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Comité de los Derechos del Niño y la Niña: Observaciones referidas a las mujeres y las niñas

1º Observaciones finales sobre el primer informe presentado por el Estado adaptadas en enero de 1994.1

  1. El Comité inició su examen del informe inicial de Colombia (CRC/C/8/Add.3) en sus sesiones 113ª, 114ª y 115ª (CRC/C/SR.113 a 115), celebradas los días 17 y 18 de enero de 1994. Habida cuenta de que durante el período de sesiones no se pudieron aclarar plenamente varias cuestiones importantes relativas a la Convención, el Comité decidió continuar el examen del informe inicial de Colombia en un período de sesiones futuro y aprobó las siguientes observaciones preliminares. A este respecto, el Comité solicita al Estado parte que proporcione respuestas escritas a las preguntas formuladas en la lista de cuestiones (CRC/C.5/WP.2) trasmitida oficialmente al Estado parte. Asimismo, el Comité pide al Estado parte que le facilite más información sobre determinados asuntos de interés señalados por el Comité, como se indica en los párrafos 10 a 16 infra. El Comité recomienda que la información solicitada sea presentada a más tardar el 28 de febrero de 1994.

E. Sugerencias preliminares

  1. El Comité sugiere que se adopten medidas para fortalecer el sistema educativo, especialmente en las zonas rurales. Debe mejorarse la calidad de la enseñanza y debe reducirse el elevado número de desertores escolares. Deben organizarse servicios de asesoramiento para los jóvenes con medida preventiva para reducir el elevado índice de embarazos de las jóvenes y poner coto al impresionante número de madres solteras. Deben iniciarse campañas educacionales para reducir la violencia en la sociedad y en la familia y para luchar contra los prejuicios por motivos de sexo.

2º Observaciones finales sobre el primer al informe presentado por el Estado adoptadas el 12 de enero de 1995.

  1. El Comité empezó a examinar el informe inicial de Colombia (CRC/C/8/Add.3) en sus sesiones 113ª a 115ª, celebradas el 17 y el 18 de enero de 1994. En vista de que durante el período de sesiones no se pudieron aclarar plenamente diversas cuestiones relativas a la aplicación de la Convención, el Comité decidió no dar por terminado el examen de ese informe y en vez de ello aprobó una serie de observaciones preliminares. Se pidió al Estado Parte que, antes del 28 de febrero de 1994, proporcionara por escrito información acerca de la lista de cuestiones preparadas por el Comité e información sobre determinadas esferas que preocupaban al Comité y que éste había indicado en sus observaciones preliminares, para que el Comité las examinara en un período de sesiones futuro. Tras examinar la información adicional proporcionada por el Gobierno de Colombia en sus sesiones 188ª y 189ª, celebradas el 12 de enero de 1995 (CRC/C/SR.188 y CRC/C/SR.189), el Comité dio por terminado el examen de su informe inicial de Colombia y aprobó las siguientes observaciones finales.

E. Sugerencias y recomendaciones

  1. Deberían efectuarse campañas educacionales para reducir la violencia en la sociedad y en la familia y luchar contra los prejuicios por motivos de sexo. Deben crearse servicios de asesoramiento para los jóvenes como medida preventiva destinada a reducir la elevada incidencia de embarazos de adolescentes y frenar el espectacular aumento del número de madres solteras. El Comité sugiere que el Gobierno se esfuerce más por obtener el apoyo de las organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones privadas a fin de sensibilizar más al público acerca de los derechos del niño y vigilar la aplicación de las leyes.

3º Observaciones finales sobre el segundo informe presentado por el Estado adoptadas el 6 de octubre de 2000.2

  1. En sus sesiones 655ª y 656ª (véase CRC/C/SR.655 y 656), celebradas el 27 de septiembre de 2000, el Comité de los Derechos del Niño examinó el segundo informe periódico de Colombia (CRC/C/70/Add.5) y aprobadas siguientes observaciones finales, en su 669ª sesión, celebrada el 6 de octubre de 2000.

D. Principales cuestiones de preocupación y recomendaciones del Comité3

  1. En relación con el artículo 2 y otros artículos conexos de la Convención, el Comité recomienda que el Estado Parte intensifique las disposiciones adoptadas para reducir las disparidades económicas, sociales, incluidas la disparidad entre zonas urbanas y rurales, para prevenir la discriminación de los grupos más desfavorecidos de niños, como las niñas, los niños discapacitados, los niños que pertenecen a grupos étnicos e indígenas, los niños que trabajan en las calles, los niños que viven en campamentos para poblaciones internamente desplazadas y los niños que viven en zonas rurales, y para garantizar su pleno goce de todos los derechos reconocidos en la Convención.

