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Comité de los Derechos del Niño y la Niña: Observaciones referidas a las mujeres y las niñas

1º Observaciones finales sobre el primer informe presentado por el Estado adoptadas en 1998.1

  1. El Comité examinó el informe inicial del Ecuador (CRC/C/3/Add.44) en sus sesiones 479ª a 481ª (véase CRC/C/SR.479 a 481), celebradas el 22 y el 23 de septiembre de 1998, y aprobó las siguientes observaciones finales.

D. Principales motivos de preocupación y recomendaciones del Comité2

  1. El Comité expresa su preocupación por la ausencia de un mecanismo de reunión de datos adecuados, sistemáticos, amplios y desglosados, en todos los campos del ámbito de la Convención, especialmente sobre los grupos más vulnerables de niños, tales como los niños nacidos fuera del matrimonio, los niños pertenecientes a grupos indígenas, los niños afro ecuatorianos, los niños institucionalizados, los niños que viven y/o trabajan en la calle, las niñas, y los niños que viven en las zonas rurales. El Comité recomienda al Estado Parte que cree un sistema amplio para reunir datos desglosados, a fin de obtener toda la información necesaria sobre la situación de los niños en los distintos campos del ámbito de la Convención, incluidos los niños pertenecientes a grupos vulnerables, como punto de partida para evaluar los progresos realizados en el ejercicio efectivo de los derechos de los niños y para contribuir a diseñar políticas para mejorar la aplicación de las disposiciones de la Convención. El Comité alienta al Estado Parte a estudiar la posibilidad de solicitar, con este fin, la cooperación internacional que puedan prestar, entre otras instituciones, el UNICEF.3

    (…)

  2. Por lo que respecta a la aplicación del artículo 1 y artículos conexos de la Convención relativos a la definición del niño, el Comité expresa su preocupación por las disparidades que existen en la legislación nacional. El Comité está también preocupado por el uso del criterio biológico de la pubertad para fijar distintas edades de madurez en los niños y las niñas. Esta práctica es contraria a los principios y disposiciones de la Convención y constituye una forma de discriminación basada en el sexo que afecta al disfrute de todos los derechos. El Comité recomienda que el Estado Parte re-examine su legislación nacional para lograr su plena conformidad con los principios y disposiciones de la Convención.4

  3. Si bien reconoce las medidas adoptadas por el Estado Parte, el Comité sigue preocupado por el predominio de la discriminación basada en el origen étnico, el sexo, la condición social y las discapacidades. El Comité expresa su preocupación por el aumento de las disparidades entre las zonas rurales y urbanas, así como por el aumento de la población que vive en zonas urbanas pobres y marginales. En vista del principio general de la no discriminación (artículo 2 de la Convención), el Comité recomienda al Estado Parte que continúe tomando todas las medidas posibles para reducir las disparidades económicas y sociales, incluidas las existentes entre las zonas rurales y urbanas. Deberían reforzarse las medidas para prevenir la discriminación contra los grupos de niños más necesitados, tales como los niños pertenecientes a comunidades indígenas, los niños afro ecuatorianos, las niñas, los niños con discapacidades, los niños nacidos fuera del matrimonio, los niños institucionalizados, y los niños que viven y/o trabajan en las calles.5

    (…)

  4. Por lo que respecta a la salud de los adolescentes, el Comité está particularmente preocupado por el aumento en la ya de por sí alta tasa de embarazos en la adolescencia, la incidencia de los suicidios de muchachas y la insuficiencia del acceso por parte de los adolescentes a los servicios de asesoramiento y a la educación sobre la salud reproductiva, incluidos los no integrados en el sistema escolar. El Comité está también preocupado por el aumento en la tasa de abuso de sustancias. El Comité sugiere que se realice un estudio amplio y multidisciplinario sobre los problemas de la salud de los adolescentes como base para promover la adopción de políticas sobre la salud de los adolescentes y para fortalecer los servicios de asesoramiento y la educación sobre la salud reproductiva.6 El Comité recomienda también que se sigan tomando medidas para crear servicios de asesoramiento especialmente accesibles a los niños, así como instalaciones para la atención y rehabilitación de adolescentes. Deberían reforzarse las medidas para prevenir y combatir el abuso de sustancias entre los adolescentes.

    (…)

  5. Aunque el Comité es consciente de los logros del Estado Parte en la esfera de la educación, sigue preocupado por la alta tasa de abandono escolar entre la escuela primaria y la secundaria y por la alta tasa de repetición a ambos niveles, por las disparidades entre los sexos en los ingresos en la escuela secundaria y por las disparidades en el acceso a la educación entre las zonas rurales y las urbanas. El Comité recomienda al Estado Parte que refuerce sus sistemas y sus políticas educativas a fin de reducir las disparidades entre los sexos y entre las distintas zonas geográficas y de establecer programas de retención y de formación profesional para jóvenes que hayan abandonado la escuela.7

(…)

  1. Preocupa al Comité la insuficiencia de las medidas sobre el problema del trabajo infantil y la explotación económica de los niños, incluido el trabajo doméstico y la explotación sexual de menores. Es también motivo de preocupación para el Comité la falta de datos y de investigaciones a este respecto. El Comité expresa además su preocupación por el aumento de los niños que viven y/o trabajan en las calles, quienes requieren atención especial debido a los riesgos a que están expuestos. El Comité recomienda al Estado Parte que preste especial atención a la investigación y a la vigilancia de la situación de los niños que viven y/o trabajan en las calles y de los que trabajan en condiciones peligrosas, incluidos el servicio doméstico y la prostitución. El Comité también recomienda que el Estado Parte elabore políticas nacionales sobre la prevención y la eliminación de las formas más peligrosas de trabajo infantil. El Comité sugiere al Estado Parte que estudie la posibilidad de solicitar asistencia técnica a la OIT en esta esfera. Además, el Comité alienta al Estado Parte a estudiar la posibilidad de ratificar el Convenio de 30. Aunque el Comité toma nota de los esfuerzos que ha realizado el Estado Parte para combatir el tráfico y la venta de niños, sigue preocupado por la falta de medidas preventivas en esta esfera. Por lo que respecta al tráfico de niños y niñas para que trabajen en países vecinos, particularmente en la prostitución, el Comité recomienda que se tomen medidas urgentes, tales como un programa amplio de prevención, que comprenda programas educativos y una campaña de sensibilización, en particular en las zonas rurales, orientada a los funcionarios estatales del caso, y de rehabilitación de las víctimas. Se alienta especialmente a la cooperación con los países vecinos.8

    (…)

