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Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Observaciones referidas a las mujeres y las niñas

1º Observaciones finales sobre el primer informe presentado por el Estado.

Colombia ratifica el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1969 y entra en vigencia en 1976. El primer informe de observaciones del comité al reporte inicial de Colombia, no fue posible conocerlo. Se buscó en algunas bibliotecas, en el Ministerio de Relaciones Exteriores y por Internet.

2º Observaciones finales sobre el segundo informe presentado por el Estado adaptadas en enero de 1990.1

  1. El Comité examinó el segundo informe periódico de Colombia sobre los derechos reconocidos en los artículos 10 a 12 del Pacto (E/1986/4/Add.25) en sus sesiones 12ª. 14ª. y 17ª., celebradas del 23 al 25 de enero de 1990 (E/C.12/1990/SR.12 a 14 y 17).

C. Artículo 10: Protección de la familia, las madres y los niños

(…)

  1. Los miembros del Comité tomaron nota de que la legislación colombiana reconocía el derecho de las madres adoptivas a una licencia de pos maternidad y preguntaron si los padres gozaban de este derecho y si éste se hacía extensivo a los padres adoptivos.2

  2. Además los miembros del Comité desearon saber qué porcentaje de mujeres embarazadas recibían asistencia con arreglo al programa de seguridad social, qué porcentaje de mujeres empleadas estaban afiliadas en la práctica al programa de seguridad social, qué porcentaje de mujeres estaban empleadas en el sector informal o trabajan para empleadores que no cumplían con las leyes de seguridad social, y en qué fase se encontraba el programa emprendido conjuntamente con la UNICEF para tratar el problema de los niños abandonados en las calles.

    No se observan recomendaciones con perspectiva de género. Sin embargo se transcriben algunos párrafos donde se menciona a las mujeres.

3º Observaciones finales sobre el segundo informe presentado por el Estado adaptadas en diciembre de 1991.3

  1. El Comité examinó el segundo informe periódico de Colombia sobre los derechos reconocidos en los artículos 13 a 15 del Pacto (E/1990/7/Add.4) en sus sesiones 17 a., 18 a. y 25 a., celebradas los días 5, 6, y 12 de diciembre de 1991 (E/C.12/1991/SR.17, 18 y 25).

    No se observan recomendaciones con perspectiva de género.

4º Observaciones finales sobre el tercer informe4 presentado por el Estado adaptadas en noviembre de 1995. 5

  1. El Comité examinó el tercer informe periódico de Colombia (E/1994/104/Add.2) en sus sesiones 32a, 33a y 35a celebradas los días 21 y 22 de noviembre de 1995 y aprobó las siguientes observaciones finales.

  2. El Comité celebra que el Gobierno está decido a responder al problema de violencia contra las mujeres mediante la revisión de las disposiciones correspondientes del derecho penal y el mejoramiento de sus programas a favor de la mujer. También toma nota con satisfacción de que Colombia se propone a ratificar en breve la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer6.

    (…)

  3. Preocupa al Comité el hecho de que el “Programa de madres comunitarias” destinado a ayudar a los niños no cuente con fondos suficientes, habida cuenta de la importante labor social que llevan a cabo esas mujeres sin la formación adecuada y en malas condiciones de trabajo.

    (…)

  4. El Comité expresa su preocupación por la difundida discriminación contra la mujer. Por ejemplo se señala que los sueldos de las mujeres son por término medio inferiores en un 30% al de los hombres.

    (…)

  5. El Comité está preocupado por la gran incidencia de trabajo infantil, en particular en ocupaciones arduas y poco sanas (tales como fabricación de ladrillos, minería. y por la acción insuficiente adoptada por el Gobierno para combatir esa práctica.

    (…)

  6. El Comité insta a que se preste mayor atención al problema de discriminación contra la mujer y que se apliquen programas para erradicar las desigualdades entre el hombre y la mujer. Al mismo tiempo esos programas deberían destinarse a aumentar la conciencia pública y el interés por los derechos económicos, sociales y culturales de la mujer.

    (…)

  7. El Comité considera también que el Gobierno de Colombia debería:

    1. mejorar la formación de las “madres comunitarias” y regularizar su situación laboral, tratándolas a todos los fines como trabajadoras empleadas por una tercera persona.

