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Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Observaciones referidas a las mujeres y las niñas

1º Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia.1 - 31 diciembre 2013

  1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión”, “la Comisión Interamericana” o “la CIDH”) ha monitoreado la situación de los derechos humanos en la República de Colombia (en adelante “Colombia”, “el Estado” o “el Estado colombiano”), en particular, la evolución del conflicto armado interno a lo largo de más de cinco décadas y su impacto en la protección, goce y ejercicio de los derechos humanos de todas las personas que habitan el territorio colombiano.

    (…)

Recomendaciones

  1. En virtud de lo señalado en la presente sección, la Comisión recomienda al Estado de Colombia que:

    (…)

  2. Adopte las medidas necesarias para contar con un registro de acceso público, actualizado, unificado y depurado sobre personas desaparecidas forzadamente en Colombia, con información desagregada por edad, género, etnia, pueblo, entre otros.

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  3. Requiere a las autoridades competentes a tomar en consideración los parámetros internacionales en materia de protección, especialmente, las consideraciones desarrolladas en el “Segundo Informe sobre la Situación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos”.

    (…)

Capítulo 4. Desplazamiento Forzado Interno

  1. A lo largo de los más de cincuenta años del conflicto armado interno en Colombia, la migración forzada de millones de personas ha sido una de las principales consecuencias y estrategias de lucha armada de las partes en conflicto. La continuidad y el recrudecimiento de la crisis humanitaria producto del desplazamiento forzado representa, a juicio de la CIDH, uno de los principales desafíos en materia de derechos humanos que enfrenta Colombia en la actualidad y en las décadas venideras. En sus observaciones al Proyecto de Informe, el Estado resaltó y la CIDH concuerda con dicha afirmación en el sentido de que la terminación del conflicto armado interno constituiría una contribución fundamental hacia la prevención del desplazamiento forzado.

  2. Durante la visita, la Comisión recibió testimonios de personas desplazadas e información de parte de organizaciones de la sociedad civil que evidenciaban la situación de extrema vulnerabilidad de los desplazados internos, a la vez que llamaban la atención sobre un incremento significativo en el número de eventos de desplazamientos masivos e intraurbanos en los últimos años y en particular durante el año 2012. La dimensión del desplazamiento interno en Colombia, su carácter prolongado y su impacto negativo para el goce efectivo de los derechos humanos de millones de personas constituyen una de las principales tragedias humanitarias no sólo en la región sino a nivel mundial.

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Recomendaciones

  1. En virtud de lo señalado en la presente sección, la Comisión recomienda al Estado de Colombia que:

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Capítulo 5. Derechos Económicos, Sociales Y Culturales

  1. La Carta de la OEA consagra importantes metas vinculantes para los Estados relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales. En la misma línea, la Declaración Americana reconoce una variedad de DESC, al igual que derechos civiles y políticos. Por su parte, la Convención Americana consagra estos derechos en su Preámbulo y en su artículo 26. El sistema interamericano igualmente cuenta con un instrumento especializado sobre los DESC, el Protocolo de San Salvador.

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Recomendaciones

  1. En virtud de lo señalado en la presente sección, la Comisión recomienda al Estado de Colombia que:

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Capítulo 6. Grupos Especialmente Afectados En El Contexto Del Conflicto Armado

  1. La CIDH ha establecido que el principio de no-discriminación es uno de los pilares de cualquier sistema democrático y que es una de las bases fundamentales del sistema de protección de derechos humanos instituido por la OEA. A pesar de ello, tal como se ha venido desarrollando a lo largo de este informe, la Comisión advierte que el conflicto armado interno colombiano provoca y contribuye a perpetuar ciertas afectaciones específicas a determinados grupos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y/o afectados por múltiples niveles de discriminación. La Comisión analizará de manera detallada el impacto diferenciado respecto de cada uno de estos grupos, tomando en cuenta el concepto de interseccionalidad.

    (…)

Recomendaciones

  1. En virtud de lo señalado en la presente sección, la Comisión recomienda al Estado de Colombia que:

    (…)

  2. Adopte programas encaminados a recopilar estadísticas desagregadas, distinguiendo entre hombres y mujeres, niños y niñas, respecto de su población afrodescendiente.

  3. Adopte, de manera urgente, medidas positivas con enfoque de género que den tratamiento a la múltiple discriminación que padecen las mujeres afrodescendientes y sus necesidades particulares.