  2. El Comité expresa su preocupación por la ausencia de datos y de un estudio amplio sobre la cuestión de la explotación comercial sexual de los niños. A la luz del artículo 34 y de los artículos conexos de la Convención, el Comité recomienda al Estado Parte que refuerce su marco legislativo para proteger plenamente a los niños de todas las formas de abuso sexual o de explotación, incluso dentro de la familia. El Comité recomienda también al Estado Parte que realice estudios con el fin de preparar y aplicar medidas y políticas adecuadas que incluyan la atención y la rehabilitación para prevenir y combatir este fenómeno. El Comité recomienda al Estado Parte que siga aplicando las recomendaciones formuladas en el Programa de Acción aprobado en el Congreso Mundial de Estocolmo de 1996 contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños.9

2º Observaciones finales sobre el segundo y tercer informe presentados por el Estado adoptadas el 3 de junio de 2005.10

  1. El Comité examinó los informes periódicos combinados segundo y tercero del Ecuador (CRC/C/65/Add.28) en sus sesiones 1034ª y 1035ª (véase CRC/C/SR.1034 y CRC/C/SR.1035) celebradas el 23 de mayo de 2005 y, en la 1052ª sesión, celebrada el 3 de junio de 2005, aprobó las siguientes observaciones finales.

Recolección de Datos11

  1. Si bien es cierto que en los últimos años el Estado Miembro ha progresado mucho en el sistema de recolección de datos, incluyendo el establecimiento del Sistema de Indicadores sobre Niños, Niñas y Adolescentes (SINIÑEZ) dentro Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISe., el Comité está preocupado por la falta de estadísticas desagregadas por edad, sexo y origen étnico que puedan proveer un mejor entendimiento de la situación ecuatoriana, especialmente de los grupos vulnerables y marginados.

  2. El Comité recomienda que el Estado Miembro fortalezca su sistema de recolección de datos desagregados como parte del sistema nacional de recolección, incluyendo grupos vulnerables y marginados tales como niños discapacitados, pobres, indígenas y Afro-Ecuatorianos, para formar una base y evaluar el progreso logrado en la realización de los derechos de los niños y ayudar a diseñar políticas para implementar la Convención. El Comité también recomienda que el Estado Miembro busque ayuda técnica de, entre otros, UNICEF y del Instituto Interamericano del Niño.12

    (…)

Definición del Niño (Artículo 1 de la Convención)

  1. El Comité está preocupado por la falta de una edad mínima para casarse y que los niños puedan casarse a cualquier edad siempre que tengan la aprobación de los padres.

  2. El Comité recomienda que el Estado Miembro establezca una edad mínima para casarse para los niños y niñas a un nivel internacionalmente aceptable.13

Principios Generales (Artículos 2, 3, 6 y 12 de la Convención)

No discriminación
  1. El Comité reitera su preocupación expresada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD/62/CO/2, párr. 11) sobre el hecho que, a pesar de las garantías constitucionales y legales, la gente indígena y Afro-Ecuatoriana, así como los miembros de minorías étnicas aún son discriminados de facto. Al Comité también le preocupa la discriminación contra las niñas, los niños pobres y los refugiados.

    (…)

  2. El Comité solicita que se incluya información específica en el próximo reporte periódico, sobre las medidas y programas relevantes para la Convención sobre los Derechos del Niño asumida por el Estado Miembro para hacer el seguimiento de la Declaración y el Programa de Acción adoptado en la Conferencia Mundial 2001 contra el Racismo, la Discriminación Racial, Xenofobia e Intolerancias Relacionadas, tomando en cuenta el Comentario General Nº 1 del Artículo 29(1) de la Convención (objetivos de la educación).

    (…)

Abuso infantil y desatención
  1. El Comité toma nota de la protección legal introducida por el recientemente adoptado Código de la Niñez y la Adolescencia. Sin embargo, permanece preocupado ante el nivel de abuso y violencia al interior de la familia y ante el hecho que el Estado Miembro no tiene una política definida frente a este fenómeno.

  2. El Comité recomienda que el Estado Miembro amplíe sus esfuerzos para abordar el problema de la violencia doméstica y el abuso infantil por medio de:

    1. Implementación efectiva de las provisiones relevantes del Código de la Niñez y la Adolescencia, basada en la recolección total de datos estadísticos desagregados por sexo, edad y etnia;

    2. Realizar campañas públicas educativas acerca de las consecuencias negativas del abuso infantil y la desatención;

    3. Adoptar medidas que le permitan al Ministerio Fiscal, a la Policía Judicial y a los Órganos Judiciales investigar y sancionar los casos de violencia contra las niñas y adolescentes de una manera sensible al género y a los niños;

    4. Asegurar que todos los niños víctimas de violencia tengan acceso a asesoramiento y asistencia con recuperación y reintegración; y

    5. Proveer protección adecuada a los niños víctimas de abuso en sus hogares, haciendo el testimonio de videos admisible en los procedimientos de los tribunales.14

    (…)

Salud y Bienestar Básicos (Art. 6; 18, parr.3; 23; 24; 26; 27, párr. 1-3 de la Convención)

Salud y servicios de salud
  1. A pesar de los esfuerzos considerables realizados por el Estado Miembro en el área de la salud, especialmente la reducción de la mortandad infantil durante los últimos diez años, al Comité le preocupa los cada vez más altos índices de mortandad adolescente, mencionada en el reporte del Estado Miembro (párr. 143). Al Comité también le preocupan los altos niveles de desnutrición, especialmente en las áreas rurales.

  2. El Comité recomienda que el Estado Miembro aumente sus esfuerzos para mejorar la situación de salud de los niños y mejorar los accesos a los servicios de salud de calidad y a abordar el tema de la desnutrición, particularmente en las áreas rurales. El Comité también recomienda fortalecer la Iniciativa Amical de los Bebes y actualizar los manuales de entrenamiento para los profesionales de la salud sobre la promoción y protección de la lactancia materna.15

( …)

Salud Adolescente
  1. Al Comité le preocupa el cada vez mayor número de embarazos adolescentes y de madres muy jóvenes. También que los adolescentes enfrenten riesgos de salud física y mental, incluyendo violencia, uso de drogas y alcohol y enfermedades de transmisión sexual (ETS).

  2. El Comité recomienda que el Estado Miembro preste particular atención a la salud adolescente, tomando en cuenta el Comentario General Nº 4 del Comité sobre la salud y desarrollo adolescente en el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño. El Comité recomienda que el Estado Miembro fortalezca las leyes y programas existentes y en particular:

    1. Tome medidas para reducir el nivel de embarazos adolescentes, especialmente a través de la educación de salud reproductiva y servicios de asesoría;

    2. Tome medidas para reducir el nivel de embarazos adolescentes mediante la efectiva implementación del Acta de Educación Sexual y Amor de una manera sensible;

    (…)

8. Medidas de protección especial (Art. 22, 38, 39, 40, 37(b. (d., 32-36 de la Convención)

Explotación y tráfico sexuales
  1. El Comité aprecia los esfuerzos considerables realizados por el Estado Miembro y los varios estudios llevados a cabo por las diferentes instituciones concernientes al tema de la explotación sexual y el tráfico de niños, tal como lo reportó el Estado Miembro. Sin embargo, el Comité expresa su profunda preocupación por el alto número de niños involucrados en la explotación sexual comercial y por las medidas insuficientes adoptadas por el Estado Miembro al respecto.

