta preguntó si una mujer soltera podía adoptar niños.

  33. Se preguntó si el nuevo código modificaría la regulación actual de los derechos paternos, que en su formulación actual discriminaba contra la mujer, y se expresó la esperanza de que el nuevo código de la familia entrara pronto en vigor y pusiera fin a la desigualdad de derechos dentro de la familia. El código contribuiría además a modificar las actitudes negativas estereotipadas hacia la mujer. Muchas expertas mencionaron la importancia de la aplicación de las normas relativas a la patria potestad y a la violencia en la familia.

  34. El representante de Panamá respondió haciendo una reseña de las más importantes características históricas, económicas, sociales y geográficas del país, que habían influido en la situación de su población. Subrayó que su carácter de país de tránsito se debía a la construcción de un ferrocarril interoceánico y del Canal de Panamá a comienzos del siglo XX, situando el país en un tipo de economía dependiente como país de exportación terciaría, mientras que la población estaba reducida a la agricultura de subsistencia. También mencionó el fenómeno de la migración de trabajadores y su repercusión en la situación social del país, que había tenido que afrontar condiciones deplorables de subdesarrollo. La Constitución de 1946, que establecía la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, inició también el proceso de modernización de las instituciones gubernamentales.

  35. El representante de Panamá declaró que en su país no había tribunales con competencia para conocer de los casos de discriminación. En la actualidad los derechos de la mujer se respetaban en un 50%. Explicó que la creación de la Oficina de Promoción de la Mujer constituía el primer esfuerzo a nivel gubernamental para crear un órgano especial para la formación y la promoción de la mujer. En lo concerniente a la pregunta de por qué seguían en vigor disposiciones discriminatorias, el representante creía que el Gobierno se proponía corregir esa situación, aunque también pensaba que las organizaciones no gubernamentales y la Oficina de Promoción de la Mujer debían ejercer presión en ese sentido.

  36. El representante de Panamá explicó que la prostitución y la trata de mujeres blancas guardaban relación con la situación de tránsito del país. A pesar de las disposiciones y sanciones legales, no podían eliminarse esas plagas. Se castigaba la prostitución, la explotación y el proxenetismo, pero no tenían carácter de delitos, sino de infracciones que eran de la competencia de la policía. Era de esperar que el Código Penal de 1983 corrigiera esa situación.

  37. En lo referente a la participación política de la mujer, explicó que a pesar del reconocimiento pleno de los derechos de la mujer aún era limitada su participación electoral. Esto se debía probablemente a que la mujer no tenía conciencia cabal de esos derechos. Aunque el 54% de las mujeres trabajaba en los servicios, hacia 1975 habían comenzado a introducirse en el campo técnico y en el campo político. El representante presentó un desglose estadístico de los cargos políticos que ocupaba la mujer panameña.

  38. La ciudadanía, con todos los derechos civiles y políticos conexos, se adquiría a los 18 años. Los padres estaban obligados a mantener a sus hijos hasta los 18 años, y hasta los 25, si cursaban estudios.

  39. En la esfera de la educación, la mujer tenía los mismos derechos que el hombre e igual acceso a todos los campos de estudio. Desde la primera Constitución promulgada en 1903, la enseñanza primaria era obligatoria y gratuita. En el decenio de 1970 se habían adoptado medidas para extender la enseñanza a las zonas rurales. En 1980, el 84,1% de todas las jóvenes recibían algún tipo de enseñanza. En cuanto a la enseñanza preescolar, en Panamá existían servicios privados o públicos destinados al cuidado de los niños. El Estado subvencionaba a las instituciones públicas. El representante de Panamá también proporcionó datos estadísticos sobre la situación de la enseñanza a diversos niveles. Aunque no contaba con información específica sobre las jóvenes, dijo que últimamente había aumentado la tasa global de deserción escolar. En los niveles primario y secundario era mayor el porcentaje de varones, y las jóvenes seguían eligiendo los estudios tradicionales. Aunque la tasa de analfabetismo entre las mujeres era más elevada que entre los hombres, recientemente se había intensificado la educación para mujeres adultas.

  40. En lo concerniente al empleo, el representante de Panamá dijo que en su país se practicaba la discriminación en materia de salarios en detrimento de la mujer y sin darle ninguna posibilidad de recurso. Suministró algunos datos estadísticos sobre la población económicamente activa y sobre los porcentajes de empleo y desempleo, y dijo que el 26,6% de las mujeres estaban empleadas, en comparación con el 73,4% de los hombres. Aunque las condiciones de trabajo eran las mismas para ambos sexos, las posibilidades de ascenso no eran iguales. Las empleadas domésticas representaban el porcentaje más elevado de mujeres, a saber, el 54%, y no habían formado sindicatos ni estaban protegidas por las normas de seguridad social. La mujer panameña participaba en el mercado de trabajo por diversas razones: para llegar a ser económicamente independiente, para aumentar el presupuesto familiar o por necesidad económica cuando debía mantener a su familia por sí sola.

  41. La licencia de maternidad era uno de los derechos más importantes de la mujer en Panamá. Consistía en una licencia remunerada de seis semanas antes del parto y ocho semanas después del parto y era obligatorio. Si se descubría que una mujer en goce de licencia de maternidad trabajaba debía devolver el subsidio. Sólo se permitía el despido de una mujer embarazada en ciertas circunstancias muy graves, tales como falta de honradez o ausencia injustificada. La protección de la maternidad se extendía a todas las mujeres asalariadas del sector público y del sector privado y también a las empleadas domésticas. En este último caso, la licencia de maternidad corría a cargo del empleador y en todas los demás estaba a cargo de los servicios de seguridad social.

