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Comité de Derechos Humanos: Observaciones referidas a las mujeres y las niñas

1º Observaciones finales sobre el primer informe presentado por el Estado adoptadas el en 1984.1

  1. El informe inicial de El Salvador se incluyó en el programa del 20º período de sesiones de conformidad con la decisión adoptada en la 462a. sesión, el 28 de julio de 1983, de darle prioridad en vista de la grave situación del país (CCPR/C/SR.462/Add.1). En su 465a. sesión, celebrada el 24 de octubre de 1983, el Comité fue informado de que el Representante Permanente de El Salvador ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra había solicitado el aplazamiento del examen del informe inicial de su país en espera de la presentación de un informe complementario que reflejaría la nueva constitución política que se estaba redactando. Sin embargo el Representante Permanente estaba dispuesto, en caso de que el Comité así lo deseara, a acudir ante él para responder a preguntas sobre hechos concretos, pero no podría abordar cuestiones jurídicas.

    Las observaciones del Comité de Derechos Humanos se refirieron al estado de excepción que prevalecía en El Salvador debido al conflicto armado y a la actuación de la Comisión de Derechos Humanos. El informe contenía pocos datos sobre las consecuencias que un estado de sitio entrañaba para los derechos humanos.

2º Observaciones finales sobre el informe complementario presentado por el Estado adoptadas en abril de 1987.2

  1. El Comité examinó el informe complementario de El Salvador (CCPR/C/14/Add.7) en sus sesiones 716a., 717a. y 719a., celebradas los días 1° y 2 de abril de 1987 (CCPR/C/SR.716, 717 y 719).
(…)
  1. En relación al artículo 9 del Pacto, aún se recibían informaciones sobre violaciones de los derechos contemplados en ese artículo y que el número de casos de arresto y detenciones en virtud del Decreto No. 50 de febrero de 1984, había aumentado a más de 1.000 en 1986. Las disposiciones del Decreto No. 50 en cuya virtud era posible mantener a una persona en detención administrativa durante ocho días, negándosele el acceso a sus familiares o abogados hasta por 15 días, no eran compatibles con el Pacto.3

^(…)

  1. Se observó que las disposiciones relativas al adulterio en el Código Penal eran discriminatorias contra la mujer y, por lo tanto incompatibles con el Pacto.4
_No se observan recomendaciones con perspectiva de género._

3º Observaciones finales sobre el segundo informe presentado por el Estado adoptadas el 8 de abril de 1994.5

  1. El Comité examinó el segundo informe periódico de El Salvador (CCPR/C/51/Add.8) en sus sesiones 1310ª a 1313ª, celebradas los días 4 y 5 de abril (CCPR/C/SR.1310 a 1313), y aprobó las siguientes observaciones. En su 1318ª sesión (50º período de sesiones), celebrada el 8 de abril de 1994.

    No se observan recomendaciones con perspectiva de género.

Observaciones finales sobre los informes del tercero al cuarto presentados por el Estado adoptadas el 30 de julio de 2003.6

  1. El Comité examinó el tercer, cuarto y quinto informe periódico consolidado de El Salvador (CCPR/C/SLV/2002/3) en sus sesiones 2113ª a 2115ª (CCPR/C/SR.2113, CCPR/C/SR.2114, CCPR/C/SR.2115), celebradas el 22 y 23 de julio de 2003, y aprobó las siguientes observaciones finales en su 2125ª sesión (CCPR/C/SR. 2125), celebrada el 30 de julio de 2003.

C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones

(…)

  1. El Estado Parte debe tomar las medidas necesarias para que su legislación se ajuste a la disposiciones del Pacto en materia del derecho a la vida (artículo 6) a fin de ayudar, en particular, a la mujer a prevenir embarazos no deseados y para que no tenga que recurrir a abortos clandestinos que pueden poner en peligro su vida, conforme a la

Observación General Nº. 28.

  1. Estado Parte debe adoptar medidas para garantizar la aplicación de la Ley Contra la violencia intrafamiliar. Asimismo el Comité confía en que se lleve a cabo el Plan para incorporar el enfoque de género en la PNC.

