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Comité de Derechos Humanos: Observaciones referidas a las mujeres y las niñas

1º Observaciones finales sobre el primer informe presentado por el Estado adoptadas en marzo de 1990.1

  1. El Comité examinó el informe inicial de la Argentina (CCPR/C/45/Add.2) en sus sesiones 952a, 955a y 956a, celebradas el 19 y el 21 de marzo de 1990 (CCPR/C/SR.952, SR.955 y SR.956).

    Si bien, miembros del Comité expresaron su deseo de saber (218, 220, 227) si la Subsecretaría de la Mujer había recibido denuncias de discriminación, así como detalles acerca de medidas legislativas sobre aborto, y los motivos en que se fundó la reducción de penas por el asesinato o el abandono de niños perpetrados para ocultar la deshonra de la madre, no se relevan observaciones ni recomendaciones referidas a esos puntos ni ninguna otra relativa a las mujeres y las niñas.

2º Observaciones finales sobre el segundo informe presentado por el Estado adoptadas en marzo de 1995.2

  1. El Comité examinó el segundo informe periódico de la Argentina (CCPR/C/75/Add.1) en sus sesiones 1389ª a 1391ª, celebradas los días 21 y 22 de marzo de 1995 (CCPR/C/SR.1389 a 1391).

    No se relevan observaciones ni recomendaciones referidas a las mujeres y las niñas.

3º Observaciones finales sobre el tercer informe presentado por el Estado adoptadas en octubre de 2000.3

  1. En sus sesiones 1883ª y 1884ª (CCPR/C/SR.1883 y 1884), celebradas los días 25 y 26 de octubre de 2000, el Comité examinó el tercer informe periódico de la Argentina (CCPR/C/ARG/98/3)

C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones 4

  1. En cuanto a los derechos relacionados con la salud reproductiva, preocupa al Comité que la criminalización del aborto disuada a los médicos de aplicar este procedimiento sin mandato judicial incluso cuando la ley se lo permite, por ejemplo, cuando existe un claro riesgo para la salud de la madre o cuando el embarazo resulta de la violación de una mujer con discapacidad mental. El Comité expresa también su inquietud ante los aspectos discriminatorios de las leyes y políticas vigentes, que da como resultado un recurso desproporcionado de las mujeres pobres y de las que habitan en zonas rurales a un aborto ilegal y arriesgado.

    El Comité recomienda que el Estado Parte tome medidas para aplicar la Ley de salud reproductiva y procreación responsable de julio de 2000, gracias a la cual se dará asesoramiento sobre planificación familiar y se dispensarán contraceptivos con objeto de ofrecer a la mujer verdaderas alternativas. El Comité recomienda además que se reexaminen periódicamente las leyes y las políticas en materia de planificación familiar. Las mujeres deben poder recurrir a los métodos de planificación familiar y al procedimiento de esterilización y, en los casos en que se pueda practicar legalmente el aborto, se deben suprimir todos los obstáculos a su obtención. Se debe modificar la legislación nacional para autorizar el aborto en todos los casos de embarazo por violación.

  2. En relación con el artículo 3 del Pacto, el Comité considera inquietante que, pese a importantes progresos, las actitudes tradicionales hacia la mujer sigan ejerciendo una influencia negativa en su disfrute de los derechos enunciados en el Pacto. Preocupa en especial al Comité la alta incidencia de casos de violencia contra mujeres, incluidas la violación y la violencia doméstica. También preocupan el acoso sexual y otras manifestaciones de discriminación en los sectores público y privado. El Comité observa asimismo que no se lleva sistemáticamente información sobre estos asuntos, que las mujeres tienen un escaso conocimiento de sus derechos y de los recursos de que disponen y de que no se tramitan debidamente las denuncias.

    El Comité recomienda que se emprenda una campaña de información en gran escala para promover el conocimiento que las mujeres tienen de sus derechos y de los recursos de que disponen. El Comité insta a que se reúnan sistemáticamente y se archiven datos fiables sobre la incidencia de la violencia y la discriminación contra la mujer en todas sus formas y a que se faciliten estos datos en el próximo informe periódico.