  2. El Comité recomienda al Estado Miembro que:

    1. Tome las medidas legislativas apropiadas, incluyendo la revisión del Código Penal de manera de criminalizar, entre otros, la explotación sexual, la pornografía y el turismo sexual, tal como fue reportado en las respuestas a la lista de temas;

    2. Desarrolle una política efectiva y total que aborde la explotación sexual de los niños, incluyendo los factores que ponen a los niños en riesgo de dicha explotación;

    3. Evite criminalizar a los niños víctimas de la explotación sexual;

    4. Implemente políticas y programas apropiados para la prevención, recuperación y reintegración de los niños víctimas de acuerdo con la Declaración y Agenda para la Acción y del Compromiso Global adoptado por el Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial en 1996 y 2001.16

3º Observaciones finales sobre el cuarto informe presentado por el Estado adoptadas el 29 de enero de 2010.17

  1. El Comité examinó el cuarto informe periódico del Ecuador (CRC/C/ECU/4) en sus sesiones 1472ª y 1474ª (véanse CRC/C/SR.1472 y 1474), celebradas los días 18 y 19 de enero de 2010, y aprobó en su 1501ª sesión (CRC/C/SR.1501), celebrada el 29 de enero de 2010, las siguientes observaciones finales.

C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones

1. Medidas generales de aplicación (artículos 4; 42; y 44, párrafo 6, de la Convención)

(…)

Asignación de recursos
  1. El Comité acoge con agrado la disposición constitucional de que se asignará al menos el 5 y el 6% del producto interno bruto a la salud y la educación, respectivamente. El Comité también acoge con agrado el aumento en los últimos años de la inversión pública en la esfera social, especialmente en salud, educación y bienestar social, y los esfuerzos del Estado parte por proteger el gasto social de los efectos de la crisis financiera mundial, si bien observa que el nivel de gasto sigue siendo bajo. También acoge con agrado los esfuerzos por aumentar los recursos asignados a los niños necesitados de protección especial, como las transferencias de efectivo a las familias que viven por debajo del umbral de la pobreza, en particular el Bono de Desarrollo Humano (que está condicionado a la utilización de los servicios básicos de salud para los niños y niñas y la asistencia a la escuela para los niños, niñas y adolescentes de 5 a 18 años de edad., pero le preocupa que todavía no sea posible indicar la proporción de gasto social que se dedica específicamente a los niños, desglosada por género, grupo de edad, origen étnico, ubicación geográfica y/o administrativa y otros factores. El Comité toma nota de los esfuerzos por comenzar a articular el nuevo proceso de planificación mediante la presupuestación multianual y regionalizada, pero le preocupa que los gastos específicamente relacionados con los niños, si no están diferenciados, puedan no mantenerse con el tiempo como parte de la estrategia nacional de desarrollo. El Comité también está preocupado por la insuficiente asignación presupuestaria para la aplicación del Código de la Niñez y Adolescencia.

  2. El Comité recomienda que el Estado parte, habida cuenta de los artículos 3 y 4 de la Convención, adopte todas las medidas necesarias hasta donde lleguen los recursos disponibles para que se suministre una asignación presupuestaria suficiente a los servicios destinados a los niños y se preste especial atención a la protección de los derechos de los niños que pertenezcan a grupos desfavorecidos, en particular los niños indígenas, los niños afro ecuatorianos y los niños que viven en la pobreza. En particular, y conforme a las recomendaciones del Comité resultantes de su día de debate general sobre “Recursos para los derechos del niño - Responsabilidad de los Estados”, alienta al Estado parte a:

    (…)

    1. Asegurarse de que el aumento de las asignaciones para los grupos desfavorecidos a fin de paliar las disparidades, por ejemplo mediante el Bono de Desarrollo Humano, esté basado en el debido desglose de los datos presupuestarios por ubicación geográfica y administrativa y otras categorías pertinentes, como el género, la edad y el origen étnico;
Reunión de datos
  1. Si bien reconoce los esfuerzos de los últimos tiempos por mejorar las actividades de reunión de datos, planificación y presupuestación, el Comité está preocupado por la escasez de datos sobre grupos concretos de niños, especialmente niños indígenas y afro ecuatorianos, niños con discapacidad, niños que no asisten a la escuela, niños trabajadores y otros niños que necesitan especial protección.

  2. El Comité recomienda que el Estado parte perfeccione su sistema de reunión de datos desglosados por grupo de edad, género, origen étnico, ubicación geográfica y/o administrativa, etc., abarcando todas las esferas de la Convención, como base para evaluar los progresos logrados en la realización de los derechos del niño y contribuir a formular políticas para aplicar la Convención. El Comité recomienda que el Estado parte solicite asistencia técnica del UNICEF, entre otras instancias, para este fin.

    (…)

2. Definición del niño (artículo 1 de la Convención)

  1. El Comité observa la distinción formal que se hace en el Estado parte entre el niño (menor de 12 años) y el adolescente (entre los 12 y los 18 años). Si bien toma nota de los cambios propuestos en el Código Civil, el Comité está profundamente preocupado por la continuación de la edad mínima legal para contraer matrimonio en los 12 años para las chicas y en los 14 años para los chicos.

  2. El Comité reitera su recomendación de que el Estado parte establezca la edad mínima legal para contraer matrimonio en los 18 años para las chicas y los chicos.

3. Principios generales (artículos 2; 3; 6; y 12 de la Convención)

No discriminación
  1. El Comité celebra el reconocimiento en la nueva Constitución del carácter plurinacional e intercultural del Estado parte. Sin embargo, comparte la preocupación del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial por el hecho de que un porcentaje elevado de personas pertenecientes a pueblos indígenas y comunidades afro ecuatorianas sigan sufriendo de facto el racismo y la discriminación racial (CERD/C/ECU/CO/19, párr. 8), en particular niños. También le preocupan las evidentes manifestaciones de esa discriminación, como la tasa de mortalidad de los niños indígenas menores de 5 años, que es un 50% más alta que la media nacional, y el hecho de que la malnutrición crónica en los niños indígenas sea más del doble que la de los niños mestizos, y que las mujeres y niñas indígenas sean víctimas de discriminación y asesinato, como expresó el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.

