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Comité de Derechos Humanos: Observaciones referidas a las mujeres y las niñas

1º Observaciones finales sobre el primer informe presentado por el Estado adaptadas en julio de 1980.1

  1. En sus sesiones 221ª, 222ª, 223ª y 226ª, celebradas los días 15, 16, y 17 de julio de 1980, el Comité examinó el informe inicial (CCPR/C/1/Add.50) presentado por Colombia (CCPR/C/SR. 221, 222, 223 y 226).

    No se observan recomendaciones con perspectiva de género.

2º Observaciones finales sobre el segundo informe presentado por el Estado adaptadas en julio de 1988.2

El Comité examina el segundo informe de Colombia en julio de 1988, dentro de un contexto de restricción a los derechos humanos en el país consecuencia de la declaración del estado de sitio, por lo que su examen exige indagar sobre el funcionamiento del sistema judicial en general, el impacto del estado de sitio en las libertades públicas y la competencia de los tribunales militares, entre otras.

  1. El Comité examinó el segundo informe periódico de Colombia (CCPR/C/37/Add.6/Rev.1) en sus sesiones 817a. a 820a., celebradas del 13 al 15 de julio de 1988 (CCPR/C/SR.817, 820 y 822).

    (…)

  2. En relación con el cumplimiento al principio de no discriminación e igualdad de los sexos, miembros del comité piden información sobre las medidas adoptadas para garantizar la igualdad de goce de los derechos enunciados en el Pacto, y sobre los resultados de esas medidas, así como la situación de la mujer, y particularmente datos estadísticos sobre su participación en la vida política del país. Preguntaron asimismo que representaba el matrimonio a los efectos de la nacionalidad de la mujer, cuál era la condición de los extranjeros y en qué medida se restringían sus derechos en comparación con los de los ciudadanos, así como cuál era la condición de las mujeres pertenecientes a la población indígena.

    (…)

  3. En su respuesta, el representante del Estado Parte declaró que el Gobierno de Colombia desplegaba esfuerzos, en circunstancias difíciles, para conseguir que todos gozaran efectivamente de los derechos especificados en el pacto (…). Que las mujeres gozaban de todos los derechos, y desde 1957, año en que se les concedió el derecho a votar, habían ocupado cargos de ministros adjuntos. Suministró datos sobre el porcentaje de mujeres en las fuerzas de trabajo. No obstante, la tasa de desempleo era más elevada entre las mujeres que entre los hombres y en general también se tendía a pagarles sueldos más bajos. Las mujeres casadas gozaban de los mismos derechos que sus maridos con respecto a la nacionalidad. En cuanto a la condición de las mujeres pertenecientes la población indígena, el representante del Estado parte dijo que su situación era menos alentadora que la de la mujer en general y que las mujeres indígenas eran objeto de discriminación debido a las tradiciones culturales.

    (…)

  4. De otra parte, el comité pide información adicional sobre la ley y la práctica relativas a la igualdad de los cónyuges3.

    No se observan recomendaciones con perspectiva de género. Sin embargo se transcriben algunos párrafos donde se menciona a las mujeres.

3º Observaciones finales sobre el tercer informe presentado por el Estado adaptadas en abril de 1992.4

En abril de 1992, el Comité examina el tercer reporte de Colombia, casi un año después que una Asamblea Nacional Constituyente elegida popularmente promulgara una nueva constitución política, que conlleva al levantamiento del estado de sitio. Con respecto a los tratados de derechos humanos suscritos por Colombia, la constitución los elevó a rango de constitucional, conformando junto con la carta política el bloque de constitucionalidad y creo la acción de tutela como un mecanismo expedito para proteger y restablecer los derechos humanos fundamentales vulnerados por el estado o por particulares.

  1. El Comité examinó el tercer informe periódico de Colombia (CCPR/C/64/Add.3) en sus sesiones 1136ª a 1139ª, celebradas el 2 y 3 de abril de 1992 (CCPR/C/SR.1136 a 1139).

    (…)

  2. En relación con la no discriminación, la igualdad entre los sexos, la protección de la familia y del niño/a, y derechos de las personas pertenecientes a las minorías, lo miembros del Comité, manifestaron el deseo de recibir información sobre la eficacia de los diversos programas y políticas destinados a conseguir la igualdad entre el hombre y la mujer, las actividades y logros alcanzados por la Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia; las consecuencias de la entrada en vigor del código del menor para el disfrute de los derechos por los niños y las niñas y las medidas para proteger a los niños/as en condiciones “anómalas” el derecho y la practica en relación con el trabajo de menores y los factores o dificultades que obstaculizan el cumplimiento del art. 27 del Pacto relacionado con minorías étnicas, religiosas o lingüísticas.