  2. Estado Parte debe otorgar una protección efectiva contra la violencia o la discriminación en razón de la orientación sexual.7

    (…)

  3. El Comité instó a El Salvador a presentar información detallada sobre el número de niñas y niños encontrados vivos y los que perecieron durante el conflicto. Asimismo lo invitó a reconsiderar la creación de la Comisión Nacional de Niños desaparecidos, así como de un fondo de reparación para los jóvenes encontrados.8

5º Observaciones finales sobre sexto informe presentado por el Estado adoptadas el 27 de octubre de 2010.9

  1. El Comité de Derechos Humanos examinó el sexto informe periódico de El Salvador (CCPR/C/SLV/6) en sus sesiones 2744ª y 2745ª, celebradas los días 11 y 12 de octubre de 2010 (CCPR/C/SR.2744 a 2745). En su 2767ª sesión, celebrada el 27 de octubre de 2010 aprobó las siguientes observaciones finales.

C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones10

  1. No obstante que se ha fortalecido el rol de la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil para cumplir labores de monitoreo y de control de la actuación de los agentes de la Policía Nacional Civil, y que el Estado parte ha tomado medidas para brindar una formación continua en materia de derechos humanos a los alumnos de la Academia de Seguridad Pública de la Policía Nacional Civil, el Comité continua preocupado por el hecho que sólo se haya depurado desde la década de los 90 a 139 agentes de la Policía Nacional Civil responsables de violaciones a los derechos humanos y que las cifras de absoluciones proporcionadas al Comité sean muy superiores a las de casos sancionados. Al Comité le preocupa asimismo las denuncias de acoso sexual y laboral a mujeres agentes de la Policía por sus pares y superiores (art.2, 3)

    El Estado parte debe investigar seriamente todas las violaciones a los derechos humanos atribuidas a miembros de la Policía, especialmente las relacionadas con tortura y malos tratos, identificar a los responsables, enjuiciarlos, e imponer no sólo las sanciones disciplinarias que correspondan, sino que, cuando así sea procedente, las sanciones penales que sean apropiadas según la gravedad de los delitos. Asimismo, debe garantizar el derecho de las víctimas a la reparación, incluida una indemnización justa y adecuada. El Estado parte debe igualmente investigar las denuncias de acoso sexual y laboral contra mujeres por parte de agentes de policía e imponer sanciones adecuadas a los responsables. El Estado parte debe extender la formación en derechos humanos a todos los agentes de la Policía Nacional Civil.

  2. El Comité expresa su preocupación por la situación de las mujeres en el Estado parte, la persistencia de estereotipos y prejuicios sobre el rol de la mujer en la sociedad, la información según la cual los casos de asesinatos de mujeres se han mantenido constantes e incluso han aumentado durante el periodo del informe, la impunidad por estos asesinatos, la falta de desagregación acerca de los delitos contra la vida e integridad de las mujeres, las altas tasas de violencia doméstica en el Estado parte, la falta de suficiente coordinación de los organismos estatales que intervienen en la prevención y sanción de la violencia intrafamiliar y la aun escasa representación de la mujer en cargos públicos y de elección popular. (arts. 3, 6,7, 25)

    El Estado parte debe diseñar y ejecutar programas dirigidos a la sociedad para eliminar los estereotipos de género. Debe hacer efectivo el derecho de las mujeres víctimas de violencia al acceso a la justicia y a una reparación que incluya una adecuada y justa compensación. El Estado debe también investigar con todos los medios a su alcance los hechos de violencia contra la mujer, y especialmente esclarecer los casos de asesinatos de mujeres, identificando a los responsables, enjuiciándoles e imponiéndoles sanciones apropiadas y estableciendo un adecuado sistema estadístico que permita recolectar datos desagregados acerca de la violencia de género. El Estado debe asimismo reforzar la coordinación de los organismos encargados de prevenir y sancionar la violencia doméstica, para asegurar una actuación más efectiva de dichos organismos. El Estado parte debe asimismo asegurar que los responsables de la violencia doméstica sean identificados, enjuiciados y debidamente sancionados, y además adoptar medidas especiales para continuar incrementando la participación de las mujeres en cargos públicos y de elección popular.