  2. El Comité insta al Estado parte a que vele por la aplicación práctica de las disposiciones constitucionales y legales que proscriben la discriminación por motivos de género, de origen étnico y de cualquier otro tipo y garantice medidas de protección especial en favor de los niños indígenas y afro ecuatorianos. El Comité recuerda también al Estado parte que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomendó en 2008 que se adoptaran medidas especiales para proteger los derechos de las mujeres y niñas indígenas y afro ecuatorianas (CEDAW/C/ECU/CO/7). El Comité también desearía llamar la atención del Estado parte sobre los principios de la Declaración y el Programa de Acción aprobados en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia de 2001, así como el documento final aprobado en la Conferencia de Examen de Durban de 2009.

    (…)

4. Derechos y libertades civiles (artículos 7; 8; 13 a 17; y 37 a. de la Convención)

Seguimiento del estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños
  1. Con referencia al estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños (A/61/299), el Comité recomienda que el Estado parte:

    1. **Adopte todas las medidas necesarias para que se cumplan las recomendaciones que figuran en el informe del Experto independiente para el estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños teniendo en cuenta los resultados y las recomendaciones de la consulta regional para América Latina celebrada en Buenos Aires del 30 de mayo al 1º de junio de
    1. En particular, el Comité recomienda que el Estado parte preste especial atención a las siguientes recomendaciones:**

    (…)

    • Atender a la dimensión de género de la violencia contra los niños; y

    • Planear y realizar labores sistemáticas de reunión de datos nacionales e investigación sobre la violencia contra las mujeres, los niños y los adolescentes.

  1. Utilice esas recomendaciones como instrumento de actuación, en colaboración con la sociedad civil y en particular con la participación de los niños, para lograr que todas las niñas y los niños estén protegidos de todas las formas de violencia física, sexual y psicológica y ganar impulso para realizar intervenciones prácticas y, cuando proceda, con plazos fijados para prevenir la violencia y los abusos mencionados y actuar contra ellos; y

  2. **Solicite a este respecto cooperación técnica de la Representante Especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el UNICEF y otros organismos competentes, así como asociados de las ONG.

    (…)

6. Salud básica y bienestar (artículos 6; 18, párrafo 3; 23; 24; 26; y 27, párrafos 1 a 3, de la Convención)

(…)

Salud y servicios de salud
  1. El Comité celebra la aprobación en 2006 de la Ley orgánica de salud y el apoyo político y financiero renovado a los planes relativos a la mortalidad materna e infantil, el embarazo de las adolescentes, la malnutrición infantil y los servicios gratuitos de maternidad y atención a los niños. Señalando que la mortalidad infantil y la malnutrición crónica (que afecta a la quinta parte de los niños menores de cinco años) siguen siendo los problemas de salud más acuciantes en los niños, el Comité considera especialmente preocupante que, pese a los recientes esfuerzos por ampliar servicios tales como la inmunización y los servicios prenatales y de salud infantil, amplios segmentos de la población rural y periurbana todavía carezcan de acceso a los servicios o reciban servicios de baja calidad o mal adaptados a su especificidad cultural y deban pagar por los medicamentos en la mayoría de los casos. También preocupan al Comité las informaciones sobre la disminución de la alimentación exclusiva por lactancia materna.

  2. Aunque toma nota de la información facilitada más recientemente por el Estado parte sobre la disminución de la mortalidad infantil y el uso de mapas de la pobreza para facilitar la distribución de alimentos por conducto del sistema escolar, el Comité insta al Estado parte a que siga ampliando los servicios de salud materna e infantil y de supervisión y apoyo nutricionales, en particular a las zonas más apartadas, de manera adaptada a las particularidades de género y culturales y privilegiando las actividades de prevención y promoción. El Comité recomienda también que se difunda el Código internacional de comercialización de sustitutos de la leche materna. Recomienda asimismo que aumente la coordinación y el trabajo en equipo con las demás entidades del Sistema de Protección Integral. El Comité también insta al Estado parte a que siga aumentando las asignaciones de fondos públicos a la salud, como exige la Constitución.

Salud de los adolescentes
  1. Aunque acoge con agrado el Plan Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes como respuesta a uno de los más acuciantes problemas de salud que enfrentan los adolescentes, el Comité comparte la preocupación que expresó el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en 2008 (CEDAW/C/ECU/CO/7, párr. 38) por la alta tasa de embarazo entre las adolescentes, especialmente las chicas indígenas y afro ecuatorianas (1 de cada 5 parturientas es una chica de entre 15 y 18 años de edad.. A ese respecto, el Comité está preocupado por la insuficiencia de la educación sexual y reproductiva y la falta de información sobre anticonceptivos y de acceso a ellos, pese a la garantía explícita en la nueva Constitución del derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre la salud y la vida reproductiva (art. 66, párr. 10). El Comité está especialmente preocupado por los embarazos indeseados como resultado de violación, así como por la prohibición de algunos tipos de anticonceptivos de emergencia, que en algunos casos es motivo de abortos en condiciones insalubres y suicidios.

  2. El Comité recomienda que el Estado parte fortalezca sus medidas para promover el acceso a los servicios de salud reproductiva para todos los adolescentes en todas las partes del país, con inclusión de educación sobre salud sexual y reproductiva en las escuelas, así como servicios de asesoramiento y atención de salud adaptados a los jóvenes y confidenciales, que incluyan información sobre los anticonceptivos y acceso a ellos. También recomienda que el Estado parte ponga todos los métodos anticonceptivos a disposición de los adolescentes. A ese respecto, se llama la atención del Estado parte respecto de la Observación general Nº 4 del Comité (2003) sobre la salud y el desarrollo de los adolescentes en el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño. El Comité comparte la recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sobre la necesidad de que el Estado emprenda una investigación minuciosa sobre la cuestión de los abortos en condiciones peligrosas y sus efectos sobre la salud de la mujer (y la niña. y la mortalidad materna, que permita formular medidas legislativas y normativas adecuadas.

    (…)

7. Educación, esparcimiento y actividades culturales (artículos 28; 29; y 31 de la Convención)

Educación, incluidas la formación y la orientación profesionales
  1. El Comité celebra que haya aumentado el gasto público en educación en los últimos años y que en 2006 se eliminaran las contribuciones voluntarias a las escuelas y se introdujeran los libros de texto gratuitos. También espera con interés el nuevo aumento de los recursos que se establecen en la Constitución de 2008. El Comité celebra también el Plan Decenal de Educación, que prevé la enseñanza temprana y tiene como meta la plena matriculación de todos los niños en la educación básica y del 75% en el nivel secundario, así como el Plan Nacional para prevenir y erradicar los delitos sexuales en el ámbito educativo, de 2006. Sin embargo, está preocupado por las tasas de abandono de la escuela, que todavía son altas, especialmente en las niñas indígenas, y la alta tasa de abusos y hostigamiento sexuales contra las niñas y los castigos corporales como forma de “disciplina” en las escuelas. También señala con preocupación que la baja tasa de terminación de los estudios secundarios, especialmente en los niños indígenas y las chicas embarazadas, indica una deficiencia en la calidad de la educación. El Comité también considera preocupante que los hijos de los trabajadores migrantes en situación irregular no tengan acceso al sistema de enseñanza.