    (…)

  2. Preocupa también al Comité las elevadas tasas de mortalidad materna y de embarazo de las adolescentes, así como el insuficiente acceso de éstas a los servicios de asesoramiento y educación en materia de salud sexual y reproductiva. A este respecto es inquietante que la práctica del aborto sea la principal causa de mortalidad materna (véase la preocupación expresada por el comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer en el párrafo 393 de A/ 54 /38). También preocupa al comité las crecientes tasas de abuso de sustancias y de VIH/ SIDA entre niños y adolescentes y la constante discriminación a la que ellos están expuestos.

4º Observaciones finales sobre el tercer informe presentado por el Estado adoptadas el 2 de junio de 2006.4

  1. El Comité examinó el tercer informe periódico de Colombia (CRC/C/129/Add.6) en sus sesiones 1147ª y 1149ª (véanse los documentos CRC/C/SR.1147 y CRC/C/SR.1149), celebradas el 26 de mayo de 2006, y aprobó en su 1157ª sesión, celebrada el 2 de junio de 2006, las siguientes observaciones finales.

D. Principales temas objeto de preocupación y recomendaciones5

  1. Al Comité le preocupa que la edad mínima para contraer matrimonio sea excesivamente baja y también discriminatoria, ya que está establecida en 12 años para las niñas y en 14 años para los niños. Los matrimonios infantiles y los embarazos precoces tienen un efecto pernicioso grave sobre la salud, la educación y el desarrollo de la niña.

    (…)

  2. Al Comité le preocupa que, a pesar de iniciativas del Gobierno como el Programa Haz Paz, establecido para luchar contra la violencia en el seno de la familia, los informes sobre violencia en el entorno familiar contra niños, especialmente niñas, indiquen que existe una tendencia al alza en el fenómeno. Al Comité le preocupa especialmente la falta de estadísticas, y el número limitado de investigaciones y sanciones en relación con estos casos.

    (…)

  3. En particular, preocupa al Comité que las tasas de mortalidad materna, infantil y de niños menores de 5 años, pese a algunas mejoras, sigan siendo elevadas, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo, y sean indicio de grandes disparidades regionales. (…) y que la tasa de lactancia materna sea baja.

  4. El Comité recomienda al Estado Parte que adopte todas las medidas posibles para mejorar el acceso a los servicios sanitarios y redoble sus esfuerzos por reducir urgentemente la mortalidad materna, infantil y de mujeres lactantes en todo el país proporcionando atención e instalaciones médicas de calidad. De otra parte, que mejore la sensibilización sobre la lactancia materna y preste apoyo a programas que la alienten.

  5. El Comité toma nota de la sentencia de la Corte Constitucional de 10 de mayo de 2006 por la que se legaliza el aborto en determinados casos, lo que reducirá probablemente las tasas de mortalidad de niñas adolescentes por causas derivadas de la maternidad. No obstante, preocupan gravemente al Comité la elevada y creciente tasa de embarazos de niñas adolescentes y la falta de servicios de salud sexual y reproductiva adecuados y accesibles, también a causa de la asignación insuficiente de recursos a esos sectores. Además de poner en peligro su salud física y mental, la incidencia de los embarazos de niñas adolescentes limita también su desarrollo personal, afecta negativamente a su capacidad para mantenerse financieramente y crea una trampa de pobreza con efectos negativos globales para la sociedad. También preocupa al Comité la tasa de suicidios de adolescentes.

  6. Habida cuenta de la sentencia de la Corte Constitucional de 11 de mayo de 2006, por la que se permite el aborto en determinados casos, el Comité alienta al Estado Parte a que procure que en esos casos se disponga de instalaciones médicas seguras. Además, el Comité recomienda que, mediante una estrategia apropiada, se dediquen los recursos adecuados a medidas de sensibilización, asesoramiento y de otro tipo para evitar el suicidio de las adolescentes.

    (…)

  7. Preocupan al Comité el aumento de la transmisión vertical del VIH/SIDA de madre a hijo y los insuficientes recursos dedicados a la prevención del VIH/SIDA en la infancia.

  8. El Comité recomienda al Estado Parte que fortalezca sus medidas para impedir la transmisión del VIH/SIDA de madre a hijo, mediante, entre otras iniciativas, campañas de sensibilización de los adolescentes, en particular los pertenecientes a grupos vulnerables como los niños desplazados internamente y los niños de la calle. Así mismo, que proporcione tratamiento antirretroviral a todos los niños seropositivos, establezca servicios de asesoramiento respetuosos con la infancia y amplíe la disponibilidad de pruebas del VIH para las mujeres embarazadas.

  9. El Comité observa que la educación escolar gratuita durante nueve años está reconocida como derecho constitucional, aunque con la reserva de que se debe cobrar a aquellos que pueden pagarla. En la práctica, esa reserva ha creado un sistema educativo discriminatorio, caracterizado por el cobro de derechos de matrícula arbitrarios y la exclusión social. El Comité sigue encontrando varios motivos de profunda inquietud en relación con la realización del derecho a la educación, en particular, las estudiantes sufren discriminación y deben abandonar sus estudios como consecuencia de embarazos y matrimonios prematuros. Las escuelas siguen expulsándolas si se quedan embarazadas, pese a una sentencia de la Corte Constitucional por la que esa discriminación por motivos de sexo se considera una violación del derecho a la educación.

