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Comité contra la Tortura: Observaciones referidas a las mujeres y las niñas

1º Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de Panamá.1

1.El Comité contra la Tortura examinó el cuarto informe periódico de Panamá (CAT/C/PAN/Q/4) en sus sesiones 1556ª y 1559ª (véase CAT/C/SR.1556 y 1559), celebradas los días 3 y 4 de agosto de 2017, y aprobó en su 1566ª sesión, celebrada en 10 de agosto de 2017, las siguientes observaciones finales.

(…)

C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones2

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Condiciones de reclusión

  1. Como reconoce el Estado parte en su informe periódico, el alto grado de hacinamiento y las condiciones inadecuadas de reclusión en las cárceles siguen siendo algunos de los principales problemas del sistema penitenciario. A este respecto, el Comité valora los esfuerzos realizados por el Estado parte para mejorar las condiciones de reclusión, en particular, la construcción prevista de tres nuevos centros penitenciarios, la ejecución de obras de reacondicionamiento de las instalaciones existentes y la introducción de medidas dirigidas a reducir el número de detenidos en espera de juicio y la duración de la detención preventiva. Preocupan, sin embargo, las carencias en los servicios de atención médica y la escasez de personal sanitario en las prisiones. Asimismo, el Comité mantiene su preocupación por las informaciones que indican que la administración penitenciaria no toma suficientemente en consideración las necesidades especiales de las personas con discapacidad y las mujeres privadas de libertad en áreas como la atención médica, la accesibilidad, el mantenimiento de los lazos familiares o los servicios e instalaciones para mujeres embarazadas o con hijos. Otras informaciones de las que dispone el Comité también señalan una desproporción racial en las cárceles y un peor trato a los reclusos afrodescendientes. Los frecuentes actos de violencia entre internos y la estructura de bandas que opera en todo el sistema penitenciario son también motivo de preocupación, así como la presencia permanente de efectivos policiales para garantizar la seguridad en el interior de los centros y las denuncias de uso excesivo de la fuerza contra los reclusos y empleo indebido de gases lacrimógenos. En este sentido, si bien toma nota de las explicaciones ofrecidas por la delegación sobre los procesos de formación de personal en aplicación de la Ley núm. 42 de 14 de septiembre de 2016 relativa a la Carrera Penitenciaria, el Comité lamenta que no se cuente con un calendario oficial para la retirada de las unidades policiales de las cárceles. Por último, el Comité observa con preocupación la existencia de amplias redes de corrupción en el sistema penitenciario (arts. 2, 11 y 16).

  2. El Estado parte debe:

    1. Redoblar sus esfuerzos dirigidos a mejorar las condiciones de detención y de reclusión y reducir la sobrepoblación carcelaria, en particular mediante la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad;

    2. Garantizar la correcta atención médica y sanitaria de los reclusos, conforme a lo establecido en las r eglas 24 a 35 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela.;

    3. Velar por que se atiendan las necesidades especiales de las personas con discapacidad y mujeres privadas de libertad, conforme a las Reglas Nelson Mandela y las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok);

    4. Garantizar la seguridad en el interior de las cárceles y la retirada progresiva de los efectivos policiales mediante la contratación y adecuada formación de un número suficiente de funcionarios de prisiones y el desarrollo de estrategias de reducción de violencia entre los reclusos;

    5. Garantizar que el uso de gases lacrimógenos se ajuste estrictamente a los principios de proporcionalidad y necesidad;

    6. Asegurar la aplicación efectiva de las medidas de lucha contra la corrupción en el sistema penitenciario.

    (…)

Violencia de género

  1. El Comité observa con preocupación un fuerte aumento del número de casos de violencia doméstica denunciados en los últimos años. Preocupa también el reducido número de condenas por femicidio, violencia sexual y otras formas de violencia contra la mujer dictadas por los tribunales durante el período examinado (arts. 2, 12, 13 y 16).

  2. El Comité alienta al Estado parte a que intensifique sus esfuerzos para combatir todas las formas de violencia de género, velando por que se investiguen a fondo todas las denuncias, se enjuicie a los presuntos autores y, de ser condenados, se les impongan penas apropiadas. El Estado parte debe velar también por que las víctimas obtengan reparación integral del daño, incluida una indemnización justa y adecuada y una rehabilitación lo más completa posible. También debería proporcionarse capacitación obligatoria sobre el enjuiciamiento de violencia de género a los agentes del orden y personal judicial y continuar con las campañas de concienciación púbica sobre todas las formas de violencia contra la mujer.


  1. CAT/C/PAN/CO/R.4, 5 de septiembre de 2017

  2. Las recomendaciones se encuentran en negrita.