    (…)

B. Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes

  1. El conflicto armado interno que ha sufrido Colombia durante las últimas décadas ha tenido un impacto profundo en la situación de los NNA en el país, quienes han sufrido múltiples violaciones de sus derechos humanos. La CIDH reitera que los NNA son un grupo especialmente protegido por el DIH y el derecho internacional de los derechos humanos y son parte del grupo más vulnerable dentro de un contexto de violencia. La Comisión ha dado seguimiento a la especial situación en la que se encuentran los NNA y, en el presente capítulo, abordará algunos de los principales desafíos que enfrentan dentro del conflicto armado interno.

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Recomendaciones

  1. En virtud de lo señalado en la presente sección, la Comisión recomienda al Estado de Colombia que:

  2. Adopte mecanismos para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en especial, frente a los riesgos específicos derivados del contexto del conflicto armado.

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  1. Garantice el trato igualitario de los NNA desmovilizados y adopte los mecanismos pertinentes para su completa reintegración a la vida civil, incluyendo medidas específicas para las niñas desmovilizadas.

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C. Impacto diferenciado del conflicto armado y proceso de desaparición de los pueblos indígenas en Colombia

  1. Colombia es un país de alta diversidad étnica y cultural. De acuerdo al último censo nacional, realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (en adelante, “DANE”) en el 2005, la población indígena en Colombia ascendía a 1’392.623 personas, pertenecientes a 87 pueblos diferentes1203, que representan el 3.4% del total nacional. Por su parte, las organizaciones indígenas del país, como la Organización Nacional Indígena de Colombia (en adelante, “ONIC”), dan cuenta de 102 pueblos indígenas distintos, distribuidos en la mayor parte del territorio nacional, principalmente en áreas rurales. Cada uno de los pueblos indígenas en Colombia se distingue por su propia cultura e historia, organización social y política, estructura económica y productiva, cosmovisión, espiritualidad y formas de relacionamiento con el medio ambiente. Según el Ministerio de Cultura, se hablan en Colombia 65 lenguas indígenas, agrupadas en 13 familias lingüísticas distintas y 8 lenguas aisladas.

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Recomendaciones

  1. Sobre la base de la información y análisis realizado por la Comisión a lo largo del capítulo sobre pueblos indígenas, y con el fin de contribuir a la protección y goce efectivo de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas en Colombia, la CIDH recomienda al Estado colombiano:

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Continuidad de homicidios, desapariciones, amenazas y señalamientos contra pueblos indígenas y el especial impacto en sus autoridades tradicionales, líderes y lideresas

  1. Proteger la vida e integridad de las personas indígenas colombianas, en cumplimiento de sus obligaciones bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos; en especial, adoptar medidas protectivas especiales y diferenciadas para proteger la vida e integridad personal de líderes, lideresas y autoridades tradicionales indígenas, amenazados en el marco del conflicto armado interno por las distintas partes involucradas.

(…)

  1. Abstenerse de realizar declaraciones o afirmaciones que estigmaticen a autoridades tradicionales, líderes, lideresas o, en general, a personas indígenas; o que sugieran que actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de realizar labores de promoción y defensa de los derechos humanos de sus pueblos y comunidades.

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Desplazamiento forzado y la continuidad del estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional en el Auto 004 de 2009

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  1. Implementar acciones decididas para el retorno de pueblos, comunidades y familias indígenas en situación de desplazamiento, a través de un proceso que asegure el respeto a las formas de participación y organización tradicionales; la seguridad y en especial, la protección de autoridades tradicionales, líderes y lideresas indígenas; y la tenencia jurídica y material del territorio de manera que se permita la restitución efectiva del uso y aprovechamiento tradicional del territorio y su manejo por parte de las autoridades indígenas.

Múltiple discriminación y violencia de la mujer indígena en Colombia agravada por el conflicto armado

  1. Reforzar los esfuerzos dirigidos a dar cumplimiento efectivo a las recomendaciones formuladas por la CIDH sobre mujeres indígenas en su informe sobre Las mujeres frente a la violencia y la discriminación derivadas del conflicto armado en Colombia de 2007.

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Impacto del conflicto armado en la salud y alimentación de los pueblos indígenas

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  1. Adoptar medidas específicas para reducir la mortalidad y morbilidad de niños y niñas indígenas, considerando en particular aquellos que se encuentran en situación de desplazamiento.

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D. Las mujeres en el marco del conflicto armado

  1. La Comisión ha reiterado de forma consistente su grave preocupación por el sufrimiento que viven las mujeres colombianas a causa de la violencia y discriminación agravada por el conflicto armado, y la importancia de considerar sus necesidades específicas en la respuesta pública al problema. La Comisión ha señalado, a su vez, que las mujeres y niñas colombianas afectadas por el conflicto armado no pueden gozar y ejercer de forma plena sus derechos consagrados en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales de protección a los Derechos Humanos.