  10. El Comité insta al Estado Parte a que modifique la legislación nacional para reflejar claramente el derecho a la educación primaria gratuita y le recomienda que vigile eficazmente la discriminación contra las estudiantes que son expulsadas por quedarse embarazadas y sancione a las instituciones educativas que adopten esa medida.

    (…)

  11. El Comité recomienda al Estado Parte que preste más atención a la asistencia psicosocial que precisan los niños desplazados y proteja mejor a las niñas contra la violencia basada en el sexo.

5º Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto combinados de Colombia.[^323]

  1. El Comité examinó los informes periódicos cuarto y quinto combinados de Colombia (CRC/C/COL/4-5) en sus sesiones 1955ª y 1957ª (véase CRC/C/SR.1955 y 1957), celebradas los días 20 y 21 de enero de 2015, y aprobó en su 1983ª sesión, celebrada el 30 de enero de 2015, las observaciones finales que figuran a continuación.

    (…)

III. Principales motivos de preocupación y recomendaciones[^324]

(…)

B. Principios generales (arts. 2, 3, 6 y 12)

No discriminación
  1. El Comité toma nota de las medidas adoptadas para eliminar la discriminación contra los niños desfavorecidos o en situaciones de marginación, pero está profundamente preocupado por:

    1. La discriminación estructural contra los niños indígenas, afrocolombianos y desplazados, los niños con discapacidad, los niños que viven con el VIH/SIDA, los niños lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, y los niños que viven en zonas rurales, remotas y zonas urbanas marginadas, que afecta especialmente su derecho a la educación y la salud y los expone a la violencia;

    2. Las persistentes actitudes patriarcales y los estereotipos de género que discriminan a las niñas y las mujeres, que se traducen en un número muy alto de actos de violencia contra las niñas.

  2. El Comité recomienda al Estado parte que:

    1. Redoble sus esfuerzos para eliminar la discriminación contra los niños en situaciones de marginación proporcionando recursos suficientes a las políticas correspondientes y adoptando medidas de acción afirmativa para velar por que los niños disfruten de facto de sus derechos, en particular sus derechos a la educación y la salud;

    2. Tome las medidas necesarias para eliminar las actitudes patriarcales y los estereotipos de género que discriminan a las niñas y las mujeres, entre otras cosas reforzando la implementación de la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres y con programas educativos y de creación de conciencia;

    3. Supervise la representación de los niños en los medios de comunicación, en Internet y en las declaraciones de los políticos, y vele por que las autoridades, los funcionarios, los medios de comunicación, los docentes, los niños y el público en general tomen conciencia de los efectos negativos de los estereotipos en los derechos de los niños;

    4. Establezca mecanismos de denuncia para los niños en los establecimientos educativos, centros de salud, centros de internamiento de menores, instituciones de cuidado alternativo y en cualquier otro entorno;

    5. Incluya en su próximo informe periódico datos sobre las medidas adoptadas en ese sentido por el Estado parte para poner en práctica la Declaración y el Programa de Acción aprobados por la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, celebrada en Durban (Sudáfrica. en 2001, así como el documento final de la Conferencia de Examen de Durban de 2009.

    (…)

C. Violencia contra los niños (arts. 19, 24 (párr. 3), 28 (párr. 2), 34, 37 a. y 39)

Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia
  1. El Comité está profundamente preocupado por los altos niveles de violencia que enfrentan los niños, y en particular por:

    1. La información según la cual los niños siguen siendo víctimas de actos de tortura y otros tratos o penas crueles o degradantes cometidos por agentes del Estado y/o grupos armados no estatales.

    2. La gran frecuencia de la violencia y los abusos en el hogar, que afectan especialmente a las niñas, incluidas las que realizan trabajo doméstico. Al Comité le preocupa que, a causa de las deficiencias en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, los niños víctimas sean retirados de su familia, mientras que el agresor permanece en el hogar.

    3. La alta incidencia de los actos violentos contra niños perpetrados por pandillas en las calles.

    4. La información según la cual los castigos corporales siguen imponiéndose de forma generalizada y no están prohibidos explícitamente en todos los entornos, incluido el hogar.

    5. La amplia impunidad que prevalece por los actos de violencia contra niños.

    6. El bienestar físico y mental de los niños que reciben formación para participar en corridas de toros y espectáculos conexos, así como el bienestar mental y emocional de los espectadores infantiles que están expuestos a la violencia de las corridas de toros.