  2. El Comité recomienda que el Estado parte:

    (…)

    1. Introduzca la enseñanza de los derechos humanos en todos los niveles docentes a fin de favorecer el abandono de las prácticas discriminatorias, la xenofobia y la violencia y la comprensión de la diversidad, la interculturalidad, la perspectiva de género y la ciudadanía.

    2. Adopte medidas para prevenir los castigos corporales y el abuso y hostigamiento sexuales contra los niños, especialmente las niñas, en las escuelas e investigue y, de ser procedente, enjuicie rápidamente a los responsables de esos actos.

    (…)

    1. Tenga en cuenta la Observación general Nº 1 del Comité (2001) sobre los propósitos de la educación.

    (…)

8. Medidas especiales de protección (artículos 22; 30; 38; 39; 40; 37 b. a d.; y 32 a 36 de la Convención)

(…)

Explotación económica, incluido el trabajo infantil
  1. El Comité celebra la enmienda al Código del Trabajo por la que se establece la edad mínima de empleo en 15 años y el Plan Nacional para la Prevención y Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil, ambos de 2005. Sin embargo, le preocupa que muchos niños de corta edad todavía realicen trabajos perniciosos, como labores domésticas con características de esclavitud, y tareas peligrosas en vertederos de basura, plantaciones bananeras y la industria minera, incluso trabajos forzosos, y que muchos de esos niños no asistan a la escuela.

  2. El Comité recomienda que el Estado parte:

    1. Continúe y redoble sus esfuerzos por eliminar el trabajo infantil y sus peores formas, entre otras cosas haciendo cumplir el Código del Trabajo y el Convenio Nº 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las peores

    (…)

    1. Reúna datos fidedignos sobre los niños trabajadores desglosados por edad, sexo, origen étnico, contexto socioeconómico y ubicación geográfica/administrativa, entre otros factores, incluidos los niños que trabajan en el sector no estructurado, por ejemplo como empleados domésticos, y vigile su situación;

    (…)

    1. Siga solicitando asistencia del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la OIT.

    (…)

Explotación y abusos sexuales
  1. El Comité acoge con agrado el Plan Nacional de Turismo (PLANDETUR) de 2007, uno de cuyos objetivos era prevenir la explotación sexual de los niños. Sin embargo, está preocupado por la insuficiencia de las medidas existentes para prevenir la explotación sexual de los niños y por el bajo número de enjuiciamientos por esos delitos. También está preocupado por la alta tasa de niños víctimas de abusos sexuales y la falta de información sobre la naturaleza exacta de esos casos y por el hecho de que, al parecer, no hayan sido debidamente investigados y enjuiciados.

  2. El Comité recomienda que el Estado parte:

    1. Capacite a los fiscales, jueces y otros funcionarios sobre el modo de detectar, investigar y sancionar los casos de explotación y abusos sexuales de niños, respetando el derecho de los niños a la privacidad y la confidencialidad y sus necesidades especiales;

    2. Reúna estadísticas sobre las víctimas, desglosadas por tipo de delito, sexo, edad y origen étnico, para ejercer debidamente la vigilancia; y

    3. Aplique las políticas y los programas adecuados de prevención y de recuperación y reintegración de los niños víctimas, de conformidad con los documentos finales aprobados en los congresos mundiales contra la explotación sexual comercial de los niños de 1996, 2001 y 2008.

Venta, trata y secuestro
  1. El Comité acoge con agrado el Plan Nacional para combatir la trata de personas, el tráfico ilegal de migrantes, la explotación sexual, laboral y otros modos de explotación y prostitución de mujeres, niños, niñas y adolescentes, pornografía infantil y corrupción de menores de 2006. Sin embargo, el Comité sigue preocupado por el elevado número de niños que son objeto de trata internacional y dentro del país, desde las zonas fronterizas y de la Sierra Central a los centros urbanos, para fines de explotación sexual comercial, servidumbre doméstica, mendicidad forzosa y trabajo forzoso en minas y otras labores peligrosas. También le preocupa que algunos niños sean vendidos por sus padres con fines de trabajo forzoso y que, si se logra recuperarlos, esos niños puedan ser llevados de nuevo a vivir con sus padres.

  2. El Comité recomienda que el Estado parte:

    1. Investigue y juzgue los delitos de venta y trata y enjuicie y castigue a todos los culpables, especialmente en el ámbito local;

    2. Aumente la capacitación de los agentes del orden y otros funcionarios;

    3. Elabore una estrategia completa para seguir de cerca y detectar los casos de niños víctimas de operaciones de venta y trata entre los niños que sean más susceptibles a esas prácticas; y

    4. Adopte todas las medidas necesarias, en particular de apoyo educativo y financiero, para impedir que los padres vendan a sus hijos.

    (…)

Niños pertenecientes a grupos indígenas
  1. El Comité acoge con agrado la definición constitucional del Ecuador como Estado plurinacional, así como el proceso participativo y el marco de entendimiento que ha dado lugar al acuerdo entre el Estado y los pueblos y nacionalidades indígenas a favor de la niñez y el Plan de Construcción del Buen Vivir desde el principio de la vida, que engloba la Agenda Mínima a favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes indígenas del Ecuador. También acoge con agrado las iniciativas en curso para definir y lograr objetivos locales de protección y promoción de los derechos de los niños indígenas en 54 cantones y los avances sostenidos en la educación intercultural y bilingüe. No obstante, el Comité sigue estando preocupado por el bajo nivel de asignación presupuestaria per cápita al sistema de enseñanza en las provincias con mayoría de población indígena y la falta de información sobre su evaluación. Señala asimismo con preocupación las barreras que dificultan el acceso de los adolescentes a la información y educación sobre salud sexual y reproductiva en que se respeten las especificidades culturales y de género.

  2. El Comité recomienda que el Estado parte adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos de los niños indígenas, respetar su cultura y garantizar su goce de los derechos consagrados en la Constitución nacional, el derecho interno y la Convención. A ese respecto, el Comité remite al Estado parte a su Observación general Nº 11 (2009) sobre los niños indígenas y sus derechos en virtud de la Convención. El Comité también recomienda que el Estado parte cumpla la Agenda Mínima a favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes indígenas del Ecuador, respetando plenamente su naturaleza y el proceso participativo por el que se originó, imparta la necesaria capacitación a los dirigentes indígenas y locales y al personal de los servicios públicos pertinentes y suministre recursos suficientes, asegurándose de que se hayan establecido mecanismos de vigilancia y evaluación. El Comité alienta al Estado parte a que siga fortaleciendo la educación intercultural y bilingüe, prestando la debida atención a la cultura de los niños indígenas de conformidad con el artículo 30 de la Convención.