  42. Por “jornada de trabajo mixta” se entendía una modalidad de trabajo que consistía en horas consecutivas de trabajo durante el día y durante la noche.

  43. Al declarar algunos trabajos no adecuados para la mujer, la legislación panameña seguía los convenios pertinentes de la OIT.

  44. En lo referente a las vacaciones, todo trabajador, sin distinción de sexo, tenía derecho a un día de licencia para cada 11 días de trabajo y, al término de un año a 30 días de licencia.

  45. En cuanto a las disposiciones relativas al descanso de lactancia y a las guarderías, el representante de Panamá dijo que actualmente ninguna empresa contaba con las instalaciones necesarias para cumplir esas disposiciones.

  46. El representante declaró que, salvo por razones terapéuticas o cuando la mujer era víctima de violación, el aborto estaba prohibido. Explicó que durante los 20 últimos años la tasa de fecundidad había disminuido en el país y la esperanza de vida había aumentado.

  47. Con respecto al uso y abuso de la mujer como objeto sexual en los medios de comunicación de masas, el representante dijo que cabía esperar algunos progresos en un futuro próximo.

  48. La mujer rural sólo tenía acceso limitado al sector laboral productivo y, dado que en el país predominaba el sector de los servicios, los esfuerzos desplegados para diversificar la economía no habían tenido éxito. En lo concerniente al papel de la mujer rural, se hacían esfuerzos para reconocer la importancia de su contribución económica como miembro integrante de la familia.

  49. A propósito del tratamiento jurídico de las personas culpables de consumir o elaborar drogas, o dedicarse al tráfico de drogas, el representante de Panamá dijo que los traficantes eran condenados a penas más severas que los consumidores, a quienes se consideraba víctimas de la toxicomanía.

  50. El representante explicó que la disposición por la que se prohibía a la mujer divorciada contraer matrimonio durante los 300 días posteriores a la fecha del divorcio tenía por objeto proteger a la mujer divorciada que estuviera embarazada en el momento de la separación. Sin embargo, en la práctica, no se ejercía ese control. Cabía esperar que el nuevo Código de la Familia y el Menor eliminaran completamente todo vestigio de discriminaciones en las relaciones conyugales. En caso de desacuerdo entre los cónyuges con respecto a la fijación del domicilio, normalmente la mujer tenía que seguir al marido. En las actuaciones de divorcio ambos cónyuges tenían que contar con el asesoramiento de un abogado.

  51. Las personas solteras sin distinción de sexo podían adoptar un niño, siempre que éste fuera del mismo sexo que el adoptante. Si uno de los cónyuges deseaba adoptar un niño, era necesario el consentimiento del otro.

  52. Mientras que en la ley anterior sólo el marido estaba obligado a pagar alimentos, la nueva ley estipulaba la obligación recíproca de ambos cónyuges. El nuevo Código de la familia fijaba la edad mínima para contraer matrimonio en 15 años para las jóvenes y 16 para los jóvenes.

  53. El representante concluyó diciendo que los esfuerzos de muchas organizaciones de mujeres en su país habían movido al Gobierno a tomar medidas para mejorar la condición de la mujer. Las preguntas pendientes de respuesta se contestarían en el próximo informe.

2º Observaciones finales sobre el segundo y tercer informe presentados por el Estado adoptadas el 30 de junio de 1998.2

  1. El Comité examinó los informes periódicos segundo y tercero de Panamá (CEDAW/C/PAN/2-3) en sus sesiones 392ª y 393ª celebradas el 30 de junio de 1998 (véanse CEDAW/C/SR.392 y 393).

Esferas de preocupación y recomendaciones del Comité3

  1. Preocupa al Comité que ni en la constitución de la República de Panamá ni en ninguna otra disposición legislativa figure una clara mención específica a la eliminación de la discriminación contra la mujer.

  2. El Comité recomienda que se revise toda la legislación a fin de que en ella se disponga expresamente la eliminación de la discriminación contra la mujer.

  3. El Comité observa con preocupación la nula difusión y divulgación de la Convención en distintos niveles de la sociedad panameña.

  4. El Comité recomienda que se inicie una campaña intensa de difusión, educación y capacitación sobre los principios de la Convención, particularmente dirigida a jueces, abogados, periodistas, maestros y a las mujeres de Panamá.

  5. El Comité solicita que en el próximo informe se entreguen estadísticas por sexo, para poder conocer los resultados de la programación que se ha planteado y se espera realizar.

  6. El Comité expresa su profunda preocupación por la situación general de la trabajadora en Panamá. No obstante las disposiciones legales que garantizan salario igual por igual trabajo, esto no ocurre realmente; la mujer sigue siendo discriminada en el lugar de trabajo. Igualmente, la mujer no tiene una protección efectiva en cuanto a la licencia de la maternidad y para la lactancia. La mujer, a pesar de que tiene una educación en muchos casos superior a la del hombre, no representa más del 28% de la población económicamente activa.

  7. El Comité recomienda que el mecanismo nacional inicie una campaña que garantice la igualdad de tratamiento en el lugar de trabajo. Recomienda también que se aplique enérgicamente la legislación relativa a la licencia de maternidad y para la lactancia a fin de garantizar la protección debida de la mujer.

  8. Preocupa al Comité que sean analfabetas el 53% de las mujeres, en su mayoría mujeres indígenas. Igualmente el Comité nota con preocupación la persistencia de los estereotipos de género cuya consecuencia es que un gran número de muchachas interrumpen sus estudios para contraer matrimonio o dedicarse al trabajo en el hogar.