    7. La inexistencia de un sistema integral para reunir datos desglosados sobre la violencia contra los niños.

  2. A la luz de su observación general Nº 13 (2011), sobre el derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia, y recordando las recomendaciones del estudio de las Naciones Unidas de 2006 sobre la violencia contra los niños (A/61/299), el Comité insta al Estado parte a dar prioridad a la eliminación de todas las formas de violencia contra los niños, y en particular a:

    1. Evaluar los resultados del Plan Nacional para la Niñez y la Adolescencia en este sentido y, basándose en las enseñanzas extraídas, tomar las medidas adecuadas para prevenir y combatir todas las formas de violencia contra los niños, incluidas las niñas que realizan trabajo doméstico, y velar por que se trate efectivamente la dimensión de género de la violencia;

    2. Impedir los actos de tortura contra los niños, entre otras cosas investigando todos los casos y velando por que la policía y las fuerzas armadas reciban formación específica;

    3. Fortalecer el proceso administrativo de restablecimiento de derechos y su coordinación con el proceso judicial a fin de asegurar que los derechos de los niños víctimas de la violencia sean restablecidos con rapidez, que las víctimas de violencia doméstica pueden regresar a casa con seguridad y sin demora, y que los presuntos agresores sean alejados de la casa;

    4. Velar por que los docentes, trabajadores sociales, el personal de salud, la policía, los jueces, fiscales y abogados reciban una formación de calidad sobre su obligación de denunciar los casos de presunta violencia doméstica y maltrato que afecten a niños y de adoptar las medidas que procedan;

    5. Derogar el artículo 262 del Código Civil sobre la “facultad de corregir” y velar por que el castigo corporal esté prohibido explícitamente en todos los entornos, también para los niños indígenas, y crear conciencia sobre las formas positivas, no violentas y participativas de crianza de los hijos;

    6. Adoptar las medidas necesarias para prevenir la violencia perpetrada por las pandillas en las calles y proteger a los niños de ella;

    7. Asegurar la existencia de programas de prevención, protección, rehabilitación y reintegración de calidad que incluyan servicios de salud y apoyo psicosocial, líneas telefónicas de ayuda gratuitas y refugios adecuados para todas las víctimas;

    8. Facilitar el acceso a la justicia de los niños víctimas de la violencia, entre otras cosas creando mecanismos de denuncia adaptados a los niños y prestándoles apoyo jurídico, enjuiciar a los presuntos agresores, velar por que se les apliquen sanciones proporcionales e indemnizar adecuadamente a las víctimas;

    9. Con el objetivo de prohibir la participación de niños en las corridas de toros, así como en las corralejas, tomar las medidas legislativas y administrativas necesarias para proteger a todos los niños que reciben formación para participar en corridas de toros y espectáculos conexos, así como en su condición de espectadores, y crear conciencia sobre la violencia física y mental asociada con las corridas de toros y su impacto en los niños;

    10. Acelerar el establecimiento de un sistema de información integral que incluya datos desglosados sobre los casos de violencia contra los niños, no solo los datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y llevar a cabo una evaluación exhaustiva de la magnitud, las causas y la naturaleza de ese tipo de violencia;

    11. Cooperar con el Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños y con otras instituciones pertinentes de las Naciones Unidas.

Explotación y abusos sexuales
  1. El Comité toma nota de las iniciativas adoptadas para proteger a los niños de la violencia sexual, entre ellas la creación del Comité Consultivo Interinstitucional de Prevención y Atención Integral de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, pero le preocupa que esas medidas sean en gran parte insuficientes. El Comité está profundamente preocupado por:

    1. El gran número de casos de violencia sexual contra niños, especialmente niñas, en el contexto del conflicto armado, y el insuficiente registro de esos casos.

    2. El alto número de niñas menores de 14 años de edad que dan a luz en los hospitales como consecuencia de la violencia sexual, y el hecho de que esos casos no sean investigados con prontitud. Al mismo tiempo, el Comité observa que el Estado parte tomó recientemente medidas para garantizar la presentación obligatoria de denuncias por el personal médico. El Comité está especialmente preocupado por la información según la cual muchos de los presuntos agresores son familiares de las víctimas.

    3. Las enormes dificultades que enfrentan los niños víctimas para acceder efectivamente a la justicia y la preponderancia de la impunidad de los presuntos agresores en la mayoría de los casos.

    4. La falta de programas apropiados de salud y apoyo psicosocial y de mecanismos adecuados para proporcionar reparación a los niños víctimas de la violencia sexual, en particular cuando las violaciones son cometidas por las BACRIM o fuera del contexto del conflicto armado.

  2. El Comité insta al Estado parte a:

    1. Establecer un registro único de víctimas de la violencia sexual, en particular en el contexto del conflicto armado, con el fin de dotarse de una visión global de todas las víctimas y de sus procesos judiciales, administrativas, de atención médica, rehabilitación e indemnización. Además, debe realizarse un estudio de las formas, las causas y la naturaleza de ese tipo de violencia.

    2. Tomar medidas efectivas y coordinadas, adoptando un claro enfoque basado en los derechos, para prevenir los casos de violencia sexual y responder a ellos, así como para evitar la revictimización, entre otras cosas reforzando los mecanismos para asegurar la pronta detección de los niños en situación de riesgo, la denuncia confidencial, obligatoria y de forma adaptada a los niños y la suficiente protección de las víctimas.