    (…)

  3. En su respuesta, el representante del Estado parte dijo que ya se había logrado la igualdad en el acceso a la educación en las escuelas elementales y secundarias, así como en las universidades, y la mujer estaba cada vez más representada en cargos en altos puestos tanto en el sector público y privado como en la vida política. Manifestó que si bien se habían conseguido progresos sustanciales y la discriminación era ilegal en casi todos los sectores, queda mucho por hacer, sobre todo en lo referente a la igualdad de remuneración, mejores sistemas de guarderías infantiles y mejoramiento de la formación de la mujer.

    (…)

  4. Dentro de las observaciones finales de algunos de los miembros del comité se expresó preocupación por las esferas aún existentes de discriminación contra la mujer.

    (…)

  5. El Comité en pleno, nota con preocupación que aún no se ha aplicado en Colombia el principio de remuneración igual para hombres y mujeres. La cuestión de trabajo de menores también es preocupante. Y en las recomendaciones insta al estado parte a que trate en forma más eficaz los problemas relativos al trabajo infantil.

    No se observan recomendaciones con perspectiva de género. Sin embargo se transcriben algunos párrafos donde se menciona a las mujeres.

4º Observaciones finales sobre el cuarto informe presentado por el Estado adaptadas en abril de 1997.5

  1. El Comité examinó el cuarto informe periódico de Colombia (CCPR/C/103/Add.3 y HRI/CORE/1/Add.56) en sus sesiones 1568ª, 1569ª, 1570ª y 1571ª, celebradas los días 31 de marzo y 1º de abril de 1997, y aprobó (En su 1583ª sesión, celebrada el 9 de abril de 1997) las observaciones finales que figuran a continuación.

C. Aspectos positivos6

  1. Como aspectos positivos, el Comité también expresa satisfacción por la creación de instituciones y oficinas para proteger y promover los derechos humanos, como la Defensoría del Pueblo, el Departamento de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación y la División de Derechos Humanos de la Procuraduría General. En cuanto a las mujeres, celebra la puesta en marcha de programas relativos a la mujer y a la igualdad de hombres y mujeres, formulados por el Consejo Nacional de Política Económica y Social -CONPES, y la creación de entes institucionales destinados a promover los derechos de las mujeres, como el Comité de Coordinación y Control de las Políticas contra la Discriminación y la Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia. De igual manera expresa satisfacción por la entrada en vigencia de la ley de violencia intrafamiliar7.

    (…)

D. Principales motivos de preocupación

  1. Dentro de los principales motivos de preocupación, el comité deplora que se siga llevando a cabo las llamadas operaciones de “limpieza social”, dirigidas contra los niños/as de la calle, los homosexuales, las prostitutas, entre otras, y que todavía no se hayan tomado las medidas adecuadas y eficaces para garantizar la plena protección de los derechos, de esos grupos, sobre todo su derecho a la vida.

(…)

  1. El Comité expresa su inquietud por la situación de las mujeres, quienes, a pesar de algunos avances, siguen siendo objeto de discriminación de jure y de facto en todas las esferas de la vida económica, social y pública. Al respecto, el Comité observa que la violencia contra las mujeres sigue siendo una amenaza grave contra su derecho a la vida, y que es preciso ocuparse seriamente de esta cuestión. Asimismo, expresa su preocupación por la alta tasa de mortalidad de las mujeres a consecuencia de los abortos clandestinos.

(…)

  1. El Comité recomienda que el Estado Parte revise las leyes y adopte medidas para garantizar la plena igualdad de hecho y de derecho de las mujeres en todos los aspectos de la vida social, económica y pública, en particular en su situación dentro de la familia. A este respecto, hay que dar prioridad a la protección del derecho de las mujeres a la vida, adoptando medidas eficaces contra la violencia y garantizando el acceso a los medios anticonceptivos son riesgos. Deben adoptarse medidas para prevenir y eliminar las actitudes discriminatorias persistentes y los prejuicios contra la mujer, entre otras cosas, por medio de campañas de educación e información.