  9. El Comité recomienda con carácter urgente al Gobierno de Panamá que inicie una campaña intensa de educación con el fin de velar por que todas las muchachas y mujeres panameñas completen su instrucción y reducir marcadamente el número de niñas adolescentes que abandonen la escuela antes de terminar para dedicarse al trabajo no especializado o para contraer matrimonio.

  10. El Comité se muestra muy preocupado respecto al tratamiento de la salud reproductiva de las mujeres en Panamá, así como por un aparente retroceso en el tratamiento del derecho a un aborto en caso de que el embarazo sea consecuencia de una violación. El Comité recomienda que se tomen medidas multidisciplinarias para garantizar una atención especial a las víctimas de la violencia sexual, medidas que deben ser comprender la atención legal y psicológica de la víctima. Asimismo, recomienda que se conceda la oportunidad a las mujeres panameñas que resulten embarazadas al ser violadas de poner fin a su embarazo.

  11. El Comité recomienda que se ofrezcan programas de capacitación para líderes políticos y alienta la incorporación masiva de las mujeres a la actividad democrática y a la toma de decisiones.

  12. El Comité observa con preocupación el tratamiento discriminatorio que se efectúa para las mujeres que ejercen la prostitución en Panamá, más aún que una prostituta difícilmente pueda defenderse acusando legalmente en caso de ser violada, puesto que aun ahora el Código habla del requisito de la “castidad y virtud de la víctima” para poder tener derecho a proponer una acción legal de esta naturaleza.

  13. El Comité recomienda que se redoblen los esfuerzos para eliminar los estereotipos arraigados.

  14. El Comité pide que se dé amplia difusión a las presentes observaciones finales en Panamá, a fin de que la población de Panamá y especialmente sus funcionarios públicos y políticos conozcan las medidas que se han adoptado a fin de garantizar la igualdad de facto de la mujer y las demás medidas que se requieren al respecto. Además, el Comité pide también al Gobierno que siga difundiendo ampliamente, especialmente entre las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, la Convención, las recomendaciones generales del Comité y la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing.

3º Observaciones finales sobre los informes del cuarto al séptimo presentados por el Estado adoptadas el 1 de febrero de 2010.4

  1. El Comité examinó los informes periódicos cuarto, quinto, sexto y séptimo combinados de Panamá (CEDAW/C/PAN/7) en sus sesiones 922ª y 923ª celebradas el 1 de febrero de 2010 (véanse CEDAW/C/SR.922 y 923). La lista de cuestiones y preguntas del Comité figura en el documento CEDAW/C/PAN/Q/7 y las respuestas de Panamá figuran en el documento CEDAW/C/PAN/Q/7/Add.1.

Principales esferas de preocupación y recomendaciones5

  1. Si bien recuerda la obligación del Estado parte de aplicar en forma sistemática y continua todas las disposiciones de la Convención, el Comité considera que el Estado parte debería prestar atención prioritaria a las inquietudes y recomendaciones señaladas en las presentes observaciones finales. Por consiguiente, exhorta al Estado parte a que centre sus actividades de aplicación en esas esferas y a que indique en su próximo informe periódico las medidas adoptadas y los resultados obtenidos. También lo exhorta a que transmita las presentes observaciones finales a todos los ministerios competentes y otras estructuras gubernamentales en todos los niveles, al Parlamento y al poder judicial, a fin de garantizar su aplicación efectiva.

Parlamento

  1. Si bien reafirma que incumbe al Gobierno la responsabilidad primordial de cumplir plenamente las obligaciones que el Estado parte ha contraído en virtud de la Convención y especialmente de rendir cuentas al respecto, el Comité destaca que la Convención es vinculante para todos los poderes públicos e invita al Estado parte a que aliente a su Parlamento nacional a que, de conformidad con su mandato y reglamento, y cuando proceda, adopte las medidas necesarias respecto de la aplicación de las presentes observaciones finales y el próximo proceso de presentación de informes con arreglo a la Convención.

Marco jurídico para la igualdad, la no discriminación y la definición de discriminación

  1. El Comité acoge con beneplácito la Ley núm. 4 de 1999 y la incorporación al derecho interno de una definición de discriminación en consonancia con la Convención. El Comité acoge también con satisfacción el gran número de leyes que se han promulgado en el Estado parte para fomentar la igualdad entre los géneros y la no discriminación. Sin embargo, el Comité lamenta que muchas de esas leyes no se hayan puesto en práctica eficazmente. Si bien acoge con beneplácito la continuación del diálogo sobre el femicidio en el Estado parte, el Comité está preocupado por el hecho de que esa cuestión no se haya tratado suficientemente en las leyes penales y de otro tipo, y porque no haya datos fiables sobre los femicidios en el Estado parte.

  2. El Comité recomienda al Estado parte que adopte todas las medidas necesarias y asigne recursos suficientes para aplicar tanto de jure como de facto todas las medidas jurídicas encaminadas a garantizar la igualdad entre los géneros y la no discriminación. En ese sentido, exhorta al Estado parte a que asigne recursos financieros y humanos suficientes para supervisar y evaluar la aplicación de esas medidas jurídicas. El Comité insta también al Estado parte a que adopte medidas para ocuparse del femicidio en el Código Penal y otras leyes pertinentes en un plazo claro, y a que recopile datos fiables sobre los femicidios.