4º Observaciones finales sobre el cuarto informe presentado por el Estado adoptadas el 23 de marzo de 2010.5

  1. El Comité examinó el cuarto informe periódico de Argentina (CCPR/C/ARG/4) en sus sesiones 2690.ª y 2691.ª (CCPR/C/SR.2690 y 2691), celebradas los días 10 y 11 de marzo de 2010, y aprobó, en su 2708.ª sesión (CCPR/C/SR.2708), celebrada el 23 de marzo de 2010, las siguientes observaciones finales.

C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones6

  1. Aunque el Comité toma nota con agrado de los avances en la tramitación de las causas de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, observa con preocupación la lentitud en el avance de las mismas en las diferentes etapas, incluida la casación, especialmente en algunas provincias como Mendoza (art. 2 del Pacto).

    El Estado parte debe continuar desplegando un esfuerzo riguroso en la tramitación de dichas causas, a fin de garantizar que las violaciones graves de derechos humanos, incluidas aquéllas con contenido sexual y las relativas a la apropiación de niños, no queden impunes.

(…)

  1. Aun cuando el Comité toma nota con satisfacción de la adopción de la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y radicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, observa con preocupación las deficiencias en su aplicación efectiva (arts. 3 y 26 del Pacto).

    El Estado parte debe adoptar con prontitud medidas para la reglamentación de la mencionada ley, y para que la misma goce de una dotación presupuestaria que permita su aplicación efectiva en todo el territorio del país. El Estado parte debe elaborar estadísticas con ámbito nacional en materia de violencia doméstica, con miras a tener datos fidedignos sobre la amplitud del problema y su evolución.

  2. Aunque el Comité celebra que el Estado parte haya creado la Oficina de Violencia Doméstica con el fin de prestar asistencia a víctimas de maltrato familiar, muestra su preocupación por el hecho de que su ámbito de competencia se limita a la ciudad de Buenos Aires y que los servicios que brinda sólo de manera muy limitada se extienden a la actuación jurídica gratuita ante los tribunales de justicia (arts. 3 y 26 del Pacto).

    El Estado parte debe tomar medidas para garantizar que servicios como los que proporciona la Oficina de Violencia Doméstica sean accesibles en cualquier parte del territorio nacional, y que la asistencia jurídica gratuita en los casos de violencia doméstica que llegan a los tribunales esté garantizada.

  3. El Comité expresa su preocupación por la legislación restrictiva del aborto contenida en el artículo 86 del Código Penal, así como por la inconsistente interpretación por parte de los tribunales de las causales de no punibilidad contenidas en dicho artículo (arts. 3 y 6 del Pacto)

    El Estado parte debe modificar su legislación de forma que la misma ayude efectivamente a las mujeres a evitar embarazos no deseados y que éstas no tengan que recurrir a abortos clandestinos que podrían poner en peligro sus vidas. El Estado debe igualmente adoptar medidas para la capacitación de jueces y personal de salud sobre el alcance del artículo 86 del Código Penal.

5º Observaciones finales sobre el quinto informe periódico de la Argentina7

  1. El Comité de Derechos Humanos examinó el quinto informe periódico presentado por la Argentina (CCPR/C/ARG/5) en sus sesiones 3281ª y 3283ª (CCPR/C/SR.3281 y 3283), celebradas los días 29 y 30 de junio de 2016. En su 3295ª sesión, celebrada el 11 de julio de 2016, el Comité aprobó las presentes observaciones finales.

(…)

C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones8

(…)

Igualdad de género

  1. Aunque toma nota de las medidas adoptadas por el Estado parte para promover la igualdad entre hombres y mujeres, el Comité lamenta la persistencia de las notables diferencias salariales entre hombres y mujeres, que se ubica en un promedio del 25%. El Comité lamenta asimismo que las mujeres siguen estando insuficientemente representadas en los sectores público y privado, en particular en los puestos decisorios (arts. 2, 3 y 26).

  2. El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos para eliminar los estereotipos de género sobre el papel y las responsabilidades de los hombres y de las mujeres en la familia y en la sociedad, y llevar adelante campañas de sensibilización al efecto. El Estado parte debe, asimismo, procurar el aumento de la participación de las mujeres en los sectores público y privado y, de ser necesario, aplicar medidas especiales de carácter temporal apropiadas para dar efecto a las disposiciones del Pacto. El Estado parte también debe adoptar medidas concretas para reducir la diferencia salarial que sigue existiendo entre las mujeres y los hombres y examinar todas las causas que hacen crecer esa disparidad.