5º Observaciones finales sobre el quinto informe presentado por el Estado adaptadas el 25 de marzo de 2004.8

  1. El Comité examinó el quinto informe periódico de Colombia (CCPR/C/COL/2002/5 y HRI/CORE/1/Add.56) en sus sesiones 2167ª y 2168ª (CCPR/C/SR.2167 y 2168), celebradas el 15 y 16 de marzo de 2004, y aprobó, en su sesión 2183ª (CCPR/C/SR.83), celebrada el 25 de marzo de 2004, las siguientes observaciones finales.

D. Motivos de preocupación9

(…)

  1. El Comité nota con preocupación que la criminalización legislativa de todos los abortos puede llevar a situaciones en las cuales las mujeres tengan que someterse a abortos clandestinos de alto riesgo y en particular le preocupa que las mujeres que hayan sido víctimas de violación o incesto, o cuyas vidas estén en peligro a causa del embarazo, puedan ser procesadas por haber recurrido a tales procedimientos (art. 6).

    El Estado Parte debería velar para que la legislación aplicable al aborto sea revisada para que los casos anteriormente descritos no constituyan una ofensa penal.

  2. El Comité reitera su inquietud por los altos niveles de violencia a los cuales están sujetas las mujeres. En particular preocupa al Comité el reducido número de investigaciones por los hechos de violencia doméstica y violencia sexual experimentados por mujeres durante el conflicto armado interno, así como por mujeres desplazadas internamente. Igualmente sigue preocupando al Comité las actuales normas de procesamiento por violaciones sexuales que requieren el consentimiento de la víctima para la continuación de la causa10.

    El Estado Parte debería reforzar las medidas existentes para la protección de mujeres contra todo tipo de violencia, en particular la violencia doméstica. Así mismo se recomienda al Estado Parte que haga un seguimiento periódico del número de investigaciones y de inculpaciones efectuadas por este tipo de delitos comparado con el número de denuncias recibidas11. El estado Parte también debería revisar su legislación sobre las investigaciones sobre violaciones sexuales con respecto al rol de consentimiento de la víctima en el proceso (arts. 3, 7 y 26).

6º Observaciones finales sobre el sexto informe presentado por el Estado adaptadas el 28 de julio de 2010.12

  1. El Comité de Derechos Humanos examinó el sexto informe periódico de Colombia (CCPR/C/COL/6) en sus sesiones 2721ª a 2722ª, celebradas los días 15 y 16 de julio de 2010 (CCPR/C/SR.2721 a 2722). En su 2739ª sesión, celebrada el 28 de julio de 2010 se aprobó las siguientes observaciones finales.

C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones13

  1. El Comité observa que al final de 2009, 280.420 víctimas se habían registrado en el marco de la Ley N.º 975 de 2005 y le preocupa que hasta la fecha solo se ha otorgado reparación para víctimas por vía judicial en un solo caso. El Comité observa la creación de un programa de reparación por vía administrativa (Decreto 1290 de 2008) y su gradual implementación; sin embargo, le preocupa que este programa se base en el principio de solidaridad y, a pesar de referirse a la responsabilidad subsidiaria o residual del Estado, no reconoce claramente el deber de garantía del Estado. Al Comité le preocupa la discrepancia entre las disposiciones normativas y su implementación. En la práctica la reparación tiende a tener carácter de asistencia humanitaria y hasta la fecha no contempla una reparación integral. Es de preocupación para el Comité que el Decreto 1290 no reconoce víctimas de agentes del Estado. El Comité lamenta que hasta la fecha no se ha puesto en marcha medidas para la reparación colectiva (Artículo 2).

El Estado parte debe asegurar que se adopte legislación e implementar una política que garantice plenamente el derecho a un recurso efectivo y a una reparación integral. La implementación del derecho debe desarrollarse tomando en cuenta los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones (A/RES/60/147, 2006) y asimismo considerar los cinco elementos de este derecho: la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y garantías de no-repetición. Particular atención debe ser prestada a aspectos de género y a las víctimas que son niños, niñas, afrocolombianos e indígenas. Debe habilitarse recursos específicamente destinados a brindar atención psicosocial y rehabilitación.