Visibilidad de la Convención y del Protocolo Facultativo

  1. Si bien hace notar los progresos realizados por el Estado parte en el fortalecimiento de la igualdad entre los géneros y los derechos de la mujer en Panamá, en particular mediante la promulgación de leyes contra la discriminación, el Comité lamenta la insuficiente información proporcionada sobre el uso que hacen las mujeres de los mecanismos existentes para presentar demandas judiciales y sobre el conocimiento insuficiente acerca de la Convención y el Protocolo Facultativo entre los poderes públicos, la judicatura, los agentes del orden y las propias mujeres.

  2. El Comité exhorta al Estado parte a que adopte todas las medidas necesarias para asegurar que todos los poderes públicos y la judicatura conozcan suficientemente y apliquen las disposiciones de la Convención como marco para todas las leyes, sentencias judiciales y políticas sobre la igualdad entre los géneros y el adelanto de la mujer. Recomienda que el Estado parte haga que las propias mujeres tomen conciencia de la Convención, en particular las mujeres de zonas rurales y las indígenas. El Comité recomienda también que el Estado parte haga que la Convención forme parte integrante de la educación jurídica de los funcionarios públicos, a fin de asegurar que el espíritu, los objetivos y las disposiciones de la Convención sean de dominio público y se invoquen sistemáticamente en los procesos judiciales. Recomienda asimismo que el Estado parte adopte todas las medidas apropiadas para hacer que las disposiciones de la Convención y el Protocolo Facultativo formen parte del sistema de enseñanza en todos los niveles y estén disponibles en las distintas lenguas indígenas para que todas las mujeres y niñas puedan tener acceso a ellos.

Medidas especiales de carácter temporal

  1. El Comité está preocupado por el hecho de que las medidas especiales de carácter temporal no se utilicen sistemáticamente en el Estado parte como estrategia necesaria para acelerar el logro de la igualdad de facto entre las mujeres y los hombres en todas las esferas de la Convención. El Comité también está preocupado porque la falta de una comprensión clara de las medidas especiales de carácter temporal y de la razón por la que se aplican en virtud del párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, que es de aplicación directa en el Estado parte, está obstaculizando el logro de la igualdad de facto entre las mujeres y los hombres.

  2. El Comité alienta al Estado parte a adoptar leyes que dispongan específicamente la adopción de medidas especiales de carácter temporal de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y con la recomendación general núm. 25 del Comité para agilizar el logro de la igualdad de facto entre las mujeres y los hombres en los ámbitos en que la mujer no esté suficientemente representada o esté en situación desfavorable. El Comité recomienda que el Estado parte haga que se tome conciencia pública de la aplicabilidad directa del párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, así como de la importancia de las medidas especiales de carácter temporal para agilizar el proceso encaminado al logro de la igualdad entre los géneros.

Mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer

  1. El Comité acoge con beneplácito la creación de nuevos mecanismos y estructuras institucionales para el adelanto de la mujer, tales como el Instituto Nacional de la Mujer, la Dirección Nacional de la Mujer y el Consejo Nacional de la Mujer, encargados de promover la igualdad y ocuparse de múltiples formas de discriminación. Sin embargo, está preocupado por el nivel de coordinación entre dichos órganos y por la posible superposición de su labor. El Comité también está preocupado porque posiblemente los mecanismos nacionales encargados del adelanto de la mujer no cuenten con suficientes recursos humanos y financieros para funcionar con eficacia.

  2. El Comité recomienda que el Estado parte fortalezca el mecanismo existente para el logro de la igualdad entre los géneros proporcionándole una visibilidad adecuada, facultades y recursos humanos y financieros en todos los niveles, a fin de aumentar su eficacia y mejorar su capacidad para la coordinación y supervisión de las medidas que se adopten en los planos nacional y local para el adelanto de la mujer y la promoción de la igualdad entre los géneros. También recomienda al Estado parte que establezca funciones claras para cada una de las instituciones encargadas de promover la igualdad entre los géneros y el adelanto de la mujer.

Organizaciones no gubernamentales

  1. Si bien observa con beneplácito la presencia de una dinámica sociedad civil en el Estado parte, el Comité está preocupado por la limitada cooperación de las autoridades con las organizaciones no gubernamentales, en particular las asociaciones de mujeres, para la aplicación de la Convención. El Comité expresa su preocupación por el hecho de que aparentemente el Estado parte no comprende la función fundamental que desempeñan esas organizaciones en la aplicación de la Convención y la promoción de la igualdad entre los géneros.

  2. El Comité insta al Estado parte a que coopere de manera más eficaz y sistemática con las organizaciones no gubernamentales, en particular las asociaciones de mujeres, para la aplicación de la Convención. El Comité recomienda además que el Estado parte consulte con las organizaciones no gubernamentales durante la preparación de su próximo informe periódico.

Estereotipos

  1. El Comité reitera su preocupación por la persistencia de estereotipos tradicionales relativos a las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y la sociedad, lo que representa un impedimento considerable para la aplicación de la Convención y constituye un grave obstáculo para que las mujeres gocen de sus derechos humanos. Además, el Comité está profundamente preocupado porque, como reconoció la delegación, algunos grupos de mujeres, además de ser objeto de estereotipos de género, afrontan múltiples formas de discriminación y violencia por motivos de orientación sexual e identidad de género, entre otros. En ese sentido, el Comité observa que los medios de difusión en el Estado parte refuerzan la imagen de las mujeres como objetos sexuales y también contribuyen a los diferentes prejuicios étnicos.