  3. El Comité expresa su preocupación por la vigencia de disposiciones del Código Penal que criminalizan el aborto en todas sus formas, dada la circunstancia de que los abortos ilegales tienen consecuencias negativas graves para la vida, la salud y el bienestar de la mujer. El Comité continua preocupado por el hecho que mujeres que acuden a hospitales públicos y que han sido relacionadas por el personal médico con abortos hayan sido denunciadas por dicho personal ante las autoridades judiciales; que se hayan abierto procesos judiciales contra algunas mujeres y que en algunos de estos procesos se hayan impuesto penas graves por el delito de aborto e incluso por el delito de homicidio, haciendo los jueces una interpretación extensiva de este delito. Aun cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema ha decidido que en el caso de que exista un estado de necesidad imperioso la mujer que enfrenta un proceso penal por aborto puede quedar exculpada de responsabilidad penal, le preocupa al Comité que este precedente judicial no haya sido seguido por otros jueces ni tenido como consecuencia el termino de los procesos penales abiertos contra mujeres por el delito de aborto. (art.3, 6)

    El Comité reitera su recomendación en el sentido que el Estado parte revise su legislación sobre aborto para hacerla compatible con las disposiciones del Pacto. El Estado parte debe tomar medidas para impedir que las mujeres que acuden a hospitales públicos sean denunciadas por el personal médico o administrativo por el delito de aborto. Asimismo, en tanto no se revise la legislación en vigor, el Estado parte debe suspender la incriminación en contra de las mujeres por el delito de aborto. El Estado parte debe iniciar un dialogo nacional sobre los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

  4. El Comité manifiesta su preocupación por la situación del trabajo doméstico de mujeres y niñas en el Estado parte, que afecta principalmente a mujeres y niñas rurales, indígenas y en situación de vulnerabilidad. Preocupa al Comité que las trabajadoras domésticas estén sometidas a condiciones de trabajo especialmente rigurosas, exceso de horas de trabajo y trabajo no remunerado o insuficientemente remunerado. (art.3, art.26)

    El Estado parte debe adoptar medidas eficaces para remediar el trato discriminatorio que enfrentan las trabajadoras domésticas, asegurando que no exista discriminación en cuanto a sus condiciones de trabajo.

  5. El Comité manifiesta su preocupación por la alta deserción escolar en el Estado parte que afecta mayoritariamente a niñas rurales. (arts. 2, 3, y 24)

    El Estado parte debe tomar todas las medidas necesarias para mejorar la permanencia de los niños y niñas en todos los niveles educativos, especialmente la de las niñas rurales.

  6. Preocupa al Comité la situación de la trata de personas, que afecta principalmente a mujeres, el hecho que sólo haya habido investigaciones, enjuiciamiento y condenas en una mínima proporción de casos y la circunstancia que exista un número limitado de albergues para las víctimas de trata. (art.3, 7, 8)

    El Estado parte debería investigar eficazmente el fenómeno de la trata de personas, identificando a los responsables, enjuiciándoles e imponiéndoles las sanciones apropiadas a la gravedad de la situación. Igualmente debe asegurar la protección de los derechos de las víctimas de trata, incluyendo la provisión de suficientes albergues para dichas víctimas. Asimismo, el Estado debe recopilar estadísticas fiables para combatir con eficacia este flagelo.


  1. Suplemento No. 40 (A/39/40), 20 de septiembre de 1984

  2. Suplemento No. 40 (A/42/40), 28 de agosto de 1987

  3. Tres mujeres activistas de Derechos Humanos que fueron capturadas en mayo de 1986, fueron indultadas y puestas en libertad, después de haber reconocido su participación en actividades terroristas, según lo manifestado por el representante de El Salvador.

  4. El adulterio fue eliminado del nuevo Código Penal que entró en vigencia en abril de 1998.

  5. CCPR/C/79/Add.34, 18 de abril de 1994

  6. CCPR/CO/78/SLV, 22 de agosto de 2003

  7. La Alcaldía Municipal de San Salvador estableció el 17 de mayo como el día de la NO Discriminación por la orientación sexual e identidad de género.

  8. El 5 de octubre de 2004, por Decreto Ejecutivo Nº 45 se creó la “Comisión Interinstitucional de Búsqueda de niñas y niños desaparecidos durante el conflicto armado” con el objetivo de “Colaborar con las instituciones públicas involucradas o encargadas de la protección de la niñez en la búsqueda de niñas y niños que quedaron separados involuntariamente de sus familiares; y propiciar el reencuentro con sus familiares consanguíneos, partiendo del interés primario del niño o niña”.

  9. CCPR/C/SLV/CO/6, 27 de octubre de 2010

  10. Las recomendaciones se encuentran en negrita.