(…)

  1. El Comité expresa su profunda preocupación por la persistencia de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, tortura, violaciones sexuales y reclutamiento de niños en el conflicto armado. El Comité destaca la gravedad de la ausencia de estadísticas e información concisa sobre el número de casos de tortura y las investigaciones pertinentes. El Comité observa la particular vulnerabilidad de ciertos grupos como las mujeres, los niños, las minorías étnicas, los desplazados, la población carcelaria y las lesbianas, los gays, los bisexuales y las personas transgénero (LGBT). Al Comité le preocupa la falta de investigaciones penales y la lentitud en los avances de investigaciones existentes, ya que muchas de estas se quedan en etapas previas de investigación, contribuyendo así a la continuada impunidad para graves violaciones de los derechos humanos (Artículos 2, 3, 6, 7, 24 y 26).

El Estado parte debe asegurar que las investigaciones sean llevadas a cabo por las autoridades competentes, que procedan a una investigación pronta e imparcial y que se sancionen violaciones de derechos humanos con penas adecuadas teniendo en cuenta su gravedad. El Estado debe garantizar recursos adicionales a la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario para que agilice su labor, y el Comité señala la importancia que los casos correspondientes sean asignados a dicha unidad. Asimismo, el Estado debe fortalecer la seguridad para los operadores de justicia y para todos los testigos y víctimas. El Estado parte debe construir un sistema centralizado para poder identificar todas las graves violaciones de derechos humanos y dar debido seguimiento a la investigación de las mismas.

(…)

  1. El Comité expresa su preocupación ante información que indica cifras alarmantes de violencia sexual contra mujeres y niñas. Al Comité le preocupa la cantidad de estas violaciones cuya responsabilidad es atribuida a miembros de las FARC-EP y de los grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares. Además, el Comité expresa su grave preocupación acerca de casos en los cuales los presuntos responsables son miembros de la fuerza pública y que en la mayoría de estos casos las víctimas han sido niñas. El Comité lamenta que no se han tomado todas las medidas necesarias para avanzar en las investigaciones de los 183 casos de violaciones sexuales remitidos por la Corte Constitucional a la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, le preocupa la invisibilidad de los crímenes de violencia sexual en los mecanismos establecidos por la Ley N.º 975 de 2005 (Artículos 3, 7, 24 y 26).

El Estado parte debe tomar medidas eficaces para investigar todos los casos de violencia sexual remitidos por la Corte Constitucional a la Fiscalía General de la Nación debe cree un sistema de información confiable sobre la ocurrencia de todo tipo de actos de violencia sexual y de género.

La violencia sexual atribuida a la fuerza pública debe ser investigada, enjuiciada y firmemente sancionada, y el Ministerio de Defensa debe implementar una política de tolerancia cero ante estas violaciones, incluyendo la separación del servicio de los responsables.

El Estado parte debe incrementar los recursos que se destinan a la recuperación física y psicológica de las mujeres y niñas que sean víctimas de violencia sexual, y velar por que se evite la victimización secundaria en el acceso a la justicia.

  1. El Comité felicita al Estado Parte por haber avanzado en la implementación de la recomendación anterior emitida del Comité en 2004 (CCPR/CO/80/COL, párr. 13) a través de la sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional que despenalizó del aborto en ciertas circunstancias; cuando la mujer haya sido víctima de una violación o incesto, cuando el embarazo pone en riesgo la vida o la salud de la mujer y cuando el feto presenta graves malformaciones que hacen inviable su vida fuera del útero. Sin embargo, le preocupa al Comité que, a pesar del Decreto 4444 de 2006 del Ministerio de Salud, proveedores de servicios de salud se niegan a proporcionar abortos legales y que el Procurador General de la Nación no apoya la aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional en esta materia. Asimismo, al Comité le preocupa que la insuficiente educación sexual en el currículum escolar y de información pública sobre cómo acceder a un aborto legal, siga causando la pérdida de la vida para mujeres que han recurrido a abortos inseguros (Artículos 3, 6 y 26).

El Estado parte debe asegurar que proveedores de salud y profesionales médicos actúen en conformidad con la sentencia de la Corte y no se nieguen a proporcionar abortos legales. Asimismo, el Estado parte debe tomar medidas para ayudar a las mujeres a evitar embarazos no deseados, para que no tengan que recurrir a abortos ilegales o inseguros que puedan poner en riesgo su vida. El Estado parte debe facilitar el acceso a información pública sobre cómo acceder a un aborto legal.