  2. El Comité insta al Estado parte a que ponga más empeño en la formulación y el fortalecimiento de amplios programas de toma de conciencia para mejorar la comprensión y el apoyo en materia de igualdad entre los hombres y las mujeres en todos los estratos de la sociedad. Dichas medidas deben tener como objetivo modificar las actitudes estereotipadas y las normas culturales sobre las responsabilidades y las funciones del hombre y la mujer en la familia, el lugar de trabajo, la vida política y la sociedad, de conformidad con el apartado f. del artículo 2 y el apartado a. del artículo 5 de la Convención. El Comité también insta al Estado parte a que transforme su reconocimiento del problema de las múltiples formas de discriminación en una estrategia global para eliminar los estereotipos de género relativos a la mujer en general y, en particular, a la discriminación contra las mujeres especificadas en el párrafo 22. Dicha estrategia podría incluir programas de toma de conciencia en los planes de estudios, la capacitación de maestros y la sensibilización de los medios de difusión y el público en general, incluida la adopción de medidas destinadas concretamente a los hombres y los niños varones.

Mujeres reclusas

  1. El Comité está preocupado por la difícil situación que afrontan las mujeres reclusas, en particular respecto de su acceso a instalaciones y servicios de salud adecuados. El Comité observa con preocupación que muchas mujeres privadas de libertad sufren las consecuencias nocivas del hacinamiento, lo que limita la realización efectiva de sus derechos básicos. Está profundamente preocupado por la discriminación que afrontan dichas mujeres y las denuncias de abuso físico, verbal y sexual perpetrado por agentes de policía.

  2. El Comité insta al Estado parte a que asegure que todas las mujeres privadas de libertad del país tengan acceso a instalaciones y servicios de salud adecuados. También exhorta al Estado parte a que adopte todas las medidas apropiadas para proteger a las mujeres contra los efectos negativos del hacinamiento en las cárceles y que redoble sus esfuerzos para impartir capacitación profesional y realizar campañas de toma de conciencia para todos los profesionales que trabajan con mujeres privadas de libertad. El Comité exhorta también al Estado parte a que investigue los casos de abuso cometido por los agentes de policía y sancione a los responsables de dichos delitos.

Violencia contra la mujer

  1. El Comité acoge con beneplácito el Plan Nacional para la Prevención y Atención de la Violencia Doméstica y Políticas de Convivencia Ciudadana, en vigor desde 2004, como instrumento para superar los obstáculos jurídicos, institucionales y socioculturales y hacer frente a las múltiples facetas de la violencia doméstica. Acoge con beneplácito también la reciente aprobación de las enmiendas del Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, en las que se establecen nuevas medidas de protección relativas a la violencia doméstica, y aprecia el hecho de que la actual Administración se haya comprometido a prevenir y afrontar el problema de la violencia doméstica. Sin embargo, el Comité está preocupado por la alta prevalencia de casos de violencia contra las mujeres en el Estado parte y por la falta de servicios adecuados y de protección para las víctimas de la violencia, la falta de mecanismos de denuncia disponibles para las víctimas, y la falta de campañas de toma de conciencia para educar a las mujeres acerca de sus derechos.

  2. El Comité insta al Estado parte a que redoble sus esfuerzos para aplicar eficazmente las medidas legislativas existentes y a que haga frente a todas las formas de violencia contra la mujer, incluida la violencia doméstica, teniendo en cuenta la recomendación general núm. 19 del Comité. También insta al Estado parte a que ponga en marcha programas de educación y toma de conciencia del público por conducto de los medios de difusión para transmitir el mensaje de que todas las formas de violencia contra la mujer, incluida la violencia doméstica, son inaceptables.

  3. El Comité también observa con preocupación que las niñas están desprotegidas contra los castigos corporales y el abuso, cuando se considera que tales actos constituyen medidas disciplinarias.

  4. El Comité, de conformidad con las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, insta al Estado parte a que incluya en su legislación la prohibición de todas las formas de castigo corporal de los niños, en particular las niñas. Recomienda asimismo que el Estado parte se sensibilice acerca de las consecuencias negativas que tienen las medidas disciplinarias para el desarrollo psicosocial de las niñas.

Trata y explotación sexual de mujeres

  1. El Comité, si bien acoge con beneplácito los esfuerzos realizados por el Estado parte por investigar los factores, las causas fundamentales y las consecuencias de la trata de personas y la explotación de la prostitución de la mujer, observa con preocupación el gran número de mujeres y niñas que han sido víctimas de trata en el Estado parte y el número sumamente reducido de responsables que han sido enjuiciados y sancionados. El Comité lamenta la falta de datos del Estado parte sobre la trata y la explotación sexual de mujeres y niñas, y está preocupado por la amplitud del nuevo marco jurídico y su aplicación.

  2. El Comité pide al Estado parte que intensifique sus esfuerzos por combatir la trata de mujeres y niñas en todas sus formas. Pide también al Estado parte que reúna y analice datos de la policía y fuentes internacionales, enjuicie y sancione a los tratantes, garantice la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas víctimas de la trata y les proporcione servicios de rehabilitación. El Comité pide además al Estado parte que vele por que las mujeres y las niñas víctimas de la trata reciban el apoyo adecuado para que puedan declarar sin temor contra los tratantes. Alienta al Estado parte a que elabore programas de toma de conciencia, investigue de manera más amplia las causas básicas de la trata, capacite exhaustivamente a los jueces, los abogados, los funcionarios en el ámbito de la justicia penal, los proveedores de servicios de salud y los agentes del orden público, entre otros, sobre todas las cuestiones relativas a la explotación sexual y la trata, y a que fortalezca la cooperación bilateral y multilateral con los Estados vecinos. Se pide al Estado parte que informe sobre la aplicación de la nueva legislación relativa a la trata, especialmente en relación con el enjuiciamiento de los tratantes.

