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Comité de Derechos Humanos: Observaciones referidas a las mujeres y las niñas

1º Observaciones finales sobre el primer informe presentado por el Estado adoptadas el 3 de abril de 1996.1

El Comité examinó el informe inicial de Guatemala (CCPR/C/81/Add.7 y HRI/CORE/1/Add.47) en sus sesiones 1486ª, 1488ª y 1489ª, celebradas los días 26 y 28 de marzo de 1996 (véanse CCPR/C/SR.1486, 1488 y 1489). Posteriormente en su 1499ª sesión, celebrada el 3 de abril de 1996, el Comité aprobó los comentarios siguientes.2

E. Sugerencias y recomendaciones

  1. El Comité recomienda que se adopten las medidas estrictas que sean necesarias para asegurar la plena aplicación del artículo 24 del Pacto, incluida la protección adecuada de los niños de la calle. Se deben tomar medidas radicales para castigar a quienes sean declarados culpables de cualquier tipo de violencia contra los menores, especialmente contra los que soportan condiciones de vida difíciles. (Derecho a vivir una vida sin violencia.

  2. El Comité pide también que se tipifiquen como delitos punibles los actos de violencia (especialmente en el hogar) y los actos de discriminación contra la mujer (como el acoso sexual en el lugar de trabajo).

2º Observaciones finales sobre el segundo informe presentado por el Estado

adoptadas el 26 de julio de 2001.3

  1. El Comité de Derechos Humanos examinó el segundo informe periódico de Guatemala (CCPR/C/GTM/99/2 y HRI/CORE/1/Add.47) en sus sesiones 1940ª, 1941ª y 1942ª, celebradas los días 17 y 18 de julio de 2001 (véanse CCPR/C/SR. 1940ª, 1941ª y 1942ª). Posteriormente en su 1954ª sesión, celebrada el 26 de julio de 2001, el Comité aprobó los comentarios siguientes.

C. Motivos de preocupación y recomendaciones4

  1. Asimismo preocupa al Comité la información recibida con respecto del tráfico de niños separados de sus padres, situación no esclarecida hasta la fecha. El Estado Parte debe llevar a cabo las investigaciones pertinentes para identificar a los responsables del tráfico de niños y someterlos a juicio. El Estado Parte deberá también tomar las medidas necesarias para prevenir la ocurrencia de estas violaciones de los artículos 6, 7 y 24 del Pacto. Igualmente, debe tomar las medidas pertinentes para conformarse con lo dispuesto en los instrumentos internacionales referentes al trabajo infantil.

    (…)

  2. La penalización de todo aborto con penas tan severas como las previstas por la legislación vigente, salvo por peligro de muerte de la madre, plantea graves problemas, sobre todo a la luz de informes incontestados sobre la alta incidencia en la mortalidad materna de los abortos clandestinos y la falta de información sobre la planificación familiar. El Estado Parte tiene el deber de garantizar el derecho a la vida (art. 6) de las mujeres embarazadas que deciden interrumpir su embarazo, proporcionándoles la información y los medios necesarios para garantizarles sus derechos, y enmendando la ley para establecer excepciones a la prohibición general de todo aborto, salvo peligro de muerte de la madre.

    (…)

  3. Al Comité le preocupa la subsistencia de una disposición legal que exime de pena al autor de un estupro si contrae matrimonio con la víctima, así como la persistencia en la legislación de la condición de que una mujer ha de ser honesta para que se configuren los elementos de dicho delito. El Estado Parte debe proceder a la inmediata abolición de dicha legislación, la cual es incompatible con los artículos 3, 23, 26, y 2 (3) del Pacto.

  4. Al Comité le preocupa la insuficiente participación de la mujer, entre otros sectores, en la vida política y en el poder judicial, y que la información proporcionada por el Estado Parte no es lo suficientemente detallada como para permitir al Comité evaluar ni el grado de progreso realizado ni los problemas que subsisten en esta materia con el fin de cumplir con los artículos 3, 25 y 26, el Estado Parte debe tomar las medidas pertinentes para mejorar la participación de las mujeres, si es preciso mediante la adopción de programas de medidas positivas e informar al Comité sobre el resultado de dichos programas.

  5. El Comité deplora la situación de los niños de la calle, que parece agravarse. Estos niños son los que afrontan mayores riesgos frente a la violencia sexual y están expuestos a las prácticas de tráfico sexual. El Estado Parte debe tomar medidas efectivas tanto para la protección y rehabilitación de dichos menores, conforme al artículo 24 del Pacto, incluyendo aquellas destinadas a poner fin a la explotación sexual y la pornografía infantil, como para castigar a quienes sean declarados culpables de cualquier tipo de violencia contra los menores.

3º Observaciones finales sobre el tercer informe periódico de Guatemala.5

  1. El Comité de Derechos Humanos examinó el tercer informe periódico de Guatemala (CCPR/C/GTM/3) en sus sesiones 2874.ª y 2875.ª (CCPR/C/SR.2874 y 2875), celebradas los días 19 y 20 de marzo de 2012. En sus sesiones 2887.ª y 2888.ª (CCPR/C/SR.2887 y 2888), celebradas el 28 de marzo de 2012, el Comité aprobó las siguientes observaciones finales.