7º Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de Colombia.14

  1. El Comité examinó el séptimo informe periódico de Colombia (CCPR/C/COL/7) en sus sesiones 3313ª y 3314ª (véase CCPR/C/SR.3313 y 3314), celebradas los días 19 y 20 de octubre de 2016. En su 3330ª sesión, celebrada el 1 de noviembre de 2016, aprobó las presentes observaciones finales.

(…)

C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones15

(…)

Conflicto armado interno

  1. Si bien toma nota de que las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP) dieron lugar a una reducción considerable del impacto del conflicto armado en la población civil, al Comité le preocupan los informes de que durante el período en estudio continuaron cometiéndose violaciones de los derechos consagrados en el Pacto, incluyendo privaciones arbitrarias de la vida, desapariciones forzadas y tortura. El Comité lamenta no haber recibido suficiente información acerca de las medidas adoptadas para dar respuesta a las alertas tempranas emitidas por la Comisión Interinstitucional de Alertas Tempranas durante el período en estudio y acerca de su eficacia en la prevención de graves violaciones de los derechos humanos (arts. 2, 6, 7, 9 y 12).

  2. El Estado parte debe continuar e intensificar sus esfuerzos para prevenir la comisión de violaciones de los derechos consagrados en el Pacto y hacer efectivos los derechos a la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno. En particular, debe velar por que:

    1. Las autoridades pertinentes tomen medidas eficaces de prevención en respuesta a las alertas tempranas emitidas por la Comisión Interinstitucional de Alertas Tempranas y vigilen y den adecuado seguimiento a todos los informes de riesgo y notas de seguimiento emitidos por la Defensoría del Pueblo en el marco del Sistema de Alertas Tempranas, aun cuando no se convirtieran en alertas tempranas;

    2. Todas las violaciones de los derechos consagrados en el Pacto sean investigadas de manera pronta, exhaustiva e imparcial, y los autores sean llevados ante la justicia y rindan cuentas de sus actos;

    3. Se brinde efectiva protección y atención a las personas y comunidades que puedan resultar más vulnerables, en particular las mujeres, los niños, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, los afrocolombianos y los indígenas;

    4. Todas las víctimas reciban reparación integral, incluyendo la restitución de tierras.

    (…)

Violencia contra la mujer y violencia sexual

  1. El Comité reconoce las numerosas medidas adoptadas por el Estado parte para prevenir, combatir y sancionar la violencia contra la mujer y la violencia sexual, y para ofrecer reparación y atención a las víctimas. No obstante, le preocupan los informes de que la violencia contra la mujer y la violencia sexual, que afecta mayormente a mujeres y niñas, continúan representando serios problemas tanto dentro como fuera del marco del conflicto armado, y los informes relativos a que existirían elevados niveles de impunidad por esos delitos (arts. 3, 6, 7 y 24).

  2. El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos para prevenir, combatir y sancionar todos los actos de violencia contra la mujer y violencia sexual y ofrecer atención y reparación integral a las víctimas. E n particular, debe velar por que: se facilite la presentación de denuncias por las víctimas; todos los hechos de violencia contra la mujer y violencia sexual sean investigados de manera pronta, exhaustiva e imparcial; los autores sean enjuiciados y sancionados; y las víctimas obtengan sin demora atención, reparación integral y medios de protección adecuados, entre otras cosas poniendo a su disposición un número suficiente de centros de acogida en todo el país.

Interrupción voluntaria del embarazo

  1. Si bien toma nota de las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud para garantizar el acceso al aborto en los casos en los que se presente algunas de las circunstancias previstas en la sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional, al Comité le preocupan los informes sobre los obstáculos a los que se habrían enfrentado algunas mujeres en la práctica para acceder al aborto legal, incluyendo la invocación de la objeción de conciencia por el personal de salud sin remisiones apropiadas y su falta de capacitación adecuada. Al respecto, le preocupan también los informes sobre numerosos casos de abortos que se habrían llevado adelante de manera clandestina en condiciones inseguras poniendo en riesgo la vida y salud de las mujeres. Asimismo, le preocupa la información sobre las altas tasas de embarazo adolescente (arts. 3, 6, 7 y 17).