Participación en la vida política y pública

  1. Si bien acoge con beneplácito la Ley núm. 22, de 14 de julio de 1997, por la cual se reformó el Código Electoral y se dispuso, entre otras cosas, que el 30% de los cargos electivos los ocuparan mujeres, el Comité está preocupado porque no se han aplicado las medidas necesarias para garantizar que los partidos políticos cumplan esa cuota. También está preocupado por la aparente falta de conciencia e interés de los partidos políticos sobre la inclusión de más mujeres.

  2. El Comité recomienda al Estado parte que intensifique sus esfuerzos para aplicar de manera efectiva la Ley núm. 22 y fomentar la participación de la mujer en la vida política. El Comité también sugiere que el Estado parte elabore programas de capacitación sobre liderazgo destinados a las mujeres y lleve a cabo campañas de toma de conciencia sobre la importancia de la participación de las mujeres en la adopción de decisiones.

Educación

  1. El Comité, si bien acoge con beneplácito los esfuerzos realizados por el Estado parte con miras a eliminar el analfabetismo, en particular mediante campañas como “Muévete por Panamá”, observa con preocupación el alto nivel de analfabetismo de las mujeres de zonas rurales que hablan idiomas indígenas. El Comité observa también con preocupación que la elección de los estudios superiores sigue reflejando ideas estereotipadas con respecto a los ámbitos de educación apropiados para las mujeres.

  2. El Comité alienta al Estado parte a que redoble sus esfuerzos para erradicar el analfabetismo, en particular entre las mujeres de zonas rurales que hablan idiomas indígenas, teniendo en cuenta el plurilingüismo del país. También insta al Estado parte a que adopte medidas y realice estudios para abordar las causas básicas de la discriminación por motivo de género y los estereotipos de las funciones de los géneros en el ámbito de la educación, y alienta al Estado parte a que intensifique sus esfuerzos para promover la inclusión de mujeres en las carreras no tradicionales.

  3. El Comité está preocupado por el gran número de niñas que abandonan la escuela como resultado de embarazos precoces y por la falta de encuestas o estudios relacionados con este problema. También lamenta que, aunque existe una disposición jurídica (Ley núm. 29) que prevé que se continúe la educación para las niñas durante y después del embarazo, no haya ningún mecanismo efectivo para garantizar el cumplimiento de esa ley.

  4. El Comité recomienda al Estado parte que realice estudios o encuestas para analizar las principales causas de los embarazos precoces en el país y que ejecute programas o planes para fomentar la continuación de la educación para las niñas que quedan embarazadas. También recomienda que se aplique una estrategia para vigilar el cumplimiento a corto plazo de la Ley núm. 29 con objeto de facilitar que las niñas embarazadas terminen sus estudios.

Empleo

  1. El Comité observa con preocupación que, pese al alto nivel de educación en Panamá, muchas mujeres siguen registrando tasas más elevadas de subempleo y desempleo, en particular en las zonas rurales, y que las mujeres estén segregadas en sectores laborales en los que predominan salarios bajos. El Comité está preocupado además por la persistencia de una brecha salarial en el sector privado y porque no se entiende suficientemente el principio de la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado parte con miras a fortalecer la capacidad institucional para la incorporación de la perspectiva de género. El Comité observa asimismo con preocupación que la protección jurídica de las trabajadoras embarazadas y de las víctimas de acoso sexual es insuficiente, y también está preocupado por el alto nivel de trabajo infantil entre las niñas en el Estado parte.

  2. El Comité pide al Estado parte que adopte las medidas necesarias para eliminar la discriminación en el empleo y la segregación ocupacional. El Comité insta al Estado parte a que aplique medidas y leyes apropiadas que garanticen el principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, de conformidad con el apartado d. del artículo 11 de la Convención y el Convenio núm. 100 de la Organización Internacional del Trabajo. El Comité pide al Estado parte que incluya en su próximo informe periódico datos desglosados por sexo sobre el trabajo infantil, salarios, pensiones y derechos de seguridad social. El Comité insta también al Estado parte a que adopte medidas eficaces para combatir el acoso sexual y garantizar los derechos por maternidad.

Salud

  1. El Comité está preocupado porque el Estado parte no reconoce ni protege suficientemente la salud sexual y los derechos en materia de procreación de las mujeres, en particular por la demora en el debate del proyecto de ley núm. 442 sobre salud sexual y reproductiva. Lamenta la falta de acceso a información sobre los servicios de atención de la salud prestados a las adolescentes, en particular en zonas rurales, así como el elevado número de embarazos precoces. Además, el Comité está preocupado por la falta en el Estado parte de un enfoque integral sobre la salud de la mujer durante todo su ciclo de vida.

  2. El Comité insta al Estado parte a que adopte las medidas necesarias para superar el estancamiento en el que se encuentra el proyecto de ley núm. 442 y promulgar dicha ley lo antes posible. El Comité insta también al Estado parte a que mejore los programas y las políticas de planificación familiar y de salud reproductiva encaminados a brindar un acceso efectivo para las mujeres y las adolescentes, especialmente en el medio rural, a la información sobre los servicios de atención de la salud, como los servicios de salud reproductiva y los métodos anticonceptivos, de acuerdo con la recomendación general núm. 24 del Comité relativa a la mujer y la salud, y con la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing. El Comité recomienda asimismo que el Estado parte intensifique sus esfuerzos por incorporar en los programas de estudios la educación sexual adecuada a la edad y organice campañas de información para prevenir los embarazos entre las adolescentes. Recomienda además que el Estado parte adopte un enfoque integral sobre la salud de la mujer durante todo su ciclo de vida que preste especial importancia a los aspectos interculturales.