    3. Hacer cumplir la decisión sobre la obligación del personal médico de denunciar los casos de violencia sexual contra los niños, investigar de forma proactiva todos los casos, incluidos los que afecten a niñas indígenas, enjuiciar a los presuntos agresores, aplicar las sanciones correspondientes y proteger y rehabilitar adecuadamente a las víctimas.

    4. Velar por que los niños víctimas de violencia sexual, también cuando los hechos tengan lugar fuera del contexto del conflicto armado, reciban una indemnización adecuada y por que los niños víctimas de la violencia perpetrada por las BACRIM sean indemnizados de conformidad con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

    5. Fortalecer el Comité Consultivo Interinstitucional de Prevención y Atención Integral de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, supervisar su funcionamiento y evaluar sus logros.

    6. Capacitar a los jueces, los abogados, los fiscales, la policía y otros grupos profesionales pertinentes sobre el trato que deben dar a los niños víctimas de la violencia sexual y sobre cómo afectan los estereotipos de género del poder judicial al derecho de las niñas a un juicio imparcial en los casos de violencia sexual, y supervisar rigurosamente los juicios en que las víctimas sean niñas.

    7. Llevar a cabo actividades de creación de conciencia para prevenir los abusos sexuales, informar al público en general de que constituyen un delito y luchar contra la estigmatización de las víctimas, sobre todo cuando los presuntos agresores son familiares.

Prácticas nocivas
  1. Preocupa al Comité que:

    1. El Código Civil aún contenga una excepción a la edad mínima para contraer matrimonio, fijada en 18 años, y permita a los niños y niñas de 14 años de edad contraer matrimonio con el consentimiento de sus padres o tutores. También le preocupa que el matrimonio infantil, en particular de las niñas, sea muy corriente en el Estado parte.

    2. A pesar del compromiso público de las autoridades de la comunidad emberá de poner fin a la práctica de la mutilación genital femenina, dicha comunidad siga realizándola.

  2. El Comité señala a la atención del Estado parte su observación general Nº 18 (2014), sobre las prácticas nocivas, que publicó conjuntamente con el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, e insta al Estado parte a:

    1. Velar por que se haga cumplir la edad mínima para contraer matrimonio, fijada en 18 años para las niñas y los niños, que en ningún caso puede casarse una persona menor de 16 años y que los motivos para obtener una excepción a partir de los 16 años de edad, solo con la autorización de un tribunal competente y con el consentimiento pleno, libre e informado del niño, estén estrictamente definidos por la ley. El Estado parte debe emprender programas integrales de creación de conciencia sobre las consecuencias negativas del matrimonio infantil para las niñas, dirigidos en particular a los padres, docentes y líderes comunitarios.

    2. Registrar e investigar todos los casos de mutilación genital femenina en la comunidad emberá y en otras comunidades, tipificarla expresamente como delito en la legislación y velar por que los presuntos autores sean enjuiciados y castigados adecuadamente. El Estado parte, en coordinación con las autoridades indígenas, también debe reforzar los programas de creación de conciencia, tanto para hombres como para mujeres, incluidos los funcionarios de todos los niveles y los líderes indígenas, sobre los efectos nocivos de esa práctica.

    (…)

Salud y servicios sanitarios
  1. Si bien celebra los avances en la reducción de la mortalidad en la niñez y la malnutrición infantil, preocupa al Comité que:

    1. Las leyes y políticas relativas a la salud no se apliquen debidamente;

    2. Las tasas de mortalidad materna y en la niñez sigan siendo muy elevadas, en particular entre las poblaciones rurales, indígenas y afrocolombianas;

    3. A menudo se nieguen servicios sanitarios a los niños que no están afiliados a un proveedor de salud;

    4. El 20% de la población infantil no haya recibido las vacunas programadas;

    5. Persista la malnutrición crónica, en particular entre los niños indígenas y afrocolombianos;

    6. Disminuyera la lactancia materna exclusiva en 2010 y persistan prácticas inadecuadas de alimentación de lactantes.

  2. El Comité señala a la atención del Estado parte su observación general Nº 15 (2013), sobre el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud, y le recomienda que:

    1. Vele por la disponibilidad y la accesibilidad de los servicios de salud para todos los niños, en particular los niños de las zonas rurales, los indígenas y los afrocolombianos, mediante la asignación de recursos suficientes y la supervisión de la ejecución de las políticas pertinentes;

    2. Establezca mecanismos independientes para investigar los casos de mortalidad materna y en la niñez, y prevea sanciones en la ley para los casos resultantes de la negligencia por parte del personal de salud;

    3. Redoble sus esfuerzos de reducción de la mortalidad materna y en la niñez, entre otras formas aplicando las orientaciones técnicas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre la aplicación de un enfoque basado en los derechos humanos a la ejecución de las políticas y programas destinados a reducir y eliminar la mortalidad y morbilidad prevenibles de los niños menores de 5 años (A/HRC/27/31);

