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Comité contra la Tortura: Observaciones referidas a las mujeres y las niñas

1º Observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Colombia.1

  1. El Comité contra la Tortura examinó el quinto informe periódico de Colombia (CAT/C/COL/5) en sus sesiones 1306.ª y 1309.ª (véase CAT/C/SR.1306 y 1309), celebradas los días 30 de abril y 1º de mayo de 2015, y aprobó en su 1323.ª sesión, celebrada el 12 de mayo de 2015, las siguientes observaciones finales.

    (…)

Principales motivos de preocupación y recomendaciones2

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Violencia de género

  1. Al tiempo que valora las medidas adoptadas para prevenir y castigar las diferentes formas de violencia contra la mujer, el Comité expresa su preocupación por el escaso número de condenas por delitos de violencia de género en comparación con el alto número de denuncias presentadas. Según los datos proporcionados por el Estado parte, frente a las 266.552 denuncias presentadas por delitos de violencia de género entre 2010 y 2013, sólo se habrían dictado 10.671 sentencias condenatorias (arts. 2 y 16).

El Comité insta al Estado parte a que intensifique sus esfuerzos para combatir todas las formas de violencia de género, velando por que se investiguen a fondo todas las denuncias, se enjuicie a los presuntos autores y, de ser condenados, se les impongan penas apropiadas. El Estado parte debe velar también por que las víctimas obtengan reparación integral del daño, incluida una indemnización justa y adecuada, y una rehabilitación lo más completa posible. También deberían ampliarse las campañas de concienciación pública sobre todas las formas de violencia contra la mujer.

Violencia sexual en el contexto del conflicto armado

  1. El Comité reconoce los esfuerzos realizados por el Estado parte para combatir la violencia sexual perpetrada por grupos armados —entre ellos las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)— y elementos de las fuerzas de seguridad en el contexto del conflicto armado. No obstante, y a pesar de todo ello, el Comité sigue preocupado por los altos niveles de violencia sexual que se registran en el país, especialmente contra mujeres y niñas, muchas de ellas en situación de desplazamiento interno. Al Comité le preocupan también los graves obstáculos que enfrentan las víctimas de violencia sexual en el acceso a la justicia, en particular en el caso de mujeres indígenas y afrocolombianas, y el estigma asociado a este tipo de violencia (arts. 2 y 16).

    El Estado parte debe intensificar los esfuerzos encaminados a asegurar el resarcimiento de las víctimas de violencia sexual, y adoptar medidas concretas para poner fin a la cultura del silencio y el estigma asociado a este tipo de violencia. A este respecto, el Comité señala a la atención del Estado parte el párrafo 33 de su observación general N.º 3 (2012).

    (…)

Condiciones de detención

  1. Si bien toma nota de los esfuerzos desplegados por el Estado parte para aumentar la capacidad y mejorar las condiciones de detención de los establecimientos penitenciarios, el Comité muestra su preocupación ante el agravamiento del problema del hacinamiento en las cárceles lo que ha llevado a la Corte Constitucional a reiterar el “estado de cosas inconstitucional” en el sistema penitenciario (Sentencia T-388/13, de 28 de junio de 2013). Preocupan al Comité las informaciones que señalan que los módulos de mujeres ubicados en centros penitenciarios masculinos no cuentan con la infraestructura y los servicios necesarios para el tratamiento de las reclusas. Por otro lado, el Comité expresa su preocupación ante la precariedad de los servicios de salud en las prisiones, cuyas carencias han sido reconocidas por la delegación del Estado parte (arts. 2, 11 y 16).

    El Estado parte debe velar por que las condiciones de detención se ajusten a las normas internacionales en la materia. En particular, el Estado parte debe:

    1. Garantizar sin demora la asignación de los recursos necesarios para la correcta atención médica y sanitaria de los reclusos;

    2. Adoptar urgentemente medidas eficaces para reducir los niveles de ocupación en los centros penitenciarios, principalmente mediante el recurso a medidas alternativas a la pena privativa de libertad, conforme a lo dispuesto en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de Libertad (Reglas de Tokio) y en las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok).


  1. CAT/C/COL/CO/5, 29 de mayo de 2015

  2. Las recomendaciones se encuentran en negrita.