  3. El Comité observa con preocupación la elevada tasa de mortalidad materna en el Estado parte, causada principalmente por la falta de atención médica apropiada, en particular para las mujeres y las adolescentes de zonas rurales y las indígenas. El Comité está preocupado además porque, debido a las dificultades para aplicar la legislación vigente en el Estado parte, muchas mujeres no pueden tener acceso al aborto legal, por lo que se ven obligadas a recurrir a abortos ilegales. El Comité también está preocupado por la falta de programas que incluyan medidas para concienciar a las víctimas sobre la importancia de recibir tratamiento médico cuando han sido objeto de una agresión sexual y de denunciar el incidente.

  4. El Comité insta al Estado parte a que mejore el acceso a los servicios de salud para todas las mujeres y en particular para los grupos de mujeres más vulnerables, como las indígenas, las afro descendientes y las de ascendencia asiática. También insta al Estado parte a que adopte sin dilación medidas eficaces para resolver el problema de la elevada tasa de mortalidad materna garantizando la atención médica adecuada durante el embarazo, el parto y el posparto, y asegurando el acceso a las instalaciones de atención de la salud y a asistencia médica prestada por personal capacitado en todas las zonas del país, en particular en las zonas rurales. El Comité insta al Estado parte a que establezca reglamentos para ejecutar las leyes vigentes relativas al derecho de las mujeres al aborto y que otorgue a las mujeres acceso a servicios de calidad para el tratamiento de complicaciones derivadas de los abortos practicados en condiciones de riesgo. Invita al Ministerio de Salud a que emprenda una investigación o un estudio a fondo sobre los abortos en condiciones de riesgo y sus efectos para la salud de la mujer, sobre todo la mortalidad materna, que servirá como base para la adopción de medidas legislativas y normativas. Asimismo, insta al Estado parte a que facilite un diálogo nacional sobre el derecho de las mujeres a la salud reproductiva, que incluya las consecuencias de las leyes restrictivas en materia de aborto. Recomienda además que el Estado parte establezca programas que incluyan medidas para concienciar a las víctimas acerca de la importancia de recibir tratamiento médico cuando ha sido objeto de una agresión sexual y de denunciar el incidente.

  5. El Comité lamenta la falta de información disponible sobre el VIH/SIDA, así como sobre la aparente feminización de esa enfermedad en el Estado parte, particularmente entre las mujeres y las niñas de zonas rurales y las indígenas.

  6. El Comité pide al Estado parte que se ocupe de la propagación del VIH/SIDA, incluida la resultante de la diferencia de poder entre las mujeres y los hombres, que a menudo impide que las mujeres insistan en las prácticas sexuales seguras y responsables. Alienta al Estado parte a que redoble sus esfuerzos para concienciar y educar a las mujeres y las niñas sobre las formas de protegerse contra el VIH/SIDA, particularmente en las zonas rurales. El Comité insta también al Estado parte a que vele por que las mujeres y las niñas tengan igualdad de derechos y acceso a servicios de detección del VIH/SIDA y a servicios sociales y de atención de la salud conexos. El Comité pide al Estado parte que facilite información y datos desglosados por sexo sobre la cuestión del VIH/SIDA en su próximo informe periódico.

Grupos de mujeres vulnerables

  1. Si bien acoge con beneplácito las iniciativas y los programas sociales del Estado parte dirigidos a empoderar a las mujeres que viven en condiciones de pobreza extrema, el Comité está preocupado por la persistencia de altos niveles de pobreza y por la exclusión social de las mujeres de Panamá, especialmente las de zonas rurales y las indígenas, así como por los obstáculos que les impiden disfrutar de sus derechos básicos.

  2. El Comité insta al Estado parte a que refuerce las iniciativas destinadas a alentar el empoderamiento económico de las mujeres, teniendo en cuenta las situaciones específicas de los diferentes grupos de mujeres. El Comité también alienta al Estado parte a que establezca mecanismos para vigilar periódicamente el efecto de las políticas sociales y económicas para las mujeres.

  3. El Comité lamenta la falta de información detallada relativa a los grupos de mujeres vulnerables, tales como las refugiadas, las de zonas rurales, las mujeres de edad, las mujeres con discapacidad y otras que afrontan múltiples formas de discriminación.

  4. Se invita al Estado parte a que, en su próximo informe periódico, proporcione información y datos estadísticos detallados sobre la situación de los grupos de mujeres vulnerables, tales como las refugiadas, las de zonas rurales, las mujeres de edad, las mujeres con discapacidad y otras que afrontan múltiples formas de discriminación.

Relaciones familiares

  1. El Comité está muy preocupado porque el Código Civil sigue conteniendo disposiciones discriminatorias contra la mujer en el ámbito de las relaciones familiares, en particular en relación con la edad mínima para contraer matrimonio. El Comité lamenta que el Estado parte todavía no haya modificado la edad mínima para contraer matrimonio, que sigue siendo muy baja, de 14 años para las niñas y 16 años para los niños, en contravención del párrafo 2 del artículo 16 de la Convención, de la recomendación general núm. 21 del Comité y del artículo 14 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Le preocupa también que el reparto equitativo de los bienes conyugales en caso de divorcio solo se refiera a los bienes tangibles (muebles e inmuebles) y no incluya los bienes intangibles, como los fondos de pensiones y de ahorro.