    4. Vele por que todos los niños estén afiliados a un proveedor de salud;

    5. Fortalezca los recursos administrativos para los niños a los que se les ha vulnerado el derecho a la salud, facilite su acceso a la justicia prestándoles asistencia jurídica gratuita y vele por que las decisiones judiciales se adopten y se apliquen con celeridad;

    6. Redoble sus esfuerzos para que el programa de vacunación se aplique plenamente en todo el país, en particular en las zonas apartadas;

    7. Revise y actualice la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional de 2008 y adopte un plan de acción para ejecutarla;

    8. Fortalezca las iniciativas de promoción de la lactancia materna mediante campañas educativas y la formación de los profesionales, y ejecute adecuadamente el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y el programa hospitales “amigos de los niños”;

    9. Solicite asistencia financiera y técnica al respecto al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEf. y a la Organización Mundial de la Salud, entre otros organismos.

    (…)

Salud de los adolescentes
  1. El Comité toma nota de la creación de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en la Adolescencia. Sin embargo, aún le preocupa:

    1. La elevadísima tasa de embarazos en la adolescencia, en particular en las zonas rurales, de niñas incluso menores de 15 años de edad;

    2. La elevada tasa de mortalidad materna en adolescentes como resultado del acceso insuficiente a los servicios de salud sexual y reproductiva;

    3. Las denuncias de múltiples obstáculos a los servicios de aborto legal, o de denegación injustificada de acceso a los mismos, y el hecho de que las autoridades y el personal médico se nieguen a acatar las decisiones correspondientes de la Corte Constitucional.

  2. A la luz de su observación general Nº 4 (2003), sobre la salud de los adolescentes, el Comité recomienda al Estado parte que:

    1. Intensifique sus esfuerzos para reducir los embarazos en la adolescencia mediante la aprobación pronta y la aplicación adecuada de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en la Adolescencia.

    2. Mejore sus iniciativas de reducción de la mortalidad materna en adolescentes a través de servicios de salud sexual y reproductiva adecuados, como la anticoncepción de emergencia, la atención prenatal, durante el parto y posparto, y los servicios de aborto sin riesgo y posaborto, y un mecanismo de supervisión. Se alienta al Estado parte a que examine las orientaciones técnicas del ACNUDH sobre la aplicación de un enfoque basado en los derechos humanos a la ejecución de las políticas y los programas destinados a reducir la mortalidad y morbilidad prevenibles asociadas a la maternidad (A/HRC/21/22).

    3. Vele por que las niñas tengan acceso al aborto legal de conformidad con la sentencia C-355 de la Corte Constitucional, en particular elaborando un mecanismo de supervisión del cumplimiento de la sentencia, asegurándose de que las opiniones de la niña siempre se escuchen y respeten en las decisiones relativas al aborto, brindando acceso efectivo a la justicia a las niñas a las que se les niegan esos servicios y sancionando a los responsables.

    4. Cree conciencia entre las autoridades, el personal médico, los padres, maestros, líderes religiosos y el público sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos.

VIH/SIDA
  1. Si bien observa que se han adoptado medidas para eliminar la transmisión maternoinfantil del VIH/SIDA, aún preocupa al Comité que el número de esas transmisiones haya seguido aumentando durante el período de que se informa.

  2. A la luz de su observación general Nº 3 (2003), sobre el VIH/SIDA y los derechos del niño, el Comité recomienda al Estado parte que fortalezca sus iniciativas de ejecución del Plan Estratégico para la Eliminación de la transmisión maternoinfantil del VIH/SIDA, proporcione servicios y recursos adecuados y vele por la rendición de cuentas. Además, debe solicitar asistencia técnica a, entre otros organismos, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDa. y el UNICEF.

    (…)

F. Educación, esparcimiento y actividades culturales (arts. 28, 29, 30 y 31)

Educación, incluidas la formación y la orientación profesionales
  1. Si bien celebra los avances en la introducción de la enseñanza gratuita en todos los niveles en las escuelas públicas y la declaración de la delegación de que se invertirán más recursos en la educación, sigue preocupando al Comité:

    1. La baja calidad de la educación, las infraestructuras inadecuadas o deficientes y la falta de maestros cualificados, resultado de una asignación presupuestaria insuficiente;

    2. Las diferencias significativas en la cobertura de la educación, que afectan principalmente a los niños indígenas, afrocolombianos, desplazados o de zonas rurales, y en especial a las niñas;

    3. La aplicación ineficaz de la política de educación para niños indígenas y afrocolombianos, aunque se observa la aprobación, en octubre de 2014, del Decreto Nº 1953, destinado a reforzar la autonomía de los pueblos indígenas en el ámbito de la educación;

    4. La elevada tasa de abandono escolar, las medidas insuficientes para detectar y combatir sus causas fundamentales, y la información de que muchas de las niñas que abandonan la escuela lo hacen debido al embarazo;

    5. La exposición de los maestros a un número cada vez mayor de amenazas de muerte y violencias, los atentados contra escuelas, bases militares y unidades militares cerca de las escuelas, la ocupación de las escuelas y las visitas escolares a centros militares contrarias a las directivas;

    6. El hecho de que aún sea necesario fortalecer los programas de educación en materia de derechos humanos, igualdad de género, derecho internacional humanitario y paz.