    (…)

5º Observaciones finales sobre el cuarto informe presentado por el Estado adaptadas el 29 de noviembre de 2001.7

  1. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinó el cuarto informe periódico de Colombia sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (E/C.12/4/Add.6) en sus sesiones 61ª y 62ª, celebradas el 14 de noviembre de 2001 (E/C.12/2001/SR.61 y 62), y aprobó las observaciones finales que figuran a continuación en sus sesiones 85ª y 86ª celebradas el 29 de noviembre de 2001 (E/C.12/2001/SR.85 y 86).

D. Principales motivos de preocupación8

(…)

  1. El Comité toma nota que desde 1997 no se han registrado avances, sino más bien retrocesos en materia de igualdad entre el hombre y la mujer lo que expone a ésta al riesgo de empobrecimiento general. El Comité lamenta que la Oficina para la Equidad de la Mujer, creada inicialmente como institución autónoma desde el punto de vista financiero y administrativo, haya perdido su autonomía y que su presupuesto haya sido reducido al pasar a formar parte de la Administración y convertirse en Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.

  2. Preocupa al Comité la reducción del presupuesto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para “las madres comunitarias”, que se ocupan casi de 1,3 millones de niños. Deplora que las madres comunitarias sigan sin ser reconocidas como trabajadoras ni perciban el salario mínimo legal.

  3. Preocupa al Comité profundamente el rápido crecimiento del desempleo y que afecte sobre todo a los jóvenes y a las mujeres.

  4. Preocupa al Comité que el salario mínimo nacional no baste para garantizar un nivel de vida adecuado al trabajador y su familia. Preocupa igualmente al Comité que siga habiendo una gran disparidad entre los salarios de los hombres y las mujeres, sobre todo en el sector comercial, y que, según la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, los sueldos de las mujeres sean en general inferiores en un 25% al de los hombres.

    (…)

  5. Preocupa profundamente al Comité las condiciones de vida de los desplazados internos, en particular de las mujeres, los niños, los campesinos y los miembros de las comunidades indígenas y afrocolombianas.

    (…)

  6. Preocupa fundamentalmente al Comité el hecho de que haya reducido los subsidios estatales para cuidados médicos, lo que hace más difícil el acceso a servicios de sanidad, sobre todo en las zonas rurales en las que la cobertura médica es ya mucho más limitada que la de las zonas urbanas. El Comité observa también que la reducción de los subsidios tiene consecuencias perjudiciales para las mujeres y las comunidades indígenas.

    (…)

  7. El Comité insta al Estado Parte a adoptar medidas legislativas y financieras necesarias para garantizar la independencia de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer a fin de tener la posibilidad de afrontar con eficacia los graves problemas que plantean al respecto en el país.

  8. El Comité reitera su recomendación de 1995 de que se debe regularizar la condición laboral de las madres comunitarias y considerarlas como trabajadoras para que tengan derecho a percibir salario mínimo.

  9. El Comité alienta al Estado Parte a adoptar medidas destinadas a reducir el elevado índice de desempleo, y, en particular, a resolver problemas de desempleo de los jóvenes y de las mujeres.

  10. El Comité exhorta al Estado Parte a procurar que el salario mínimo que dé a los trabajadores y a sus familias la posibilidad de tener un nivel de vida adecuado. Insta también al Estado Parte a adoptar la política de abonar un salario igual por trabajo de igual valor según lo dispuesto en el Pacto y de reducir la disparidad entre los hombres y las mujeres en materia de salario.

    (…)

  11. El Comité pide al Estado Parte que en su próximo informe periódico proporcione informaciones detalladas con datos comparativos sobre el problema de aborto en Colombia, y sobre las medidas legislativas, o de otro carácter, entre ellas la revisión de las disposiciones legislativas vigentes, que haya adoptado para proteger a las mujeres contra el riesgo de aborto clandestino en condiciones peligrosas. El Comité recomienda al Estado Parte que aplique con energía su Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.

6º Observaciones finales sobre el quinto informe presentado por el Estado adaptadas en mayo de 2010.9

  1. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinó el quinto informe periódico de Colombia sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (E/C.12/COL/5) en sus sesiones tercera, cuarta y quinta, celebradas los días 4 y 5 de mayo de 2010 (véase E/C.12/2010/SR.3, 4 y 5) y, en sus sesiones 23ª, 24ª y 25ª, celebradas los días 19 y 20 de mayo de 2010, aprobó las observaciones finales que figuran a continuación.