  2. En consonancia con las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño que figuran en sus observaciones finales sobre Panamá, presentadas en su 36° período de sesiones (CRC/C/15/Add.233), el Comité exhorta al Estado parte a que elimine las disposiciones jurídicas discriminatorias sobre asuntos relacionados con la familia y el matrimonio a fin de ajustar su legislación a la Convención. En particular, el Comité insta al Estado parte a que eleve la edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años tanto para los hombres como para las mujeres, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 16 de la Convención, la recomendación general núm. 21 del Comité y el artículo 14 de la Convención sobre los Derechos del Niño. También recomienda al Estado parte que adopte las medidas legislativas necesarias para que los bienes intangibles, como los fondos de pensión y de ahorro, se reconozcan como parte de los bienes conyugales.

Reunión y análisis de datos

  1. El Comité acoge con beneplácito los esfuerzos realizados a nivel nacional para mejorar el sistema de reunión de datos y actualizar los indicadores de género. Sin embargo, lamenta que estos no se hayan integrado completamente en el plano institucional y que aún existan disparidades en relación con el análisis y el uso de estadísticas sobre género en el Estado parte. El Comité también lamenta la falta de datos estadísticos desglosados por sexo en muchas de las esferas que abarca la Convención.

  2. El Comité recomienda al Estado parte que intensifique sus esfuerzos para establecer un sistema amplio y unificado de datos desglosados por sexo en todas las esferas que abarca la Convención. El Comité recomienda también al Estado parte que en su próximo informe incluya datos y análisis estadísticos, desglosados por sexo y por zonas rurales y urbanas, e indique los efectos de las medidas adoptadas y los resultados logrados a fin de ilustrar en forma más amplia la situación de las mujeres en diversos ámbitos, en particular respecto de la cuestión de la violencia. El Comité invita al Estado parte a que preste particular atención a la reunión de datos relativos a los grupos de mujeres más vulnerables, incluidas las mujeres de zonas rurales y las indígenas, las migrantes y las trabajadoras domésticas, en particular las niñas. Declaración y Plataforma de Acción de Beijing

  3. El Comité insta al Estado parte a que, en cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la Convención, aplique plenamente la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, que refuerzan las disposiciones de la Convención, y le pide que incluya información al respecto en su próximo informe periódico.

Objetivos de Desarrollo del Milenio

  1. El Comité hace hincapié en que, para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es indispensable aplicación plena y efectiva de la Convención. Insta al Estado parte a que incorpore la perspectiva de género y se remita de forma explícita a las disposiciones de la Convención en todas las actividades destinadas a alcanzar dichos Objetivos, y le pide que incluya información al respecto en su próximo informe periódico.

Ratificación de otros tratados

  1. El Comité señala que la adhesión de los Estados a los nueve principales instrumentos internacionales de derechos humanos6 potencia que la mujer disfrute de sus derechos humanos y libertades fundamentales en todos los aspectos de la vida. Por lo tanto, el Comité alienta al Estado parte a que ratifique los instrumentos en los que todavía no es parte, a saber, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Difusión de las observaciones finales

  1. El Comité pide que se dé amplia difusión en Panamá a las presentes observaciones finales para que la población, incluidos los funcionarios públicos, los políticos, los parlamentarios y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, conozca las medidas que se han adoptado para garantizar la igualdad de hecho y de derecho entre hombres y mujeres, así como las que todavía quedan por tomar a ese respecto. El Comité pide también al Estado parte que siga incrementando la difusión, en particular entre las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, de la Convención y su Protocolo Facultativo, las recomendaciones generales del Comité, la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI”.

Seguimiento de las observaciones finales

  1. El Comité pide al Estado parte que le proporcione por escrito, en un plazo de dos años, información sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones que figuran en los párrafos 13 y 41 supra. El Comité pide también al Estado parte que considere la posibilidad de solicitar cooperación y asistencias técnicas, como servicios de asesoramiento, en caso necesario y cuando proceda, a fin de aplicar las recomendaciones anteriores. Fecha del próximo informe y directrices para la presentación de informes

  2. El Comité pide al Estado parte que responda a las preocupaciones expresadas en las presentes observaciones finales en el próximo informe periódico que prepare con arreglo al artículo 18 de la Convención. El Comité invita al Estado parte a que presente su próximo informe periódico en febrero de 2014.

  3. El Comité invita al Estado parte a que utilice las directrices armonizadas sobre la preparación de informes con arreglo a los tratados internacionales de derechos humanos, incluidas orientaciones relativas a la preparación de un documento básico común y de informes sobre tratados específicos, aprobadas en la quinta reunión de los comités que son órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, celebrada en junio de 2006 (HRI/MC/2006/3 y Corr.1). Las directrices para la presentación de los informes que se refieren concretamente a la Convención, adoptadas por el Comité en su 40° período de sesiones, que tuvo lugar en enero de 2008, deberán aplicarse conjuntamente con las directrices armonizadas para la preparación de un documento básico común. Conjuntamente constituyen las directrices armonizadas para la presentación de informes de conformidad con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El documento específico debe limitarse a 40 páginas, mientras que el documento básico común no debe tener más de 60 a 80 páginas.


  1. Suplemento No. 45 (A/40/45), 1985

  2. Suplemento No. 38 (A/53/38/Rev.1), 1998

  3. Las recomendaciones se encuentran en negrita.

  4. CEDAW/C/PAN/CO/7, 5 de febrero de 2010

  5. Las recomendaciones se encuentran en negrita.

  6. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.