  2. El Estado parte debe continuar e incrementar sus esfuerzos para garantizar el acceso efectivo y oportuno de las mujeres al aborto legal, incluyendo a través de la eliminación de los obstáculos que pudiera n impedir dicho acceso, y para facilitar el acceso a información pública sobre cómo acceder al aborto legal. En particular, debe establecer un mecanismo efectivo de remisión para garantizar el acceso al aborto seguro en casos de objeción de conciencia de los profesionales de la salud y velar por que los profesionales de la salud que deban practicar los abortos reciban capacitación adecuada. El Estado parte debe revisar los efectos del marco normativo en las mujeres para asegurar que no tengan que recurrir a abortos clandestinos que pongan en riesgo su vida y su salud. Asimismo, debe incrementar sus esfuerzos con miras a prevenir los embarazos no deseados, especialmente entre las adolescentes, y garantizar que las mujeres y las adolescentes puedan acceder a servicios adecuados de salud sexual y reproductiva en todo el país.

(…)

Trata de personas

  1. Si bien acoge con satisfacción las diversas medidas adoptadas por el Estado parte para combatir y sancionar la trata de personas, el Comité nota con preocupación la información de que el fenómeno persiste, incluyendo la trata interna, en particular de personas en situación de vulnerabilidad tales como los niños y las personas afrocolombianas e indígenas (art. 8).

  2. El Estado parte debe continuar e intensificar sus esfuerzos para prevenir, combatir y sancionar la trata de personas, incluyendo la trata interna, e identificar a las víctimas y proveerles reparación integral y medios de protección y asistencia adecuados.


  1. A/35/40, 18 de septiembre de 1980

  2. A/43/40, 28 de septiembre de 1988

  3. Jurídicamente los cónyuges tienen igualdad de derechos dentro del matrimonio, reconocidos a través del decreto 2820 de 1974 y del art. 42 de la Constitución Política. Sin embargo, a nivel real se mantienen las desigualdades, lo que se evidencia en la violencia intrafamiliar y en la de pareja, que sigue recayendo en un 93% sobre las mujeres.

  4. A/47/40, 9 de octubre de 1992

  5. CCPR/C/79/Add.76, 5 de mayo de 1997

  6. Las recomendaciones se encuentran en negrita.

  7. Ley 294 de 1996, por la cual se desarrolla el art. 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. Modificada por la ley 575 de 2000, pasando la competencia para el tramite de las medidas de protección del juez de familia al comisario de familia.

  8. CCPR/CO/80/COL, 26 de mayo de 2004

  9. Las recomendaciones se encuentran en negrita.

  10. El art. 35 de la ley 600 de 2000, Código de Procedimiento Penal vigente, lista los delitos que requieren querella de parte, dejando por fuera los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual. En materia de prevención, la ley 1146 del 10 de julio de 2007, creo el Comité Interinstitucional Consultivo para la Prevención de la Violencia Sexual y Atención Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas del Abuso Sexual, adscrito al Ministerio de Protección Social, conformado por 10 entidades del orden nacional competentes en el tema y con interacción de la sociedad civil. El mismo comité deberá crearse en los entes territoriales. En materia de prevención el comité debe promover acciones de sensibilización, y de formación tanto a niños, niñas y adolescentes como a los adultos y a servidores. En materia de atención, señala las acciones de emergencia a adelantar por el sector de salud, asumiéndolos como casos de urgencia, realizando exámenes y tratamiento de ETS, provisión de antirretrovirales, para casos de violación y/o riesgo de VIH/SIDA, valoración física y psicológica de la victima, preservación de las evidencias, siguiendo la cadena de custodia, informar a la autoridad competente y practicar las pruebas forenses necesarias para la investigación penal. De igual manera, la ley establece acciones para los sectores educativos, medios de comunicación, para la sociedad y ordena la apropiación de los recursos necesarios para su cumplimiento.

  11. La ley 1142 del 28 de junio de 2007, en el parágrafo del articulo 27, establece que en los casos de violencia intrafamiliar no procede la sustitución de la detención preventiva de un establecimiento carcelario a la detención domiciliaria. De otra parte se aumentan las penas por el delito de violencia intrafamiliar, quedado de 4 a 8 años de prisión, y se agrava de la mitad a las tres cuartas partes, cuando el delito recae sobre un niño o niña o adolescente menor de 18 años, sobre mujer mayor de 65 años, sobre persona en discapacidad y sobre quien se encuentre en estado de indefensión (art. 33 de la misma ley).

  12. CCPR/C/COL/CO/6, 4 de agosto de 2010

  13. Las recomendaciones se encuentran en negrita.

  14. CCPR/C/COL/CO/7, 17 de noviembre de 2016

  15. Las recomendaciones se encuentran en negrita.