D. Principales motivos de preocupación y recomendaciones10

(…)

  1. Al Comité le preocupa que el nivel de desempleo en el Estado parte siga siendo elevado, en particular en las zonas rurales y entre los jóvenes, las mujeres, y los pueblos indígenas y los afrocolombianos. Preocupa también al Comité que la creación de oportunidades de empleo se presente fundamentalmente en el sector informal de la economía (el 60%), lo que tiene efectos negativos en el acceso a la seguridad social. Inquietan también al Comité las condiciones de trabajo prevalecientes en el sector informal de la economía y en las zonas rurales, donde los salarios siguen siendo muy bajos (arts. 6 y 7).

    El Comité recomienda al Estado parte que:

    1. Adopte medidas efectivas para reducir la elevada tasa de desempleo;

    2. Elabore políticas y estrategias específicas destinadas a la creación de oportunidades de empleo para los jóvenes y las mujeres y los pueblos indígenas y los afrocolombianos;

    3. Mantenga los programas de capacitación profesional destinados a los jóvenes, así como los incentivos ya aprobados.

    El Comité recomienda encarecidamente al Estado parte que promueva las oportunidades de empleo y al mismo tiempo mejore las condiciones de trabajo en el sector informal de la economía y en las zonas rurales, en particular con respecto a los bajos salarios y prestaciones sociales.

    (…)

  2. Al Comité le inquietan profundamente la persistencia de los numerosos casos de asesinato y violación de mujeres adultas y jóvenes en el Estado parte y los actos de violencia, en particular de carácter sexual, cometidos por las fuerzas armadas y los grupos armados ilegales, a pesar de las medidas legislativas y políticas adoptadas por el Estado parte para combatir la violencia contra la mujer. Al Comité le sigue preocupando la impunidad de que siguen gozando los autores de esos actos. Preocupa en particular al Comité la violencia contra la mujer en las situaciones de desplazamiento forzado ocasionado por el conflicto armado (art. 10).

    El Comité insta al Estado parte a que intensifique sus esfuerzos destinados a prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres, aplicando de manera efectiva sus programas de asistencia integral para la protección y rehabilitación de las víctimas, facilitando el acceso de las mujeres a la justicia, enjuiciando a los responsables e indemnizando a las víctimas. El Comité recomienda además al Estado parte que adopte medidas para prevenir la violencia contra las mujeres obligadas a desplazarse a causa del conflicto armado y para protegerlas, y que, con esta finalidad:

    1. Apruebe y ponga en marcha el programa “Protección de los derechos de las mujeres indígenas en situación de desplazamiento interno”;

    2. Ponga en marcha, por conducto de Acción Social, los 12 programas específicos de protección ordenados por la Corte Constitucional;

    3. Lleve a cabo investigaciones de los casos de violencia sexual de que han sido víctimas mujeres desplazadas en el país;

    4. Enjuicie y sancione a los responsables; y

    5. Proporcione indemnización a las víctimas.

    El Estado parte debe proporcionar además un apoyo adecuado a la Fiscalía General de la Nación y al grupo especial establecido en su Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, proporcionándoles recursos suficientes, y dar pleno efecto a la Ley Nº 1257 de 2008 sobre Normas de sensibilización, prevención y sanción de todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres.

    (…)

  3. Al Comité le preocupa el elevado número de niños que siguen siendo víctimas de explotación sexual, en particular los pertenecientes a grupos desfavorecidos y marginados, como los niños desplazados internos y los que viven en la pobreza, a pesar de las medidas ya adoptadas por el Estado parte, como la ley que tipifica como delito la explotación sexual, el turismo sexual con menores de edad y la pornografía infantil, sobre la que existen disposiciones específicas relativas a los proveedores de servicios de Internet, así como el Plan de Acción Nacional para la Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual (2006-2011) (art. 10).

    El Comité insta al Estado parte a que aplique de manera efectiva la legislación para combatir la trata de niños. También recomienda al Estado parte que fortalezca sus programas y campañas de información para prevenir la trata, con arreglo a la Estrategia Nacional Integral de Lucha contra la Trata de Personas 2007-2012, prestando especial atención a los niños de los grupos desfavorecidos y marginados; que siga proporcionando capacitación obligatoria a los jueces y funcionarios judiciales; y que enjuicie y condene a los responsables de delitos de trata de niños. En su próximo informe periódico el Estado parte debería proporcionar datos estadísticos anuales desglosados por sexo y país de origen de los niños que son víctimas de la explotación y la trata, así como de los casos investigados y de las decisiones adoptadas.