4º Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados del Ecuador.18

  1. El Comité examinó los informes periódicos quinto y sexto combinados del Ecuador (CRC/C/ECU/5-6) en sus sesiones 2222ª y 2223ª (véanse CRC/C/SR.2222 y 2223), celebradas los días 11 y 12 de septiembre de 2017, y aprobó en su 2251ª sesión, que tuvo lugar el 29 de septiembre de 2017, las presentes observaciones finales.

(…)

III. Principales motivos de preocupación y recomendaciones19

(…)

  1. El Comité recuerda al Estado parte que todos los derechos consagrados en la Convención son indivisibles e interdependientes, y hace hincapié en la importancia de todas las recomendaciones que figuran en las presentes observaciones finales. Asimismo, desea señalar a la atención del Estado parte las recomendaciones relativas a las siguientes esferas, respecto de las cuales deben adoptarse medidas urgentes: coordinación (párr. 9); violencia, malos tratos y descuido (párr. 25); violencia de género (párr. 27); salud de los adolescentes (párr. 35); niños pertenecientes a minorías étnicas y/o grupos indígenas (párr. 41); y justicia juvenil (párr. 44).

(…)

A. Medidas generales de aplicación (arts. 4, 42 y 44 (párr. 6))

(…)

Reunión de datos
  1. El Comité, aunque observa las medidas adoptadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censo s en relación con la reunión de datos sobre los derechos del niño, en relación con su observación general núm. 5 (2003) sobre las medidas generales de aplicación, recomienda que el Estado parte:

    1. Siga reforzando su sistema de reunión de datos, particularmente garantizando que los datos abarquen todos los ámbitos de la Convención y estén desglosados por edad, sexo, discapacidad, ubicación geográfica, origen étnico, nacionalidad y situación socioeconómica a fin de facilitar el análisis de todos los niños, incluidos aquellos que están en situación de vulnerabilidad;

    2. Establezca un sistema de reunión de datos sobre la malnutrición crónica, en especial en las zonas rurales, y sobre las distintas formas de violencia contra los niños;

    3. Adopte indicadores específicos sobre la infancia en la recopilación de datos relativos a la trata, la explotación sexual y la pornografía;

    4. Tome en consideración, al definir, reunir y difundir información estadística, el marco conceptual y metodológico que figura en el informe Indicadores de derechos humanos: Guía para la medición y la aplicación , de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

    (…)

B. Principios generales (arts. 2, 3, 6 y 12)

No discriminación
  1. El Comité recomienda que el Estado parte vele por la plena protección contra la discriminación por cualquier motivo, en coordinación con una amplia gama de partes interesadas, entre ellas las niñas, y que:

    1. Apruebe estrategias, como programas de acción afirmativa, para hacer frente a las diferencias en el acceso a la educación, los servicios de salud y a un nivel de vida mínimo por parte de los niños de pueblos y nacionalidades indígenas, los niños montubios y afroecuatorianos, los que tienen discapacidad y los de familias que viven en la pobreza, con resultados cuantificables y objetivos que deban alcanzarse a corto y a largo plazo;

    2. Diseñe y aplique una estrategia con una definición de objetivos clara y con un mecanismo de supervisión para eliminar las actitudes patriarcales y los estereotipos de género que discriminan a las niñas en todos los aspectos de la vida, prestando especial atención a la educación. En el contexto de dicha estrategia, el Estado debe adoptar medidas para combatir los prejuicios y la discriminación de facto contra las niñas embarazadas y las madres adolescentes;

    3. Apruebe una estrategia, disposiciones jurídicas concretas y directrices claras para las autoridades públicas, encaminadas a defender la no discriminación contra los niños por cualquier motivo y a combatir la estigmatización de los niños de familias monoparentales, los hijos de personas privadas de su libertad, los de familias compuestas por parejas del mismo sexo y los niños LGBTI;

    4. Vele por que todos los casos de discriminación contra niños sean tratados de manera eficaz, entre otras vías mediante la difusión de información en formatos accesibles sobre qué constituye discriminación y el establecimiento de sanciones disciplinarias, administrativas o, en caso necesario, penales, y por que los niños tengan acceso a asesoramiento psicosocial y jurídico en caso de discriminación;

    5. Supervise las estrategias y las medidas para combatir la discriminación e incluya un análisis de los resultados en su siguiente informe.

    (…)

D. Violencia contra los niños (arts. 19, 24 (párr. 3), 28 (párr. 2),34, 37a. y 39)

(…)

Violencia, malos tratos y descuido
  1. El Comité sigue profundamente preocupado por:

    1. La prevalencia de diversas formas de violencia, entre ellas la violencia física, sexual y psicológica, y los malos tratos contra niños de todas las edades en el hogar, la escuela, el transporte público y los espacios públicos infligidos por padres, docentes, parejas, cuidadores y/o compañeros de clase, así como su incidencia desproporcionada en niños con edades comprendidas entre los 5 y los 11 años, y entre niños de pueblos y nacionalidades indígenas y niños afroecuatorianos;

    2. La prevalencia de distintas formas de violencia, acoso, hostigamiento y malos tratos en la escuela;

    3. El uso continuado de la violencia y el castigo corporal contra los niños como una forma de disciplina en el hogar, la escuela y otros entornos;

    4. La falta de medidas para reunir datos oficiales sobre la incidencia de todas las formas de violencia contra los niños en el Estado parte;

    5. La insuficiente información sobre las medidas que ofrecen acceso a la justicia, vías de recurso y formas de reparación para los niños víctimas de la violencia, adaptadas en función de la edad y el sexo y accesibles en todo el país, tanto en las zonas rurales como en las urbanas.

