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Comité contra la Tortura: Observaciones referidas a las mujeres y las niñas

1º Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de Guatemala.1

  1. El Comité contra la Tortura examinó los informes periódicos quinto y sexto combinados de Guatemala (CAT/C/GTM/5-6) en sus sesiones 1142ª y 1145ª (CAT/C/SR.1142 y 1145), celebradas los días 13 y 14 de mayo de 2013, y aprobó las observaciones finales que figuran a continuación en su sesiones 1161ª y 1162ª (CAT/C/SR.1161 y 1162), celebradas los días 27 y 28 de mayo de 2013.

(…)

C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones2

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Violencia contra la mujer

  1. Mientras que valora las medidas legislativas y de otra índole adoptadas por el Estado parte para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer, en particular la tipificación del delito de femicidio, el Comité nota con honda preocupación que, a pesar de su anterior recomendación (párr. 16), los niveles de violencia contra la mujer, incluidos asesinatos, continúan siendo elevados. En ese sentido, el Comité observa con profunda inquietud que, según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, se habrían registrado 709 muertes violentas de mujeres en 2012, y 200 entre enero y marzo de 2013. Asimismo, y si bien reconoce los avances en materia de investigación y persecución penal, el Comité también nota con preocupación el escaso número de condenas sobre delitos relativos a violencia contra las mujeres (arts. 1, 2, 12, 13, 14 y 16).

    El Comité insta al Estado parte a:

    1. Redoblar sus esfuerzos para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres, incluidos los asesinatos por motivos de género; garantizar la plena y efectiva aplicación de la legislación vigente en la materia; y asegurar la coordinación efectiva entre las distintas entidades que tienen un rol en el abordaje de la violencia contra las mujeres;

    2. Velar por que todos los actos de violencia contra las mujeres sean investigados sin demora, de manera eficaz e imparcial y por que los autores sean enjuiciados y sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos;

    3. Garantizar que las víctimas obtengan una reparación adecuada, que incluya servicios de rehabilitación física y psicológica, y tengan acceso a albergues que las acojan y les brinden apoyo, y que estén disponibles en todas las regiones del país;

    4. Realizar amplias campañas de sensibilización dirigidas al público en general y extender y reforzar los programas de formación y capacitación existentes de modo de garantizar que todos los agentes de las fuerzas del orden, jueces, abogados y trabajadores sociales y de la salud estén preparados para responder de manera eficaz a todos los casos de violencia contra las mujeres.

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Muertes violentas y linchamientos

  1. El Comité nota con preocupación los niveles de violencia que persisten en el Estado parte, que estaría vinculada en gran medida con el crimen organizado, no obstante de las medidas adoptadas para combatirla. En particular, le preocupa el elevado número de víctimas de muertes violentas, un número importante de las cuales son perpetradas contra mujeres y niños; la persistencia de linchamientos; y la información que da cuenta del reducido porcentaje de casos de violencia que son investigados y de responsables que son enjuiciados y sancionados (arts. 2, 12, 13 y 16).

    El Comité, recordando su anterior recomendación (párr. 16), insta al Estado parte a redoblar sus esfuerzos para prevenir y castigar todos los actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos contra personas que se encuentran bajo su jurisdicción. El Comité recomienda que el Estado parte garantice que todos los actos de violencia, incluyendo las muertes y los linchamientos, sean investigados sin demora y de manera eficaz e imparcial, que los autores sean enjuiciados y sancionados, y que las víctimas reciban una reparación adecuada. El Comité también recomienda que el Estado parte refuerce las campañas de sensibilización sobre los linchamientos, incluyendo en el ámbito escolar y en los medios de comunicación.

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Condiciones de detención

  1. Al Comité le preocupan los informes sobre las malas condiciones existentes en los centros de privación de la libertad, incluidos los centros para mujeres, y, en particular, las elevadas tasas de hacinamiento que superarían el 200%. Asimismo, le preocupan las informaciones que describen situaciones de violencia entre reclusos y que dan cuenta de que grupos organizados de reclusos tendrían el control de numerosos centros de privación de la libertad y que, actuando con aquiescencia de las autoridades, obligarían a otros reclusos a realizar pagos para no hacerles daño o liberarlos de tareas, práctica conocida como “talacha”, agrediendo a quienes no pueden realizar dichos pagos y, en algunos casos, provocándoles la muerte. Al respecto, el Comité observa con preocupación los fallecimientos de los Sres. Víctor Rojas y Efraín Pérez en 2012 debido a las golpizas que sufrieron por no poder pagar la “talacha”. El Comité toma nota de la información brindada por la delegación según la cual se están adoptando medidas con miras a mejorar las condiciones de detención y encontrar una solución integral al problema del hacinamiento (arts. 2, 11 y 16).

    El Comité insta al Estado parte a que acelere y profundice sus esfuerzos para reducir el hacinamiento, en particular mediante la aplicación de disposiciones sustitutivas de la privación de libertad, en consonancia con las Reglas de Tokio. El Comité recomienda además que asegure que las condiciones en los centros penitenciarios sean compatibles con las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV), de 31 de julio de 1957, y 2076 (LXII), de 13 de mayo de 1977 y las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok ; resolución 65/229 de la Asamblea General , de 21 de diciembre de 2010 ). Asimismo, el Comité recomienda que el Estado parte asegure su autoridad y responsabilidad por el trato humano de las personas ingresadas en los centros de privación de la libertad e intensifique sus esfuerzos con miras a erradicar la práctica del control de esos centros por parte de grupos organizados de reclusos; asegure que se investiguen de forma exhaustiva e imparcial todos los casos de violencia cometidos en tales centros, incluidos torturas y malos tratos, y que los autores sean enjuiciados y, en caso de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos; y vele por que las personas privadas de libertad tengan acceso a un mecanismo de denuncia independiente.


  1. CAT/C/GTM/CO/5-6, 24 de junio de 2013

  2. Las recomendaciones se encuentran en negrita.