  4. Preocupa al Comité que se permita a los niños casarse a los 14 años con el consentimiento parental o de un tutor, a pesar de que la edad mínima para contraer matrimonio en el Estado parte sea de 18 años. También le preocupan las consecuencias negativas de casarse a los 14 años para el disfrute por los niños de sus derechos económicos, sociales y culturales, en especial, los derechos a la salud y el derecho a la educación (art. 10).

    El Comité alienta al Estado parte a que haga efectiva la legislación sobre la edad mínima de 18 años para contraer matrimonio, aplicable a niños y niñas, de conformidad con las normas internacionales. El Comité también pide al Estado parte que, en su próximo informe periódico, le proporcione información detallada sobre el alcance de ese fenómeno.

    (…)

  5. Al Comité le preocupa que la mortalidad materna e infantil siga siendo muy elevada y persistente en el Estado parte, en particular en las zonas rurales y entre los pueblos indígenas en Amazonas y Antioquia y los pueblos afrocolombianos en las costas del Pacífico y del Atlántico, debido a las dificultades para acceder a los servicios de atención de la salud (art. 12).

    El Comité recomienda al Estado parte que intensifique su política de salud pública, para garantizar a todos, en particular a los pueblos indígenas y afrocolombianos y a las personas que viven en zonas rurales, el acceso universal a los servicios de atención de la salud. El Comité también recomienda al Estado parte que adopte todas las medidas necesarias para garantizar que los servicios de salud sean accesibles a las personas que viven en la pobreza.

  6. El Comité está muy preocupado por la creciente tasa de embarazos en la adolescencia y la falta de servicios adecuados y accesibles de salud sexual y reproductiva, en particular en las zonas rurales y entre los desplazados internos (art. 12).

    El Comité recomienda al Estado parte que garantice la educación sexual y reproductiva en las escuelas. También recomienda al Estado parte que incremente los recursos asignados a los servicios de salud sexual y reproductiva, especialmente en las zonas rurales y entre los desplazados internos, y lleve a cabo una estrategia proactiva para prevenir los embarazos precoces.

7º Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de Colombia.11

  1. El Comité examinó el sexto informe periódico de Colombia (E/C.12/COL/6) en sus sesiones 52ª y 53ª (véase E/C.12/2017/SR.52 y 53), celebradas los días 19 y 20 de septiembre de 2017. En su 78ª sesión, celebrada el 6 de octubre de 2017, aprobó las observaciones finales que figuran a continuación.

(…)

C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones12

(…)

Igualdad entre hombres y mujeres

  1. Aun cuando el Comité toma nota de las medidas adoptadas para eliminar la discriminación basada en el género, le preocupa que persista la desigualdad entre hombres y mujeres, que afecta principalmente a las mujeres que viven en zonas rurales, las mujeres indígenas y afrocolombianas, así como a las mujeres víctimas del conflicto armado. Preocupa también al Comité que no se garantice la participación efectiva de las mujeres en la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (art. 3).

  2. El Comité recomienda al Estado parte que:

    1. Intensifique sus esfuerzos para eliminar la persistente desigualdad entre hombres y mujeres, incluso mediante la adopción de medidas especiales temporales, y promueva el pleno acceso de las mujeres a la educación, el empleo, servicios de salud, seguridad social y acceso a la tierra;

    2. Integre en las políticas públicas las medidas necesarias a fin de asegurar igual acceso y disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales a las mujeres que viven en zonas rurales, mujeres indígenas y afrocolombianas que, entre otras cosas, contenga n medidas para la eliminación de la discriminación múltiple e intersectorial que enfrentan las mujeres que viven en zonas rurales, las mujeres indígenas y afrocolombianas, asignando para su implementación los recursos suficientes;

    3. Asegure la participación efectiva de las mujeres en la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

  3. El Comité remite al Estado parte a su observación general núm. 16
  1. sobre la igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales.

Derecho al trabajo

  1. Preocupa al Comité que a pesar de los esfuerzos realizados el desempleo sigue afectando especialmente a los jóvenes, las mujeres y las personas con discapacidad, en particular a las personas que viven en zonas rurales (art. 6).