    (…)

Recomendaciones

  1. En virtud de la información y las consideraciones plasmadas en el presente informe, la Comisión recomienda al Estado de Colombia:

    1. Adoptar una política estatal integral para abordar el impacto específico del conflicto armado en las mujeres en las áreas de justicia, salud y educación, entre otras. Estas políticas deben estar guiadas por la lógica de la protección de los derechos de las mujeres y propender a garantizar su autonomía.

    2. Implementar y fortalecer medidas para cumplir con el deber de actuar con debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y discriminación contra las mujeres, exacerbada por el conflicto armado, incluyendo esfuerzos concretos para cumplir con sus cuatro obligaciones: la prevención, la investigación, la sanción y la reparación de violaciones de los derechos humanos de las mujeres.

    3. Implementar medidas para erradicar patrones socioculturales discriminatorios en razón de sexo, raza, y etnia y tomar en cuenta estas diferencias y condiciones de vulnerabilidad en el desarrollo de políticas públicas para mitigar el pernicioso efecto del conflicto armado en las mujeres colombianas.

    4. Reconocer públicamente que las diferentes manifestaciones de violencia y discriminación basada en género guardan una estrecha relación con la crisis humanitaria y de derechos humanos atravesada por Colombia, son violaciones graves de derecho internacional y nacional y la necesidad de asignar recursos estatales adecuados para lograr su prevención, erradicación y sanción.

    5. Poner en práctica de manera adecuada la legislación nacional y las políticas públicas existentes destinadas a proteger a las mujeres contra actos de violencia y discriminación y sus consecuencias en materia civil, política, económica, social y de salud y asignar suficientes recursos para su aplicación efectiva a nivel nacional y local.

    6. Incorporar las voces y necesidades específicas de las mujeres afectadas por el conflicto armado así como las organizaciones que las representan, en el diseño de legislación y políticas públicas destinadas a mejorar el impacto de las consecuencias del conflicto armado sobre ellas.

    7. Implementar medidas y campañas de difusión destinadas al público en general sobre el deber de respetar los derechos de las mujeres, en materia civil, política, económica, social, cultura, sexual y reproductiva; los servicios y recursos disponibles para las mujeres que han experimentado la violación de sus derechos; y las consecuencias jurídicas para los perpetradores.

    8. Diseñar políticas públicas en el área de protección de la ciudadanía que incorporen las necesidades específicas de las mujeres.

    9. Crear y mejorar sistemas y registros de información estadística y cualitativa de incidentes de violencia y discriminación contra las mujeres.

    10. Promover que la información recogida por entidades estatales sobre incidentes de violencia y discriminación sea procesada con perspectiva de género.

    11. Diseñar e implementar una política con acciones positivas para reconocer y hacer efectivos los derechos de las mujeres en términos de la atención y acompañamiento integral y multidisciplinario en materia de salud, justicia, educación y económica de las mujeres desplazadas, que aborde adecuadamente sus necesidades a corto y largo plazo.

    12. Diseñar y adoptar políticas que tomen en cuenta las necesidades específicas de las mujeres indígenas y afrocolombianas dentro del conflicto armado en materia de salud, educación, justicia y asuntos económicos. Las políticas nacionales destinadas a avanzar los derechos de todas las mujeres deben contemplar las necesidades específicas de las mujeres afrocolombianas e indígenas y tener una visión integral de cómo tratar aspectos importantes como la salud, la educación, la justicia. Asimismo, las políticas nacionales orientadas a mejorar la situación de los pueblos indígenas y afrocolombianos deben incluir las necesidades específicas de las mujeres.

    13. Diseñar y adoptar políticas, con la participación de las mujeres indígenas y afrocolombianas, que consideren el respeto a su cultura con el objeto de aminorar los efectos del conflicto armado. En especial, desarrollar acciones tendientes a reducir los efectos negativos en materia de salud, educación, y justicia que provoca el conflicto armado.

    14. Adoptar medidas necesarias para prevenir, castigar y erradicar hechos de violación, abuso sexual y otras formas de violencia, tortura y trato inhumano por parte de todos los actores del conflicto armado.

    15. Asegurar que el marco jurídico y los programas de desmovilización sean compatibles con los principios y normas internacionales sobre los derechos de las victimas a la verdad, la justicia y a la reparación y por tanto aborden las necesidades específicas de las mujeres.

    16. Garantizar que las mujeres afectadas directamente por el conflicto y las consecuencias de éste sean incorporadas en las instancias de la toma de decisiones orientadas a la resolución de las causas y las consecuencias del conflicto.