  2. A la luz de su observación general Nº 1 (2001), sobre los propósitos de la educación, el Comité recomienda al Estado parte que:

    1. Intensifique sus esfuerzos para mejorar la calidad de la enseñanza y su disponibilidad y accesibilidad para los niños desplazados o de zonas rurales, en particular para las niñas, aumentando considerablemente el presupuesto de la educación, proporcionando formación de calidad a los docentes y construyendo escuelas lejos de las zonas de riesgo ambiental y de los objetivos militares;

    2. Vele por la aplicación efectiva de la política de educación para los niños indígenas y afrocolombianos a través de la asignación de suficientes recursos y la plena aplicación del Decreto Nº 1953, destinado a reforzar la autonomía de los pueblos indígenas en el ámbito de la educación;

    3. Fortalezca las medidas para combatir el abandono escolar, teniendo en cuenta los motivos particulares por los que los niños y las niñas abandonan los estudios;

    4. Redoble los esfuerzos para apoyar y asistir a las adolescentes embarazadas y a las madres adolescentes para que cursen sus estudios en las escuelas ordinarias;

    5. Vigile de cerca el cumplimiento de las directivas que prohíben las actividades cívico-militares, la ocupación de escuelas y otras acciones que ponen en riesgo a la comunidad educativa, y sancione a quienes no las cumplen;

    6. Realice una evaluación de las medidas adoptadas hasta el momento para proteger a los maestros y a los demás miembros del personal docente que han sido amenazados o agredidos y, basándose en las enseñanzas extraídas, establezca mecanismos y protocolos eficaces para su protección;

    7. Fortalezca las iniciativas de inclusión en los planes de estudios obligatorios de programas educativos integrales en materia de derechos humanos, igualdad de género, derecho internacional humanitario y paz.

    (…)

Seguimiento de las anteriores observaciones finales y recomendaciones del Comité acerca del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos

del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía

  1. El Comité toma nota de las medidas adoptadas por el Estado parte para aplicar el Protocolo Facultativo, tales como la penalización de la venta de niños. Sin embargo, le preocupa la escasa aplicación de las leyes, políticas y programas correspondientes. Le preocupa en particular:

    1. Que se esté extendiendo y aumentando la explotación sexual de niños, en particular en las industrias extractivas y en las bases militares y de la policía nacional;

    2. La gran impunidad de los delitos contemplados en el Protocolo Facultativo, como resultado de, entre otras causas, los problemas relativos a los procedimientos administrativos y judiciales, y la falta de protección adecuada para las víctimas y los testigos;

    3. El elevado número de organizaciones con sede en el Estado parte que están involucradas en redes internacionales de explotación sexual, en particular de utilización de niños en la pornografía;

    4. La extensión de la trata de niños, en especial de niñas, que afecta a los niños desplazados, afrocolombianos e indígenas, y el hecho de que las medidas adoptadas sean insuficientes para detectar y asistir a los niños víctimas;

    5. El hecho de que el Comité Nacional de Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes no esté funcionando adecuadamente.

  2. El Comité recomienda al Estado parte que:

    1. Haga cumplir las leyes detectando, investigando y enjuiciando activamente los delitos contemplados en el Protocolo Facultativo de una manera adaptada a los niños, sancionando a los responsables e indemnizando a las víctimas;

    2. Realice un estudio sobre la amplitud de los delitos contemplados en el Protocolo Facultativo que también aborde las causas fundamentales y los factores de riesgo, como la pobreza, el conflicto, la discriminación, la violencia — incluida la violencia de género — y la falta de cuidado parental;

    3. Teniendo en cuenta las experiencias extraídas, revise y actualice el Plan de Acción Nacional para la Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes y garantice que otros ámbitos contemplados en el Protocolo Facultativo, como la venta de niños, también se aborden en una política y una estrategia, que deberán incluir una perspectiva de género y un mecanismo de supervisión;

    4. Fortalezca el Comité Nacional de Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, entre otras medidas asignándole recursos suficientes para que cumpla debidamente su mandato;

    5. Fortalezca los programas de prevención, protección, recuperación y reintegración social, asigne recursos suficientes y vele por que los programas para los niños víctimas de la explotación sexual se ajusten a los documentos finales aprobados en los congresos mundiales contra la explotación sexual comercial de los niños;

    6. Mejore la formación impartida a los grupos profesionales que se ocupan de los niños víctimas de los delitos contemplados en el Protocolo Facultativo y las actividades de concienciación para el sector turístico, para los niños y padres, en particular entre los grupos de riesgo, y para el público;

    7. Fortalezca la cooperación internacional mediante arreglos multilaterales, regionales y bilaterales basados en los derechos humanos para la detección, investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables de los delitos contemplados en el Protocolo Facultativo, teniendo en cuenta el interés superior del niño.