Violencia de género y doméstica

  1. El Comité observa con preocupación los informes que señalan que la violencia contra la mujer continúa representando un serio problema en el Estado parte (véase CCPR/C/ARG/CO/4, párr. 11). El Comité lamenta la persistencia de las deficiencias en la aplicación de la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales (Ley núm. 26485), la insuficiencia de presupuesto asignado para su implementación y la falta de implementación del Plan Nacional que allí se establece. El Comité acoge con beneplácito la ley que crea un cuerpo de abogados para las víctimas de violencia de género (Ley núm. 27210 de 2015), pero lamenta que dicha ley todavía no haya sido implementada (arts. 2, 3, 6 y 7).

  2. El Estado debe incrementar sus esfuerzos para prevenir y combatir todas las formas de violencia de género, asegurando la aplicación efectiva del marco legislativo en vigor en todos los niveles del Estado y dotándolo de los recursos necesarios para su cumplimento. El Estado debe investigar de manera pronta y efectiva los hechos de violencia contra la mujer, enjuiciando e imponiendo sanciones apropiadas. El Estado debe además hacer efectivo el derecho de las víctimas a una reparación que incluya una compensación adecuada y justa, así como capacitación y sensibilización para enfrentar la violencia de género en todos los ámbitos.

Interrupción voluntaria del embarazo

  1. El Comité nota con satisfacción la decisión de la Corte Suprema de Justicia (caso F., A.L.s/ medida autosatisfactiva, 2012) en que se reafirmó el derecho de las mujeres a interrumpir sus embarazos en todas las circunstancias permitidas por la ley incluyendo cuando el embarazo es producto de una violación sexual, sin importar la capacidad intelectual o psicosocial de la mujer. Al Comité le preocupa, sin embargo, que la aplicación de dicha decisión no sea uniforme en el Estado parte y que el aborto legal resulte, muchas veces, inaccesible por la falta de instrumentación de protocolos médicos, del ejercicio individual de objeción de conciencia por parte de los trabajadores de la salud u otros obstáculos de facto. El Comité expresa su preocupación por el “caso de Belén”, en que se utilizó la figura del delito de homicidio agravado para una supuesta alegación de aborto ilegal y por que la acusada esté todavía privada de libertad. El Comité también está preocupado por los altos índices de abortos clandestinos que han resultado en mortalidad materna, así como por los embarazos de adolescentes (arts. 3,6, 7 y 17).

  2. El Estado parte debe revisar su legislación sobre el aborto, incluyendo su legislación criminal, en particular mediante la introducción de excepciones adicionales a la prohibición del aborto, inclusive cuando el embarazo es producto de una violación sexual, sin importar la capacidad intelectual o psicosocial de la mujer. El Estado parte debe, asimismo, asegurar que todas las mujeres y niñas puedan acceder a los servicios de salud reproductiva en todas las regiones del país y que las barreras legales, el ejercicio de objeción de conciencia por parte de los trabajadores de la salud y la falta de protocolos médicos no obliguen a las mujeres a recurrir al aborto clandestino que pone su vida y su salud en riesgo. El Estado debe revisar el “caso de Belén”, a la luz de los estándares internacionales en la materia, con miras a su inmediata liberación, y a la luz de este caso, considerar la descriminalización del aborto. Asimismo, el Estado parte debe multiplicar y asegurar la aplicación de programas de educación y sensibilización a nivel formal (escuelas y colegios públicos y privados) e informal (medios de comunicación y otros) sobre la importancia del uso de anticonceptivos y los derechos a la salud sexual y reproductiva.


  1. Suplemento No. 40 (A/45/40), 4 de octubre de 1990.

  2. CCPR/C/79/Add.46; A/50/40, paras.144-165, 5 de abril de 1995

  3. CCPR/CO/70/ARG, 3 de noviembre de 2000

  4. Las recomendaciones se encuentran en negrita.

  5. CCPR/C/ARG/CO/4, 31 de marzo de 2010

  6. Las recomendaciones se encuentran en negrita.

  7. CCPR/C/ARG/CO/5, 10 de agosto de 2016

  8. Las recomendaciones se encuentran en negrita.