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Comité contra la Tortura: Observaciones referidas a las mujeres y las niñas

1º Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico del Ecuador.

  1. El Comité contra la Tortura examinó el séptimo informe periódico del Ecuador (CAT/C/ECU/7) en sus sesiones 1462ª y 1465ª (véase CAT/C/SR.1462 y 1465), celebradas los días 8 y 9 de noviembre de 2016, y aprobó las presentes observaciones finales en su 1490ª sesión, celebrada el 28 de noviembre de 2016.1

    (…)

C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones2

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Muerte de personas bajo custodia

  1. El Comité observa con preocupación que, a pesar de sus repetidas solicitudes, el Estado parte no ha presentado información estadística sobre suicidios registrados durante el período examinado en los centros de detención ni sobre su eventual investigación. Tampoco se ha proporcionado información relativa a los protocolos de actuación que se siguen en estos casos (arts. 2, 11 y 16).

  2. El Estado parte debe investigar con prontitud y de manera exhaustiva e imparcial todas las muertes de personas en detención a fin de determinar cualquier posible responsabilidad de los funcionarios de instituciones penitenciarias, y cuando corresponda, castigar debidamente a los culpables y proporcionar una reparación adecuada a los familiares de las víctimas. El Comité insta al Estado parte a presentar datos detallados sobre los casos registrados de muertes de personas bajo custodia, desglosadas por lugar de detención, sexo, edad, origen étnico o nacionalidad del fallecido y causa del deceso.

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Criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo fruto de una violación

  1. En vista de los altos índices de violencia de género y violencia sexual que se registran en el país (véase CEDAW/C/ECU/CO/8-9, párrs. 20 y 21), preocupan al Comité las restricciones al aborto establecidas en la legislación penal del Estado parte, que sólo permite la interrupción voluntaria del embarazo cuando peligre la vida o la salud de la mujer y ese peligro no pueda ser evitado por otros medios y cuando el embarazo sea consecuencia de la violación de una mujer con una discapacidad mental. El Comité observa con preocupación el serio riesgo que dichas restricciones comportan para la salud de las mujeres víctimas de una violación que deciden abortar, así como las consecuencias penales que pueden derivarse, que incluyen penas de prisión tanto para las mujeres que se someten a abortos como para los médicos que los practican (arts. 2 y 16).

  2. El Comité recomienda al Estado parte que vele por que las mujeres víctimas de una violación que voluntariamente decidan interrumpir su embarazo tengan acceso a abortos legales y en condiciones seguras.


  1. CAT/C/ECU/CO/7, 11 de enero de 2017

  2. Las recomendaciones se encuentran en negrita.