  2. En relación con su observación general núm. 13 (2011) sobre el derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia, y tomando nota de la meta 16.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para poner fin, entre otras cosas, a los malos tratos y la violencia contra los niños, el Comité insta a que el Estado parte:

    1. Adopte una estrategia integral para prevenir y eliminar todas las formas de violencia, malos tratos y descuido contra los niños en todos los entornos, teniendo en cuenta particularmente las medidas para prevenir y eliminar la violencia contra los niños de pueblos y nacionalidades indígenas y los niños afroecuatorianos, con un plazo y asignaciones presupuestarias y recursos humanos y técnicos suficientes para alcanzar los objetivos;

    2. Establezca un marco y unos mecanismos de supervisión específicos que incluyan la presentación periódica de informes por las autoridades responsables, así como por parte de las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las organizaciones de niños, de mujeres y de pueblos indígenas;

    3. Vele por que las escuelas establezcan, con carácter prioritario, programas y actividades de sensibilización contra la violencia, los malos tratos, el acoso y el hostigamiento en la escuela, promuevan el respeto de la vida y la integridad física entre los niños y difunda entre los niños, los padres, los cuidadores, los docentes y el personal que trabaja con niños información sobre los mecanismos de denuncia y las vías de recurso existentes en casos de hostigamiento, acoso y malos tratos en el entorno escolar;

    4. Refuerce el sistema de protección especializada para los niños y establezca políticas públicas para combatir y eliminar todas las formas de violencia utilizadas como forma de educar a los niños;

    5. Cree una base de datos nacional para reunir sistemáticamente información y datos desglosados por edad, sexo, tipo de violencia y relación entre la víctima y el autor en todos los casos de violencia contra los niños en las familias, las escuelas y las instituciones de cuidados, y realice un análisis completo del alcance, las causas y la índole de dicha violencia;

    6. Cree dependencias especializadas para procesar los casos de violencia y malos tratos contra niños, y realizar investigaciones rápidas y exhaustivas que conduzcan a que los autores sean sancionados, al tiempo que se garantiza que los niños tengan acceso a canales de denuncia adecuados para ellos, asesoramiento físico y psicológico y servicios de rehabilitación y de salud, incluidos servicios de salud mental;

    7. Asigne recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para los equipos de la infancia y otros servicios de primera línea a fin de que respondan adecuadamente a las denuncias de casos de malos tratos contra niños;

    8. Defina el alcance de las medidas de reparación para los niños víctimas de la violencia, incluidos los criterios para la aplicación de medidas judiciales de restitución, indemnización, prestaciones simbólicas, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, compatibles con la edad, el sexo y el contexto cultural del niño.

Violencia por razón de género
  1. El Comité, si bien toma conocimiento de la información relativa al Plan Nacional de Erradicación de los Delitos Sexuales (2011) y del enfoque de tolerancia cero hacia la violencia sexual en las escuelas, muestra profunda inquietud por la prevalencia de la violencia por razón de género, en especial la violencia sexual, el acoso y los malos tratos contra las niñas en todos los ámbitos, así como el elevado nivel de impunidad en los casos de violencia sexual.

  2. El Comité pone de relieve la meta 5.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, relativa a la eliminación de todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación, e insta a que el Estado parte:

    1. Adopte sin dilación una estrategia nacional para eliminar la violencia sexual contra las niñas en el hogar, incluidas las zonas urbanas y las rurales, y en el sistema educativo, y se asegure de que las niñas tengan acceso a mecanismos eficaces de denuncia de la violencia sexual y a información sobre sus derechos sexuales y reproductivos;

    2. Introduzca la obligatoriedad de los procesos de selección y la comprobación de antecedentes para todos los profesionales y el personal que trabaja con niños o para ellos, en las escuelas públicas y las privadas, y procure en mayor medida ofrecer formación obligatoria y actividades de fomento de la capacidad sobre los derechos del niño y la igualdad de género a las familias, los padres, los cuidadores y los docentes;

    3. Acelere las actuaciones judiciales contra los presuntos autores de actos de violencia sexual contra las niñas y las investigaciones de oficio relativas a la violencia sexual en el entorno escolar, según lo acordado entre el Ministerio de Educación y la Fiscalía General, y reúna datos desglosados por edad, zona geográfica y origen nacional y/o condición étnica;

    4. Adopte unas normas claras para ofrecer vías de recurso y reparación a las niñas víctimas de violencia sexual y malos tratos, como reparación y asesoramiento psicosocial, resarcimiento, indemnizaciones y garantías de no repetición.

    (…)

Prácticas nocivas
  1. El Comité recomienda al Estado parte que adopte una estrategia integral para sensibilizar a la sociedad y a los niños sobre la edad mínima legal para contraer matrimonio, fijada en los 18 años.

    (…)

F. Discapacidad, salud básica y bienestar (arts. 6, 18 (párr. 3), 23, 24, 26, 27 (párrs. 1 a 3) y 33)

(…)

Salud de los adolescentes
  1. El Comité toma nota de la información relativa al Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2017-2021, pero expresa profunda preocupación por:

    1. Los obstáculos persistentes que dificultan el acceso de los niños a los servicios y la atención de la salud sexual y reproductiva;

    2. La elevada tasa de embarazos en la adolescencia, normalmente como consecuencia de la violencia sexual;

    3. Los obstáculos al acceso a los servicios de aborto y la práctica de abortos peligrosos;

    4. El acceso insuficiente a métodos anticonceptivos y de planificación familiar modernos;

    5. Los obstáculos al acceso a las pruebas de detección del VIH, como consecuencia de los prejuicios psicológicos por parte de los profesionales de la atención de la salud;

    6. El elevado número de suicidios en la frontera norte;

    7. La incidencia del consumo de drogas y el alcoholismo entre los adolescentes.

  2. En relación con su observación general núm. 4 (2003) sobre la salud y el desarrollo de los adolescentes, el Comité recomienda que el Estado parte:

    1. Adopte una estrategia y refuerce la formación y las actividades de fomento de la capacidad del personal médico y de atención de la salud, a fin de prevenir las barreras psicológicas en la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva para los adolescentes;

    2. Establezca una política nacional para hacer frente a los embarazos en la adolescencia, entre otras formas dando acceso a información actualizada sobre los métodos de planificación familiar y afrontando y combatiendo la violencia sexual por razones de género, y colabore estrechamente con las organizaciones de mujeres y las de niños al objeto de recabar sus opiniones sobre mecanismos de prevención eficaces, que incluyan procedimientos de denuncia y alerta temprana en las situaciones de violencia y abusos sexuales por parte de padres, familiares o cuidadores;

    3. Vele por que las niñas tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, entre ellos el aborto terapéutico, y estudie la posibilidad de despenalizar el aborto, prestando especial atención a la edad de la niña embarazada y los casos de incesto o violencia sexual;

    4. Se asegure de que la información sobre los métodos anticonceptivos y de planificación familiar modernos esté disponible para los adolescentes en formatos accesibles y en las lenguas indígenas;

    5. Establezca un programa con un plazo determinado para ofrecer a los adolescentes acceso a las pruebas de detección del VIH, e intensifique la aplicación de políticas para prevenir el VIH/SIDA y proteger a los niños y los adolescentes que viven con la enfermedad;

    6. Aplique un plan nacional de salud mental que aborde correctamente los derechos de los adolescentes a un nivel adecuado de salud y establezca una estrategia nacional para luchar contra el suicidio entre los adolescentes, prestando una atención especial a la situación de las niñas de pueblos y nacionalidades indígenas, en particular las que viven en la frontera norte;

    7. Adopte una estrategia nacional encaminada a prevenir y combatir el abuso de drogas y el alcoholismo entre los adolescentes, y colabore estrechamente con las organizaciones de la sociedad civil para identificar y abordar las causas del abuso de drogas y el alcoholismo como una cuestión de salud pública.