E. Periodistas y comunicadores sociales

Recomendaciones

  1. En virtud de lo señalado en la presente sección, la Comisión recomienda al Estado de Colombia que:

    1. Siga adoptando mecanismos de prevención adecuados para evitar la violencia contra los y las comunicadoras, incluyendo la condena pública a todo acto de agresión, el entrenamiento y capacitación a los funcionarios públicos y en especial de las fuerzas policíacas o de seguridad y, si fuere necesario, la expedición de guías de conducta o directrices de respeto a dicho derecho.

    (…)

G. Personas Privadas de Libertad

Recomendaciones

  1. Con base en lo anterior, la Comisión Interamericana recomienda al Estado colombiano:
 (…)

 9. Asegurar, por medio del Instituto Nacional Penitenciario (INPEc. la
 implementación efectiva de lo dispuesto por la Corte Constitucional en su
 Sentencia T-062 de 2011 relativa a derechos fundamentales de personas LGBTI
 privadas de libertad. En particular, en lo relativo al proceso de reforma
 de las normas reglamentarias del INPEC en el sentido expresado en dicha
 sentencia. Además, mantener un diálogo constructivo con organizaciones y
 activistas especializados en materia de derechos humanos de personas LGBTI,
 con el objeto de avanzar en los procesos de respeto y garantías de los
 derechos fundamentales de estos grupos en las cárceles.

 (…)

H. El riesgo agravado de los defensores de derechos humanos

Recomendaciones

  1. En virtud de lo señalado en la presente sección, la Comisión recomienda al Estado de Colombia que:
 1. Intensifique sus esfuerzos por consolidar una cultura de respeto para
 quienes defienden los derechos humanos, tanto en los diversos niveles
 estatales como en la ciudadanía en general, mediante actividades de
 promoción y educativas dirigidas al reconocimiento público de la
 contribución que tienen los defensores y defensoras en la reivindicación de
 los derechos humanos a lo largo del conflicto armado y en la búsqueda por
 la paz y consolidación de la democracia en Colombia.

 2. Asegure que las autoridades del Estado o personas particulares no
 utilicen el poder punitivo del Estado y sus órganos de justicia con el fin
 de criminalizar a defensores y defensoras en retaliación a sus actividades
 de defensa de los derechos humanos. Asimismo, asegure que sus funcionarios
 se abstengan de hacer declaraciones que estigmaticen a las defensoras y
 defensores o que sugieran que las organizaciones de derechos humanos actúan
 de manera indebida o ilícita por el hecho de realizar sus labores de
 promoción y/o defensa de los derechos humanos.

 3. Continúe desarrollando políticas públicas integrales y efectivas para la
 protección de defensoras y defensores en situaciones de riesgo, con
 especial atención a aquellos grupos de defensoras y defensores que pueden
 encontrarse en especiales condiciones de vulnerabilidad. Como parte de esta
 política, la Comisión considera que, además de las medidas materiales de
 protección, el Estado debe investigar efectivamente las fuentes de riesgo a
 defensoras y defensores con la finalidad de desactivarlas.

 4. Garantice que en todos los procesos de adopción, implementación,
 monitoreo y levantamiento de medidas especiales de protección se garantice
 la participación efectiva de las y los defensoras y defensores
 beneficiarios de las medidas. En particular, la Comisión recomienda al
 Estado que asegure que el personal que participa en los esquemas de
 seguridad para defensoras y defensores sea designado con la participación y
 concertación de los beneficiarios de tal manera que les genere confianza.

 5. Desarrolle una política pública destinada a la lucha contra la impunidad
 de las violaciones a los derechos de defensores y defensoras, a través de
 investigaciones exhaustivas e independientes que permitan sancionar tanto a
 los autores materiales como intelectuales. La Comisión recomienda que como
 parte de esta política, el Estado establezca protocolos especializados de
 coordinación entre fiscalías y, en su caso, unificación de las
 investigaciones de los delitos cometidos contra las mismas organizaciones
 de la sociedad civil o contra los mismos defensoras y defensores para
 favorecer el avance de las investigaciones y la posible determinación de
 patrones de ataques, agresiones u hostigamientos.

 6. Asegure el acceso a defensoras y defensores y del público, en general, a
 la información pública que obre en poder del Estado. Asimismo, que el
 Estado asegure el acceso efectivo del derecho de habeas data para
 defensoras y defensores con la finalidad de que tengan acceso a sus datos
 en los archivos de inteligencia y puedan solicitar su corrección,
 actualización o, en su caso, depuración de los archivos de inteligencia.

  1. OEA/Ser.L/V/II.; Doc. 49/13