Seguimiento de las anteriores observaciones finales y recomendaciones del Comité acerca del Protocolo Facultativo relativo a la participación de

niños en los conflictos armados

  1. Si bien observa que se han adoptado medidas para proteger a los niños frente al conflicto armado, el Comité sigue profundamente preocupado por las continuas violaciones de los derechos de los niños, que afectan principalmente a los niños de las zonas rurales, a los indígenas, a los afrocolombianos y a los niños de las zonas urbanas marginadas. Le preocupa en particular:

    1. El persistente reclutamiento de niños por los grupos armados no estatales;

    2. El intenso reclutamiento de niños por las BACRIM y las denuncias de que algunos de esos niños son procesados por el Estado parte como delincuentes en lugar se ser tratados como víctimas, y por ese motivo no se los incluye en el programa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para los niños desmovilizados;

    3. El hecho de que las niñas reclutadas sean sometidas a actos graves de violencia sexual de manera repetida y sistemática, como la violación y la esclavitud y explotación sexuales, el embarazo y el aborto forzados, y la transmisión de enfermedades de transmisión sexual;

    4. La instalación continua de artefactos explosivos por los grupos armados no estatales y las reducciones del presupuesto asignado a los programas de lucha contra las minas antipersonales, las municiones sin detonar y los demás artefactos explosivos improvisados;

    5. Las numerosas vulneraciones de los derechos de los niños cometidas presuntamente por la policía y las fuerzas armadas, en particular la violencia sexual, y la persistente utilización de niños para actividades de inteligencia;

    6. El bajísimo número de procesos por los delitos contemplados en el Protocolo Facultativo;

    7. La coordinación insuficiente entre las instituciones que se ocupan de los niños víctimas del reclutamiento.

  2. El Comité insta al Estado parte a que:

    1. Evalúe y ajuste la Política 3673 (2010) del CONPES, relativa a la prevención del reclutamiento de niños, y vele por que haya recursos suficientes y por el fortalecimiento de las instituciones y los mecanismos de coordinación, en particular en las regiones más afectadas por el conflicto armado.

    2. Fortalezca los sistemas de información y alerta temprana relacionados con los niños en el conflicto armado para que las respuestas institucionales sean adecuadas, inmediatas y eficientes. Dichas respuestas deben comprender la protección de los niños y sus familias en caso de amenaza o riesgo y la posibilidad de trasladarlos a lugares seguros.

    3. Haga todo lo posible por la desmovilización y reintegración efectiva de los niños reclutados o utilizados en las hostilidades.

    4. Fortalezca las medidas para que los niños víctimas de los delitos abarcados en el Protocolo Facultativo reciban asistencia inmediata, respetuosa de su cultura y adaptada a su edad para su recuperación física y psicológica y su reintegración en la sociedad. Las necesidades específicas de las niñas que hayan sido reclutadas o utilizadas en hostilidades deben tenerse en cuenta, en especial las de las que han sido víctimas de violencia sexual.

    5. Investigue de manera urgente y exhaustiva todos los delitos contemplados en el Protocolo Facultativo, incluidos los relativos a la violencia sexual y los cometidos presuntamente por la policía y las fuerzas armadas, enjuicie a los presuntos responsables, sancione debidamente a los que sean hallados culpables e indemnice a los niños víctimas y a sus familias. Se debe prestar asistencia letrada adecuada a las víctimas.

    6. Aplique las directivas institucionales vigentes destinadas a proteger los derechos de los niños, en particular las que ordenan la suspensión de todas las actividades cívico-militares en que participen niños, que deben abarcar las realizadas por la policía, y las que prohíben la utilización de niños para labores de inteligencia militar.

    7. Asigne suficientes recursos a los programas de información sobre el riesgo de las minas y de atención a las víctimas.

    8. Evalúe la formación impartida a la policía, a las fuerzas armadas y a otros grupos profesionales que se encargan de los niños víctimas de los delitos contemplados en el Protocolo Facultativo y, sobre la base de la experiencia extraída, mejore la calidad y la cantidad de la formación, y vele por que en ella se tengan en cuenta las cuestiones de género.

    9. Con arreglo a lo dispuesto por la Corte Constitucional (sentencia C-781 de 2012), considere como víctimas a todos los niños reclutados o utilizados por las BACRIM y a todos los niños reclutados o utilizados en hostilidades por otros grupos armados no estatales, y garantice que sean incluidos en el programa para niños desmovilizados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y que reciban una reparación adecuada.

    10. Siga velando por que las opiniones, intereses y necesidades de los niños se tengan en cuenta durante el proceso de paz en curso.


  1. CRC/C/15/Add.15, 7 de febrero de 1994

  2. CRC/C/15/Add.137, 16 de octubre de 2000

  3. Las recomendaciones se encuentran en negrita.

  4. CRC/C/COL/CO/3, 8 de junio de 2006

  5. Las recomendaciones se encuentran en negrita.