    (…)

Seguimiento del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía
  1. El Comité observa que e l Estado parte tipifica como delito la utilización de niños en la pornografía y la prostitución infantil, la labor de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes y el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2015-2018, pero está preocupado por el número de casos de desapariciones de niños, especialmente niñas, que están expuestos a la venta, el secuestro y la trata, y recomienda que el Estado parte:

    1. Refuerce sus medidas para afrontar la venta de niños, entre otras vías mediante el establecimiento de mecanismos de alerta temprana y mecanismos para la búsqueda de niños desaparecidos, especialmente niñas;

    2. Apruebe un nuevo plan de acción nacional para luchar contra la trata de personas, centrado especialmente en los niños, que garantice una mayor participación, una colaboración más estrecha con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con víctimas de la trata y el apoyo de dichas organizaciones;

    3. Establezca y ejerza la jurisdicción extraterritorial para todos los delitos prohibidos con arreglo al Protocolo Facultativo;

    4. Refuerce su sistema de protección de la seguridad social para abarcar a todos los niños víctimas de delitos prohibidos con arreglo al Protocolo Facultativo, en particular los niños que pertenecen a pueblos y nacionalidades indígenas, los niños afroecuatorianos y los niños migrantes, refugiados y solicitantes de asilo;

    5. Apruebe programas de sensibilización y desarrollo de la capacidad para los funcionarios públicos con respecto a los casos de trata, prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía;

    6. Adopte estrategias para prestar asesoramiento jurídico y psicosocial a los niños víctimas de la trata, la prostitución y la pornografía, y cree un mecanismo para la rehabilitación, recuperación y reintegración de los niños víctimas de delitos prohibidos con arreglo al Protocolo Facultativo.


  1. CRC/C/15/Add.93, 26 de octubre de 1998

  2. Las recomendaciones se encuentran en negrita.

  3. En cuanto a recolección de datos, en septiembre del 2002 el gobierno presentó el Sistema de Información Gubernamental, en el cual se encuentra integrado el Sistema de Indicadores Sociales SIISE que contiene a su vez el Sistema de Indicadores Sociales sobre Niños, Niñas y Adolescentes SINIÑEZ que tiene por objeto recolectar, organizar y difundir información cuantitativa sobre la situación de las personas menores de 18 años de edad; sin embargo, este sistema no cuenta con información desglosada por edad, sexo y origen étnico.

  4. En el Registro Oficial No. 737, de 3 de enero del 2003, se promulga el Código de la Niñez y Adolescencia que define al niño o niña como la persona que no ha cumplido doce años de edad y adolescente a la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad; en términos generales este Código regula los derechos a la supervivencia, el desarrollo, la protección y la participación de los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, establece una justicia especializada para la niñez y adolescencia y crea un sistema de protección integral a la niñez y adolescencia.

  5. Deuda pendiente.

  6. Deuda pendiente.

  7. Deuda pendiente.

  8. Legislativamente esta fue una deuda pendiente hasta el 23 de junio del 2005, en que se promulgó la ley reformatoria al Código Penal que tipificó como delitos la explotación sexual comercial y la trata de niños, niñas y adolescentes (Ley reformatoria publicada en el Registro Oficial No. 45 de la indicada fecha; es decir, pasaron siete años para que el estado cumpla esta recomendación del Comité en relación a tomar medidas legislativas. Sin embargo, la labor de prevención y sensibilización en las zonas rurales, particularmente, ha sido casi nula, al igual que la rehabilitación de las víctimas, lo que constituye una deuda pendiente del Estado en este aspecto.

  9. Desde el 2002, la Oficina Internacional del Trabajo, ha impulsado la elaboración de líneas de base en los lugares de mayor incidencia de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, en el marco de un convenio de entendimiento con el estado ecuatoriano, lo cual ha permitido tener una mejor idea de la problemática.

  10. CRC/C/15/Add.262, 13 de septiembre de 2005

  11. Las recomendaciones se encuentran en negrita.

  12. Deuda pendiente: - Aún no existe un sistema nacional de recolección datos, que incluya grupos vulnerables y marginados tales como niños, niñas y adolescentes con discapacidad, pobres, indígenas y afro-ecuatorianos, desagregados por edad, sexo y etnia.

  13. Deuda pendiente.

  14. Deuda pendiente: Con respecto a la violencia doméstica y el abuso infantil, no se ha implementado a nivel nacional un sistema de recolección total de datos estadísticos de esta problemática desagregados por sexo, edad y etnia; tampoco se han tomado medidas a nivel nacional que permitan al ministerio fiscal, a la policía judicial y a los órganos judiciales investigar y sancionar los casos de violencia contra las niñas y adolescentes de una manera sensible al género y al principio de protección integral que establece la Convención; tampoco se han tomado medidas para asegurar que los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia tengan acceso a asesoramiento y asistencia así como a su recuperación y reintegración.

  15. Deuda pendiente: Las áreas rurales aún no cuentan con un efectivo y oportuno acceso a estos servicios de salud.

  16. Mediante Ley reformatoria No. 2-2005, publicada en el Registro Oficial No. 45, de 23 de junio del 2005, se reformó el Código Penal ecuatoriano al tipificarse y sancionarse como delito la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes -manifestada como prostitución infantil, pornografía infantil y turismo sexual- así como la trata de personas en general y, específicamente, la realizada con personas menores de 18 años de edad para fines de explotación sexual, estableciendo penas severas para los explotadores, aunque aún no se tipifica como tal a los “clientes” de estos “servicios”. Así mismo, mediante decreto ejecutivo No. 1823, de 30 de agosto del 2006, publicado en el Registro Oficial No. 375, de 12 de octubre del 2006, se declaró política prioritaria del Estado, el combate a la trata de personas, el tráfico ilegal de migrantes, explotación sexual laboral y otros modos de explotación y prostitución de mujeres, niños, niñas y adolescentes, pornografía infantil y corrupción de menores; y se aprobó el “Plan Nacional para combatir la Trata de Personas, tráfico ilegal de migrantes, explotación sexual laboral y otros modos de explotación y prostitución de mujeres, niños, niñas y adolescentes, pornografía infantil y corrupción de menores”. Sin embargo, aún no se han tomado medidas para evitar que se criminalizar a las víctimas de la explotación sexual; ni se han implementado programas apropiados para la prevención, recuperación y reintegración de éstas víctimas, constituyendo esta aspecto deuda pendiente del Estado ecuatoriano con la niñez y adolescencia.

  17. CRC/C/ECU/CO/4, 2 de marzo de 2010

  18. CRC/C/ECU/CO/5-6, 26 de octubre de 2017

  19. Las recomendaciones se encuentran en negrita.