C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones6

(…)

  1. Al Comité le sigue preocupando el bajo nivel de representación de las mujeres en el Congreso y en los puestos de adopción de decisiones en los sectores público y privado. El Comité reitera su preocupación por la situación de particular vulnerabilidad y los altos niveles de discriminación racial, social y de género que sufren las mujeres indígenas y afrodescendientes, a pesar del reconocimiento formal de sus derechos y de la multiplicidad de instituciones y programas orientados a la promoción de los mismos (arts 3, 25 y 26).

    El Estado parte debe aprobar y aplicar una legislación sobre la igualdad entre hombres y mujeres, reconociendo así oficialmente la naturaleza particular de la discriminación contra la mujer y abordándola adecuadamente. El Estado parte debe elaborar políticas adicionales para favorecer una igualdad de género efectiva que integre una perspectiva específica a favor de las mujeres indígenas y afrodescendientes, y fortalecer los programas e instituciones gubernamentales cuyas misiones abarcan la promoción de los derechos de las mujeres indígenas y afrodescendientes y la prevención de la discriminación en su contra.

  2. El Comité sigue preocupado por las condiciones de trabajo doméstico, agrícola y en las maquilas y por las violaciones de los derechos de los trabajadores. En particular, al Comité le preocupan las prácticas discriminatorias de las empresas hacia las mujeres cuando, por ejemplo, les exigen pruebas de embarazo al momento del reclutamiento y despiden a las mujeres embarazadas sin respetar los derechos laborales (arts. 3 y 26).

    El Estado parte debe establecer mecanismos de control efectivos para el respeto de la legislación y regulaciones laborales para los trabajadores domésticos, agrícolas y los empleados de las maquilas.

    (…)

  3. El Comité saluda los esfuerzos del Estado parte para visibilizar, prevenir y sancionar los hechos de violencia sexual y de género, en particular los femicidios, la violencia intrafamiliar y la trata de personas. Sin embargo, el Comité está preocupado por la persistencia de muy altos niveles de violencia en contra de las mujeres. Al Comité también le preocupan las frecuentes deficiencias en los mecanismos de investigación aplicados por parte de agentes del orden y de médicos forenses, y el número limitado de centros de atención, que constituyen el único apoyo para las mujeres sobrevivientes de violencia (arts. 6, 7, 8, 14 y 26).

    El Estado parte debe proseguir sus esfuerzos para prevenir la violencia sexual y de género y para alentar a las víctimas a denunciar los casos. El Estado parte debe asegurar la integración de los temas de protección de las mujeres en contra de la violencia en los programas de educación. De la misma forma, debe reforzar e institucionalizar una capacitación con perspectiva de género, obligatoria para todo el personal judicial, los miembros de la fuerza pública y el personal de los servicios de salud, con el fin de asegurar que estén preparados para responder de forma efectiva a todas las formas de violencia en contra de la mujer. Debe prestarse una atención específica a la recolección de los elementos de prueba forenses, el trato de las víctimas, la coordinación entre las autoridades a cargo de la investigación y sanción de los casos y de la protección de las víctimas. Además, el Estado parte debe asegurar que todas las víctimas de violencia sexual o de género tengan acceso a centros de atención o albergues.

  4. El Comité expresa su preocupación por la criminalización del aborto cuando este es consecuencia de una violación o incesto, lo cual que obliga a las mujeres embarazadas a buscar servicios de abortos clandestinos que ponen en peligro sus vidas y su salud. El Comité también está preocupado por el mantenimiento de altos índices de embarazos de adolescentes y de mortalidad materna, a pesar de los esfuerzos del Estado parte para prevenirlos (arts. 3 y 6).

    El Estado parte debe, a la luz del artículo 3 de la Constitución, incluir excepciones adicionales a la prohibición del aborto para evitar que las mujeres tengan que buscar servicios de aborto clandestino que pongan en peligro sus vidas o su salud en casos tales como cuando el embarazo sea consecuencia de una violación o incesto. El Estado parte debe asegurar que los servicios de salud reproductiva sean accesibles para todas las mujeres y adolescentes, en todas las regiones del país. Asimismo, el Estado parte debe multiplicar los programas de educación y sensibilización a nivel formal (escuelas y colegios) e informal (medios de comunicación) sobre la importancia del uso de anticonceptivos y los derechos a la salud reproductiva.


  1. CCPR/C/79/Add.63, 3 de abril de 1996

  2. Las recomendaciones se encuentran en negrita.

  3. CCPR/CO/72/GTM, 27 de agosto de 2001

  4. Las recomendaciones se encuentran en negrita.

  5. CCPR/C/GTM/CO/3, 19 de abril de 2012

  6. Las recomendaciones se encuentran en negrita.