  2. El Comité recomienda al Estado parte que continúe sus esfuerzos p ara reducir la tasa de desempleo, entre otros, mediante la elaboración de una política pública integral de empleo que aborde las causas principales del desempleo, conlleve un plan de acción con metas específicas y dé prioridad a los grupos desproporcionadamente expuestos al desempleo. El Comité le recomienda que se siga dando prioridad a programas de formación y capacitación técnica y profesional de calidad adaptados a las necesidades del mercado del trabajo y teniendo en cuenta las necesidades de las personas y los grupos más desfavorecidos y marginados.

    (…)

Brechas de género en el ámbito laboral

  1. Preocupa al Comité la persistente brecha salarial y segregación ocupacional entre hombres y mujeres, lo cual afecta de manera desproporcionada a las mujeres indígenas y afrocolombianas (art. 7).

  2. El Comité recomienda al Estado parte que intensifique sus esfuerzos para eliminar la persistente brecha salarial por razón de sexo, combatiendo la segregación vertical y horizontal en el empleo y poniendo especial atención a la situación y características culturales de las mujeres indígenas y afrocolombianas. Asimismo, le recomienda que asegure la adecuada incorporación legal e implementación del principio de igual salario por trabajo de igual valor y adopte medidas para fomentar la igual distribución de responsabilidades entre hombres y mujeres dentro de la familia y la sociedad.

(…)

Protección de niños, niñas y adolescentes

  1. Aun cuando el Comité toma nota de la estrategia nacional para prevenir y erradicar las peores formas de trabajo infantil, le preocupa que esta no aborda de manera efectiva la explotación económica de niños, niñas y adolescentes en actividades de minería ilegal. Asimismo, preocupan al Comité los informes sobre las deficiencias en la implementación de las medidas adoptadas para prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por grupos armados ilegales y de las medidas de reintegración después de su desmovilización, particularmente en cuanto a garantizar su acceso a educación, salud y atención psicosocial (art. 10).

  2. El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas eficaces de prevención y lucha contra la explotación económica de los niños, niñas y adolescentes, velando por que las disposiciones jurídicas relativas al trabajo infantil se apliquen enérgicamente, fortaleciendo los mecanismos de inspección y brindando apoyo a las familias pobres para asegurar que los niños y niñas asistan a la escuela. Asimismo, le recomienda que intensifique sus esfuerzos para prevenir de manera efectiva que los niños, niñas y adolescentes sean utilizados por grupos armados ilegales y adopte las medidas pertinentes para garantizar que todos los niños desmovilizados sean considerados como víctimas, tengan acceso a educación, salud y atención psicosocial. Además, le insta a que todos los casos de explotación económica de niños y de reclutamiento por grupos armados ilegales sean investigados exhaustivamente y los responsables sean debidamente castigados.

Violencia contra la mujer

  1. Preocupa al Comité que a pesar de las medidas adoptadas persiste la violencia en contra de las mujeres en todos los ámbitos, así como el alto índice de impunidad. Preocupa también al Comité que muchas mujeres víctimas de violencia, incluyendo las víctimas de violencia doméstica, no tengan acceso a servicios de salud y centros de acogida de manera oportuna, ni a recursos efectivos que incluyan medios de reparación e indemnización (art. 10).

  2. El Comité recomienda al Estado parte que:

    1. Lleve a cabo investigaciones exhaustivas sobre los feminicidos y todos los casos de violencia contra la mujer, asegurando que los responsables sean debidamente castigados;

    2. Adopte todas las medidas efectivas necesarias para prevenir los casos de violencia contra la mujer;

    3. Redoble sus esfuerzos para proteger a todas las mujeres víctimas de violencia, incluyendo a las víctimas de violencia doméstica, garantizándoles el acceso a la justicia, por medio de recursos efectivos que incluyan medios de reparación e indemnización, y proporcionándoles un acceso adecuado y oportuno a centros de acogida para ofrecerles una protección física inmediata, asesoramiento jurídico y servicios médicos y psicológicos;

    4. Organice campañas de información a fin de aumentar la conciencia de la población e imparta capacitación a los agentes del orden y los jueces sobre la gravedad y el carácter delictivo de la violencia contra la mujer y la violencia doméstica.

    (…)

Derecho a la educación

  1. El Comité observa con satisfacción los esfuerzos realizados por el Estado parte para mejorar el acceso a la educación, en particular mediante el aumento de presupuesto. Sin embargo, el Comité está aún preocupado por:

    1. La persistente desigualdad en el acceso a la educación entre los ámbitos rural y urbano, que afecta principalmente a los niños indígenas, afrocolombianos y desplazados internos, incluyendo por motivos de seguridad debido a la existencia de minas antipersonales;

    2. La insuficiente extensión de la educación preescolar entre los niños y niñas pertenecientes a los grupos más desfavorecidos y marginados;

    3. Los altos índices de abandono escolar y repetición en la educación secundaria que afecta de manera significativa a niños indígenas y afrocolombianos, debido entre otras cosas a la falta de educación intercultural adecuada y de calidad;

    d.La información que da cuenta de que en algunas regiones las familias tienen que asumir gastos indirectos de educación, como útiles escolares y uniformes, los cuales son incompatibles con sus recursos económicos;

    1. La baja calidad de la educación, particularmente en las zonas rurales y remotas, debido entre otras cosas a la insuficiencia de maestros calificados, en parte por la falta de condiciones adecuadas de trabajo, así como a la ausencia de infraestructura adecuada;

    2. La falta de acceso adecuado a educación inclusiva por parte de niños, niñas y adolescentes con discapacidad (art. 13).

  2. El Comité recomienda al Estado parte que:

    1. Redoble sus esfuerzos para eliminar las disparidades en el acceso a la educación entre el ámbito urbano y rural y asegure el acceso adecuado a la educación de los niños, niñas y adolescentes, en particular los indígenas, afrocolombianos y desplazados internos;

    2. Intensifique sus esfuerzos para extender el acceso a la educación preescolar a todos los niños y niñas, especialmente a los pertenecientes a los grupos más desfavorecidos y marginados;

    3. Tome las medidas adecuadas para reducir los índices de deserción escolar y repetición en la educación secundaria, particularmente entre los niños indígenas y afrocolombianos, entre otros mediante el fortalecimiento de la implementación de la educación intercultural bilingüe;

    4. Intensifique su s esfuerzos para asegurar la aplicación efectiva de la gratuidad educativa y elimine las excepciones a la gratuidad que han sido establecidas en el Decreto núm. 4807 de 2011;

    5. Adopte todas las medidas necesarias para mejorar la calidad de la enseñanza mediante el aumento del número de maestros calificados, que cuenten con una remuneración y prestaciones adecuadas, y la mejora de la infraestructura y el material educativo;

    6. Intensifique sus esfuerzos para garantizar que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad tengan acceso a una educación inclusiva.

    (…)

Participación en actividades científicas

  1. El Comité lamenta que la participación de mujeres en el ámbito científico en el Estado parte aún sea bajo y la limitada información sobre las medidas concretas adoptadas para abordar esta cuestión (art. 15).

  2. El Comité recomienda al Estado parte que adopte las medidas necesarias para facilitar y garantizar el acceso y participación de las mujeres en el ámbito científico y le solicita que incluya en su próximo informe periódico información sobre los resultados obtenidos mediante su implementación.


  1. 15 de enero a 2 de febrero 1990; E/1990/23 - E/C.12/1990/3, par. 169-211

  2. La ley 755 de 2002 (ley María), modifico el art. 236 del Código Sustantivo del Trabajo, estableciendo la licencia de paternidad, así: cuando el padre es único cotizante al Sistema de Seguridad Social en Salud tiene derecho a 4 días hábiles de licencia remunerada de paternidad. Cuando ambos son cotizantes al sistema, tiene derecho a 8 días hábiles de licencia remunerada. Esto se hace extensivo en caso de hijos adoptivos o prematuros.

  3. 25 de noviembre a 13 de diciembre de 1991; E/1992/23 - E/C.12/1991/4, par. 294-322

  4. E/C.12/1995/12, 28 de diciembre de 1995

  5. Las recomendaciones se encuentran en negrita.

  6. Mediante la ley 248 de 1995, se aprueba la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en Belem Do Parà en 1994.

  7. E/C.12/1/Add.74, 6 de diciembre de 2001

  8. Las recomendaciones se encuentran en negrita.

  9. E/C.12/COL/CO/5, 7 de junio de 2010

  10. Las recomendaciones se encuentran en negrita.

  11. E/C.12/COL/CO/6, 19 de octubre de 2017

  12. Las recomendaciones se encuentran en negrita.